Un nuevo fallo
confirmó otro caso de desaparición de pruebas
En una decisión que
se conoció recién el viernes pasado en los Tribunales Federales de Córdoba, la Cámara Federal de
Casación Penal rechazó los recursos presentados por las defensas de los
acusados en la denominada “causa Di Campli”, en la que se investigó un
secuestro extorsivo calificado y otros delitos perpetrados en Córdoba en 2009,
y confirmó de ese modo la sentencia condenatoria del Tribunal Oral Federal 2
(TOF2).
La resolución de los
jueces de casación no hubiese despertado una atención distinta a la habitual si
no fuese que sumó un eslabón más a la cadena de objeciones que se han venido
suscitando por la desaparición, en ámbito de las fiscalías federales, de
material secuestrado en allanamientos: droga, armas y dinero. Esta vez el
señalamiento fue en hechos investigados por el fiscal federal Enrique
Senestrari.
Una pistola Bersa,
calibre 9 milímetros, y otra de la misma marca calibre 40 no pudieron ser
peritadas y dieron pie a las defensas para recurrir las condenas. Sólo un
informe del Registro Nacional de Armas (Renar) asistió a los jueces de casación
para confirmar los hechos ocurridos.
La irregularidad ya
había sido advertida por el TOF2 en su fallo en el caso Di Campli, del 18 de
abril de 2012. En su resolución, los jueces José María Pérez Villalobo, José
Fabián Asís y Carlos Julio Lascano dispusieron comunicar al procurador general
de la Nación y
a la Cámara Federal
de Apelaciones de Córdoba “la sustracción de dinero y armas correspondientes al
secuestro de los presentes actuados en el ámbito de la Fiscalía Federal
Nº 1 de esta ciudad, conforme pone en conocimiento el señor agente fiscal Dr.
Enrique José Senestrari, en atención a la reiteración de hechos de la misma
naturaleza”.
Este nuevo hecho de
desaparición de material secuestrado en Tribunales Federales se suma a otros 8
casos anteriores, que detonaron recientemente una áspera controversia entre
fiscales y jueces, cuando el TOF2 solicitó a la procuradora general de la Nación , Alejandra Gils
Carbó, la intervención de la
Procuraduría de Narco Criminalidad (Procunar).
Este organismo fue
creado por resolución de Gils Carbó el 19 de febrero pasado para prestar
asesoramiento técnico y asistencia a las fiscales federales que investigan
hechos de narcotráfico.
Los planteos por la
reiteración constante de faltantes de material secuestrado no comenzaron con
este pedido del TOF2, realizado el 23 de septiembre último.
El 30 de diciembre de
2010, el TOF2 ya había denunciado “un importante faltante de estupefaciente”
ante el entonces procurador Esteban Righi.
Dos meses después, el
juez federal Alejandro Sánchez Freytes intervino señalando con claridad en un
caso que quien omitió enviar la droga fue la autoridad policial.
El 4 de marzo de
2011, el TOF 2 le advirtió a Righi una circunstancia: el fiscal Gustavo Vidal
Lascano, que investiga esa desaparición de droga de su propio despacho,
anticipa su opinión al señalar que se sospecha de la Policía , del laboratorio y
de personal de la Justicia
federal.
Vidal Lascano cerró
la investigación exactamente un año después del primer aviso a Righi. El 30 de
diciembre de 2011 solicitó el archivo de esa causa en la que sumó ocho casos
similares.
Antes, tuvo enfrente
como testigo a un funcionario policial que hoy es clave para dilucidar los
métodos que se aplicaron para luchar contra la narcocriminalidad: el entonces
jefe de la Dirección
de Drogas Peligrosas de la
Policía provincial, el comisario mayor Rafael Gustavo Sosa,
actualmente detenido.
