Martín Etchegoyen Lynch
Doctor en
Ciencias Penales, Ex Fiscal, Miembro de Usina de Justicia.
Clarín, 7-4-18
Cuando el Gobierno encargó a una Comisión de juristas
la redacción de un nuevo Código Penal, muchos celebramos la iniciativa. El
discurso oficial comprometía a que, en contraposición al que fallidamente
pretendió imponer el anterior gobierno, el nuevo plexo normativo estaría a la
altura de legislaciones que tomaron la lucha contra el delito como política de
Estado. Pero la influencia zaffaroniana en los juristas de la comisión no tardó
en mostrarse.
Tras el fracasado proyecto de Aníbal Fernández para
legalizar la tenencia de estupefacientes por via legislativa, no es novedad que
el poderoso lobby gubernamental de ese momento influyó en el fallo CSJN
“Arriola”, despenalizándose así por vía pretoriana y de manera imprecisa la
tenencia de drogas para consumo personal, puesto que si bien el fallo es único
y de naturaleza no obligatoria para otros casos, al emanar del más alto
tribunal nacional, hizo que los inferiores lo siguieran, por economía procesal
en los más diversos supuestos.
En la práctica, como toda política legalizadora que se
conozca en el mundo, este lamentable fallo logró no sólo un aumento
generalizado de mini-narcotraficantes disfrazados de consumidores sino la
multiplicación de consumidores de drogas -confiados en la errónea idea de
legalidad de sus actos-. En la esfera de la seguridad pública la influencia es
mayúscula, en altísimo porcentaje de delitos graves la droga es actor
principal.
En los Estados Unidos se calcula que cerca del 70% del delito
violento es provocado por el narcotráfico o narcouso, tanto por reyertas
territoriales como por adictos para costear su vicio. Similares cifras trajo
recientemente el Procurador de la Suprema Corte Bonaerense, doctor Julio Conte
Grand, en su exposición en Usina de Justicia.
En el ámbito sanitario, se produjo una recarga del
sistema engrosada por las intoxicaciones y los adictos tratados -o que no
tienen dónde tratarse-, a la par de dejar a los jueces de grado sin la
herramienta que le otorgaba la ley para derivar al adicto a un tratamiento.
Lejos de remediar esta situación, el nuevo Código
recoge el fallo “progre” y lo convierte en ley, en contradicción a su discurso
de lucha contra el narcotráfico: está probado que no existe oferta de producto
en el mundo que pueda terminarse cuando la demanda crece exponencialmente. Más
aún cuando la tenencia para consumo es legal. Y en lo que concierne a que sólo
lo sería en las llamadas “drogas blandas”, lo cierto es que ya no hay tales
porque incluso la marihuana -con sus manipulaciones genéticas- tiene un poder
dañino extremo, como lo han expresado expertos de la Universidad de Harvard
reiterada y recientemente, entre otros estudiosos en la materia.
Las legalizaciones han fracasado sistemáticamente en
Holanda, Portugal, Colorado (EE.UU) y recientemente ingresa en esta lista
Uruguay. En el país vecino, las cifras dadas a conocer en enero del corriente
año reiteran los resultados mencionados. Y donde el “innovador” sistema de
venta de estupefacientes por el Estado sólo provee al 3% de usuarios-adictos.
Un gran negocio para el narco y, tal como advirtiera el ex presidente
Sanguinetti, un experimento criminal. Una vez más, esperamos se atienda a estas
críticas constructivas y nos alejemos de una vez por todas de una doctrina
anacrónica y perniciosa, que nos condujo a este estado de inseguridad,
impunidad e injusticia.
