POR JUAN GABRIEL
TOKATLIAN
DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLITICA Y ESTUDIOS INTERNACIONALES DE UTDT
Existe un dato
inequívoco: Argentina ya no es una pieza marginal en la geopolítica mundial de
las drogas y se está convirtiendo en un espacio fértil para la
transnacionalización del narcotráfico.
El ataque a la casa
del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, es una muestra elocuente —y
quizás no la última—del auge del crimen organizado.
Ahora bien, tanto por
ciertas acciones que ha venido emprendiendo el Gobierno como en virtud de la
demanda de “mano dura” de parte de sectores de la oposición, el país parece
tentado a sumarse a una tendencia fallida en la región: militarizar la lucha
contras las drogas.
Por ello, caben dos
comentarios esenciales: uno histórico y otro comparado. El primero remite a
reconocer que hubo otro momento en el que el país pudo ser epicentro de un
desarrollo mafioso agresivo y no lo fue. En efecto, tal como lo detalla
Federico Varese en el libro Mafias on the Move: How Organized Crime Conquers
New Territories, en los años veinte y treinta Nueva York y Rosario fueron el
escenario de grupos criminales. En ambos casos, existió una “oferta” de
capacidad mafiosa derivada de la importante inmigración del sur de Italia desde
finales del siglo XIX. En los dos casos, hubo oportunidades de negocios: la
prohibición del alcohol en Nueva York, el boom de la construcción en Rosario.
Sin embargo, la
“demanda” de protección ofrecida por las mafias fue diferente en una y otra
ciudad. En esencia, Varese muestra que en Rosario—para la época—había más
presencia estatal y control institucional, lo cual evitaba que la provisión de
bienes y seguridad quedara bajo bandas criminales.
Hoy, la falta o el
deterioro del Estado en provincias como Salta, Córdoba, Misiones, Santa Fe y
Buenos Aires, así como el contubernio entre policías, pandillas y políticos
explican, en buena medida, el avance del narcotráfico.
Así, el Operativo
Escudo Norte que se desarrolla desde julio de 2011 es un paliativo mediocre que
no garantiza una mayor y mejor presencia del Estado ni contribuye a desmantelar
las redes criminales que gozan de la aquiescencia de actores poderosos a nivel
municipal.
El otro comentario de
naturaleza comparativa remite al rol activo de las fuerzas armadas en labores
antinarcóticos.
Dos últimos ejemplos
son patentes en cuanto al fracaso de aquel. En México, donde el papel de las
fuerzas armadas en la “guerra contra las drogas” fue ascendente, se causaron
durante el sexenio de Felipe Calderón unas 136.000 muertes en la cruzada contra
el narcotráfico según la ONG
italiana Libera que se especializa en asuntos ligados a la lucha antimafia,
mientras que sólo en 2012 se produjeron 105.582 secuestro según el Instituto
Nacional de Estadísticas y Geografía. A su turno, la Cuarta Flota ,
activada en 2008 por Estados Unidos y en el marco del Comando Sur, ha colocado
el combate al crimen organizado transnacional como una de sus principales tareas.
En esa dirección, se
implementó la llamada Operación Martillo en América Central. Según la página
oficial del Comando Sur en 2012 se logró, entre otros, decomisar US$ 7 millones
en efectivo.
Ese año y según
audiencias del Congreso en Washington, el banco HSBC lavó en Estados Unidos
miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico y del terrorismo y
debió pagar una multa de US$ 1.500 millones.
En síntesis, la
participación de las fuerzas armadas en tareas antinarco en Latinoamérica ha
sido ineficaz e inconducente.
Si Argentina quiere
imitar a la región se debe preparar para algo peor al dolor que causa el
aumento del fenómeno de las drogas: el horror de una lucha violenta, estéril e
insana.
Clarín, 17-10-13
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Compartimos el diagnóstico efectuado por el autor, no así el rechazo a la participación de las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narcotráfico. En el mismo artículo se señala el motivo del balance negativo de esta metodología en algunos países: la falta o el deterioro del Estado. Eso ocurre precisamente en países como Colombia y Méjico.