A QUIEN ADMINISTRE EL MAR ARGENTINO
Dr. César Lerena
Ya hemos dicho y
lo reiteramos, que el Mar Argentino y sus recursos no está debidamente
administrado. Un espacio que representa un 68% del total de la Argentina
bicontinental y marítima, que se encuentra en gran parte invadido y disputado
por el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB).
A propósito del
debate presidencial, votemos por quien tenga previsto administrar el mar
argentino, donde hasta la fecha, no se han llevado políticas activas destinadas
a recuperar los archipiélagos y los espacios marítimos ocupados en forma
prepotente por el RUGB y, los sucesivos gobiernos se han dedicado
inconducentemente a invitar a ese Reino a negociar la soberanía. En síntesis,
un gobierno que lleve adelante una estrategia para administrar el mar argentino
y de esta forma aislar al RUGB, dificultando y encareciendo su permanencia en
la región. Donde los recursos pesqueros se administren adecuadamente y, no sean
consecuentemente subexplotados, depredados y capturados ilegalmente; la
industria naval cuente con el suficiente apoyo del Estado para que todos los
buques mercantes, fluviales, petroleros, pesqueros, de investigación y control
naval se fabriquen en el país y, donde se promueva la ampliación, modernización
y tecnificación de los puertos con el aporte privado bajo administración del
Estado.
Sintetizando,
deberían llevarse adelante -entre otras- las siguientes medidas:
1. Captura de los
recursos: incrementar en un 45% la captura pesquera anual, llevándola de
794.000 toneladas desembarcadas en 2022 a 1.165.000 toneladas. Incrementando
por ello un 25% la mano de obra industrial ocupada.
Referencias: La
Argentina desembarcó en la última década un promedio de 800 mil toneladas/año.
El incremento de las capturas que se espera tendría origen en a) acuerdos
pesqueros con la flota extranjera que pesca en alta mar (más allá de las 200
millas) los recursos migratorios originarios de la ZEE, con la eliminación de
impuestos/tasas a los buques nacionales (no afecta el tesoro nacional) que le
permita a la Argentina quedarse inicialmente con al menos un 25% de esas
capturas; es decir, un estimado de unas 125 mil toneladas/año; b)
industrializar los actuales descartes aptos que, según la información del
INIDEP; AGN; FAO, etc. acceden al 30% de las capturas, es decir un estimado de
240 mil toneladas/año; c) control de los desembarques mediante mejora de la
metodología (escaneo) y los sistemas aplicados.
2. Acuicultura: en
cuatro años se debería llevar la producción anual actual de 2.592 toneladas
(2020) a las 400.000 toneladas y en diez años a las 800.000 toneladas/año. Se
duplicaría -al menos- en los primeros cuatro años la mano de obra relacionada
con la actividad productiva y su industrialización.
Referencias: El
total de la producción mundial de pesca y acuicultura (2020) alcanzó a los 178
millones de toneladas, de las cuales un 42,2% tiene origen en la
acuicultura/maricultura. Mientras que los desembarques de las capturas
pesqueras argentinas alcanzaron a las 796.813 toneladas (2022), solo 2.592
toneladas (0,33%) tienen origen en la Acuicultura. Una de las bajas
producciones de Latinoamérica, solo por encima de Puerto Rico, República
Dominicana y Uruguay.
3.
Industrialización de los descartes: Es posible utilizar las 240.000
toneladas/año descartadas (aptas para el consumo humano) por la flota nacional
e industrializarlas. No se descarta que, con motivo de los acuerdos con la
flota extranjera, la Argentina pueda hacerse de los descartes aptos para el
consumo humano de esos buques, lo que podría llevar a duplicar esa cifra. Esto
sería posible mediante un precio garantizado para esas capturas. Se estima en
un incremento del 35% la mano de obra a utilizar.
Referencias: Estas
proteínas se usarán con fines a) sociales, para proveer aminoácidos esenciales
a 3 millones de niños/adolescentes por día todo el año; b) ampliar el mercado
y, c) fabricar harina con 65% de proteína.
4. Consumo
Interno: El consumo interno debería incrementarse en el término de cuatro
años un 100%, llevándolo de 4,8 Kg per cápita/año a 10 Kg. Debería esperarse en
10 años triplicar el consumo nacional, optimizando la comercialización y
contribuyendo a mejorar la dieta nacional y la salud de los argentinos.
Referencias:
Mientras que la Argentina consume 4,8 kg per cápita/año de productos pesqueros
en Latinoamérica y el Caribe consumen el doble (9,8 kg), en África 11kg. y en
Europa 21,4 kg. Ello será posible por la mayor disponibilidad de la materia
prima, derivada de la utilización de los descartes aptos, de la producción
acuícola; una mejor administración de los recursos existentes; la promoción de
virtudes y mejora del costo por la eliminación del IVA.
5. Exportación: La
exportación argentina de productos pesqueros debería pasar de 490.000 toneladas
exportadas/2022 por valor de 1.823 millones de dólares a en cuatro años a
580.000 toneladas/año por valor de 3.000 millones de dólares, con un incremento
del valor agregado y, en diez años a 800.000 toneladas por valor de 5.000
millones de dólares.
Referencias: La
suma del procesamiento industrial de los productos de acuicultura; la captura
en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y en alta mar permitirán incrementar la
exportación de productos pesqueros directamente a las góndolas, mediante los
acuerdos comerciales necesarios.
6. Control del
territorio, de la pesca y los costos de investigación y administración: Los
costos de administración, control e investigación deberían ser prorrateados
entre las empresas concesionadas, reformando la actual distribución de los
derechos del Fondo Nacional de Pesca (FONAPE) y reduciendo los costos de
administración.
Referencias:
Siendo el recurso pesquero de dominio del Estado Nacional (más allá de las 12
millas), su concesión, supone el pago de un canon que solventará todas las
tareas de control, de investigación y de administración del recurso y, por lo
tanto, la distribución de los recursos del FONAPE debería modificarse de
acuerdo a ello.
7. Capturas
sostenibles: Se debería garantizar una explotación sostenible mediante la
determinación anual de la “captura máxima sostenible” y la aplicación de vedas,
cuando corresponda. Al mismo tiempo derogarse todas las Áreas Marinas
Protegidas y, el INIDEP transformará en vedas permanentes o transitorias en
aquellos casos necesarios.
Referencias: Esta
captura máxima sostenible se distribuirá entre todas las empresas interesadas
que efectúen inversiones y ocupen personal argentino, conforme lo indica la
Ley. Las vedas han resultado eficientes para preservar el medio marino y sus
recursos y ello se fortalecería mediante una mejora del control.
8. Administración:
Se debería optimizar y transparentar la administración del recurso y, reformar
la ley de pesca y, se generar una política activa sobre la explotación en alta
mar de los recursos migratorios originarios de la ZEE, Ambos proyectos son
parte del trabajo citado (César Lerena, “Cien acciones y sus efectos para
potenciar la pesca y recuperar el Atlántico Sur”, 2023).
9. Los Puertos: La
Ley 24.093 de “Actividades Portuarias” debería reformarse y, más allá de que el
Estado podría celebre acuerdos con Consorcios o aún con empresas privadas
nacionales para llevar adelante cuestiones relativas al balizamiento; dragado;
servicios de apoyo a las embarcaciones, de remolque, maniobra y practicaje;
servicios relativos a la carga y descarga o de amarre; construcción y
mantenimiento de astilleros; mercados concentradores o de distribución;
depósitos de almacenamiento o cámaras frigoríficas y, todo tipo de
explotaciones industriales, comerciales afines a la actividad; transportes de
apoyo logístico; servicios turísticos; locales de reparticiones públicas de
control de calidad, sanidad, aduana, etc.; cuando se trate de convenios
empresas jurídicas extranjeras o con participación extranjera; que pudieran dar
lugar al uso de los puertos a buques extranjeros; la prestación de servicios
logísticos a éstos; o si se tratara de puertos emplazados en áreas en disputa o
consideradas estratégicas, las autorizaciones deberían ser de facultad
exclusiva del Estado Nacional y/o el Congreso de la Nación, según la
legislación vigente. En todos los casos, la administración general; las
cuestiones de defensa y seguridad; el control aduanero y de migraciones; la policía
de la navegación y seguridad portuaria deberían estar en manos del Estado.
Referencias:
Mientras los isleños británicos implantados en Malvinas están licitando la
construcción de un puerto de 400 metros, para reemplazar al existente,
invirtiendo unos 200 millones de dólares (MercoPress, 10/7/2023), la Argentina
no ha hecho las inversiones necesarias en los 79 puertos en la vía
Paraná-Paraguay y en los 21 del Atlántico Suroccidental para asegurar la
soberanía política y el comercio nacional e internacional argentino. Véase por
el contrario a las legislaciones similares de las Repúblicas de Chile, Brasil y
Uruguay.
10. La Industria
Naval Nacional. Adecuar el Régimen de Promoción de la Industria Naval Argentina
para permitir que todos los buques destinados a la actividad mercante,
petrolera, pesquera y naval se construyan en el país, permitiendo su desarrollo
sustentable y la generación de decenas de miles de empleos calificados; la
transferencia tecnológica de diseño, construcción y reparación de buques y
artefactos navales.
Referencias: En
Argentina, “la apertura de la explotación hidrocarburífera offshore y el
desarrollo del gas natural en Vaca Muerta se presenta como una oportunidad
histórica única para la Industria Naval Nacional…El bloque offshore CAN-100 de
la Cuenca Argentina Norte tendría la capacidad de producir 200 mil barriles de
petróleo por día duplicando la producción actual de YPF, sin contar que
geólogos de YPF estiman que existen varios yacimientos más que podrían
multiplicar varias veces el volumen proyectado. Además, el gasoducto NK y la
construcción de otros dos más, con terminales portuarias en el sur de Buenos
Aires, posibilitarían en un plazo de diez años, la exportación de 25 millones
de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL), lo que requeriría 465 buques
metaneros para su transporte…En el año 2000 la industria naval brasileña
contaba con 1.910 trabajadores y en 2013 superaba los 82.000” (Fabian Lugarini,
ver sus artículos respecto a la política de Brasil en la web: cesarlerena.com.ar).
A ello hay que agregar la renovación de la flota pesquera nacional y el aumento
de ésta por el incremento de las capturas proyectado y los destinados a la
flota mercante y fluvial.
Como resultado de
la ejecución de los diez puntos anteriores y, otras (César Lerena, “Cien
acciones y sus efectos para potenciar la pesca y recuperar el Atlántico Sur”,
2023), la Argentina podría producir la más importante acción de toda su
historia sobre la administración del Atlántico Sur y la explotación de sus
recursos marinos.
