Aunque no coincidimos con la conocida posición del autor, que rechaza la utilización de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico, conviene analizar su propuesta de no incluir en la misión de los militares argentinos el terrorismo.
Juan Gabriel Tokatlian
La Nación, 1 de
febrero de 2018
La tragedia del submarino ARA San Juan reabrió el
debate sobre la necesidad de una política de defensa. Día tras día se han
podido leer y escuchar análisis sobre el tema en los medios de comunicación. Un
hilo conductor mancomuna a quienes dentro y fuera del Ministerio de Defensa
demandan una nueva misión para las Fuerzas Armadas: la lucha contra el
terrorismo.
Siguiendo a Mark Shaw, quien analiza la militarización
de cuestiones de seguridad, se requieren tres dinámicas para lograr ese
propósito. Por un lado, el discurso de guerra que apunta a la identificación de
un enemigo, lo cual, a su turno, focaliza la atención de la opinión pública. A
pesar de que el país no ha vivido ningún atentado terrorista en 24 años y de
que no se ha podido probar que haya "células dormidas" ni "lobos
solitarios", el presidente Mauricio Macri y altos funcionarios insisten en
que la Argentina debe sumarse al combate contra el terrorismo.
Shaw destaca también la sincronización estratégica,
que consiste en la invocación de una situación de urgencia: hay que actuar con
celeridad, brindar fondos a los militares y no limitar su capacidad de acción.
La creación de un clima apocalíptico resulta esencial: en los últimos tiempos
algunos, dentro y fuera del Gobierno, subrayan que hay grupos mapuches "en
pie de guerra" contra el Estado y en sociedad con sus pares de Chile.
Mark Shaw alude a también a los intereses
institucionales de las fuerzas armadas. En el campo doméstico, el impulso a
favor de la guerra contra el terrorismo no es mayoritario entre los militares,
pero el compromiso activo de pocos puede ser crucial para militarizar la nueva
misión promovida por varios civiles. En el campo internacional, el incentivo de
"tener una función", "aprender nuevas técnicas" y
"recibir viáticos" genera un atractivo: de allí que se contemple el
envío de tropas a República Centroafricana y Mali; casos en los que los actores
armados recurren al terror como práctica habitual.
Quienes avanzan en la agenda antiterrorista la
entrelazan con la "guerra contra las drogas". Sin embargo, el vínculo
terrorismo-narcotráfico no es inexorable: los narcotraficantes carecen de una
ideología (son básicamente pragmáticos), prefieren el statu quo (para poder
hacer sus negocios) y su objetivo es ampliar las ganancias materiales, mientras
que los terroristas poseen una ideología o una creencia determinada, procuran
terminar con el estado de cosas existente y apuntan a la toma del poder. Como
afirma Benoît Gomis, el término narcoterrorismo sugiere una relación simbiótica
que la evidencia disponible raramente confirma; sobreestima el peso del dinero
del narcotráfico en el financiamiento de grupos terroristas y del recurso al
terror por parte de los empresarios de drogas, entre otros.
A su vez, los que abogan por aquella nueva misión para
las fuerzas armadas no se disuaden con los datos comprobados sobre el
terrorismo en América Latina. En el informe de 2016 elaborado por el
International Centre for Counter-Terrorism de La Haya sobre la estrategia
global de propaganda de EI, no se aludió a nuestra región. El Worldwide Threat
Assessment de 2017, realizado por la comunidad de inteligencia de Estados
Unidos, no identificó a América Latina como un área principal del terrorismo
transnacional. En el estudio de Kim Cragin sobre la amenaza global de EI la
única región que no se menciona es América Latina.
Los promilitares en el combate antiterrorista tampoco
se persuaden con lo que se sabe hoy sobre el terrorismo y la Argentina. Según
el más reciente informe del National Consortium for the Study of Terrorism and
Responses to Terrorism de la Universidad de Maryland -financiada desde 2005 por
el Departamento de Seguridad Nacional-, ningún grupo, asociación o persona del
país ha sido sancionado por financiar el terrorismo. El informe de 2017 sobre
la Argentina del Overseas Security Advisory Council del Bureau of Diplomatic
Security del Departamento de Estado menciona el atentado de 1994 como el último
en el país en la sección "amenaza terrorista".
En breve, dos reflexiones: primero, no hay base
empírica para legitimar el involucramiento de los militares en tareas
antiterroristas y, segundo, es persistente la propuesta política que propugna
que las fuerzas armadas combatan el terrorismo. Corolario: esa combinación sí
es letal tanto para la defensa nacional como para la seguridad pública.
Profesor plenario de la UTDT
