El Foro Azul y Blanco adhiere a CitizenGO
CitizenGO es una
Fundación española, inscrita en el Registro de Fundaciones con el núm. 1582,
que nace de la experiencia y amistad de un grupo de personas que pretenden
servir a la sociedad, trabajando para que en todos los ámbitos de la misma se
respete la dignidad de la persona y los derechos a ella inherentes.
Desde una concepción
cristiana de la persona y del orden social, queremos ofrecer a todos los
ciudadanos un instrumento de participación, para mejorar nuestra sociedad.
El hombre es un ser
racional (inteligente), libre (responsable de sus actos), moral (capaz de
distinguir entre el bien y el mal) y creado a imagen y semejanza de Dios. Por
tanto, el hombre, la persona, es superior al resto del universo, un valor en sí
mismo.
Reconocemos y
demandamos el respeto a la dignidad de la persona y a los derechos que de ella
se derivan:
Derecho a la vida y a
su conservación, desde su concepción hasta el fin natural.
Derecho a la
integridad física, a la seguridad y a la salud.
Derecho al respeto de
la propia persona, su honor y reputación.
Derecho a pensar,
obrar o negarse a realizar determinadas acciones según el dictado de la recta
conciencia.
Derecho a la libertad
de educación.
Derecho a la libertad
de información.
Derecho de reunión y
de asociación.
Derecho a la libertad
religiosa y a honrar a Dios, de forma privada y pública, individual y
colectiva, según la recta conciencia.
Derecho al
matrimonio, definido como la unión entre un hombre y mujer, y a la educación de
los hijos.
Derecho al trabajo, a
la iniciativa económica y a la propiedad privada.
Derecho a la
participación activa en la vida pública y a la protección jurídica del Estado.
Cada uno de estos
derechos genera deberes correlativos.
El hombre es
naturalmente social y necesita de los demás para desarrollarse y así permitirle
alcanzar aquellos fines naturales que por sí mismo no puede lograr. La familia,
nacida del compromiso entre un hombre y una mujer, es la célula básica y
natural de la sociedad.
La autoridad es la
potestad moral para gestionar la cosa pública. Su objeto es garantizar la
libertad y los derechos fundamentales, tutelar el orden público y promover el
bien común, es decir, las condiciones que sirven para el desarrollo material y
espiritual de los hombres y mujeres que constituyen una comunidad. La autoridad
debe someterse a la ética en su actuación.
Creemos que las
autoridades políticas y los actores económicos deben potenciar una economía al
servicio de la persona. La sociedad y el Estado deben remover los obstáculos
para que todos puedan procurarse un medio de vida adecuado que permita un
mantenimiento digno de la familia, clave del tejido social.
Consideramos que la
empresa tiene una responsabilidad con la comunidad en la que lleva a cabo su
actividad. Debe fomentarse la incorporación en la estrategia de negocio de una
empresa del respeto por los valores éticos, por los empleados, por la comunidad
y el medioambiente.
La responsabilidad y
la solidaridad con las generaciones futuras nos obliga a proteger nuestro
entorno natural a escala local, regional y global y a adoptar los compromisos
necesarios para ello.
Los medios de
comunicación son esenciales para el desarrollo social y garantizan el derecho a
la información. Pedimos que sean libres, veraces y respetuosos con la dignidad
de la persona. Deben ser igualmente responsables porque ofrecen modelos de vida
y comportamiento a todos los ciudadanos.
Son principios
básicos del orden social la solidaridad y la subsidiariedad.
La solidaridad hace a
todos los hombres responsables de los demás, con preferencia por los más
desfavorecidos. Este principio deberá inspirar las relaciones entre los
diferentes grupos sociales, las comunidades autónomas en España y la comunidad
internacional.
La subsidiariedad
insta a que los diferentes niveles que forman la sociedad (familia, municipio,
colegios y agrupaciones profesionales, empresas, comunidad educativa,
universidades, sindicatos, asociaciones, etc.) desarrollen su iniciativa libre
y responsablemente. El Estado y la Administración no deben interferir la labor de la
sociedad si no es para apoyar su autonomía y suplirla sólo cuando sea
necesario.
Por ser el hombre un
ser racional y libre, que puede determinarse a sí mismo, consideramos un
derecho fundamental la participación en la construcción de la sociedad. El
derecho y el deber a la participación nace, entre otros, de los siguientes
principios: (i) la sociedad es anterior al Estado; (ii) la política es
esencialmente vocación de servicio; y (iii) los gobernantes tienen el deber de
escuchar a los gobernados. La participación no puede limitarse a depositar una
papeleta en una urna cada cierto tiempo.
Las asociaciones, los
medios de comunicación y los partidos políticos deben ser cauce para la
participación de los ciudadanos en la vida pública. CitizenGO asume como misión
promover la participación de los ciudadanos. Creemos que ésta es la mejor forma
de recuperar la dignidad de la cosa pública y de hacer que nuestra democracia
se convierta en algo participativo durante los años que transcurran entre cada
uno de los procesos electorales.
Es preciso abrir
nuevos cauces de participación de los ciudadanos, para que los políticos e
instituciones estén realmente al servicio de la sociedad. Para ello, Internet y
las nuevas tecnologías son instrumentos privilegiados.
OFRECEMOS a toda la
sociedad estos valores como una propuesta, nunca como una imposición, porque
los creemos buenos para mejorar nuestro sistema de convivencia.
En Madrid, a 1 de
septiembre de 2013
