Informador
Público, 17-10-13
¿Qué falla para que
las avionetas clandestinas continúen ingresando cocaína y marihuana a cualquier
hora? ¿Por qué fracasa el operativo Escudo Norte? Tecnología obsoleta,
legislación anacrónica y redireccionamiento de los recursos, en el centro del
debate.
Aquel acto en Campo
de Mayo, Buenos Aires, se celebraba en un clima de fiesta. Se trataba de la
presentación de los “nuevos” radares Rasit que iban a ser incorporados para
combatir los “narcovuelos”. En realidad, según cuentan personas que
participaron de aquella reunión, los aparatos para seguimiento terrestre ya
habían sido utilizados en 1982, en la Guerra de Malvinas. Luego, los dejaron
olvidados y recién muchos años después se acordaron de desempolvarlos. Con un
software especial, los reinventaron para combatir, también, la actividad aérea
ilegal. Pero, pronto, los rostros sonrientes de aquella mañana pasaron a preocuparse.
“Cuando presentaron
estos radares en Campo de Mayo, no detectaban un helicóptero que volaba a 500
metros. Fue un papelón e intentaron salvarlo diciendo que se trataba de una
falla de la persona que operaba el radar”, recuerda ahora un asistente a aquel
acto.
Corría 2011 y
faltaban pocos días para que se anunciara la puesta en marcha del operativo
Escudo Norte, diseñado para contrarrestar los narcovuelos en el norte del país.
A más de dos años de vigencia, sus resultados son pobres, ya que los aviones
continúan descargando cocaína y marihuana en territorio argentino.
Especialistas que
desde hace años investigan el narcotráfico en Argentina, de diferentes fuerzas
de seguridad, accedieron a dialogar con La Voz del Interior para poner en
discusión qué falla en la lucha contra las avionetas que ingresan cocaína y
marihuana al país.
Las fuentes
advirtieron que no estaban autorizadas de manera oficial por sus superiores
para revelar estas falencias de forma pública, por lo que sus nombres se
reservan en esta nota.
¿Escudo o colador?
Escudo Norte es el nombre con que el Gobierno nacional denominó el operativo
antinarcotráfico implementado desde el 20 de julio de 2011. En su lanzamiento,
se lo presentó como un plan “con el propósito de incrementar la vigilancia y el
control del espacio terrestre, fluvial y aéreo en las fronteras noreste y
noroeste del país”.
“El Gobierno diseñó
una estrategia inteligente que echa mano de todos los recursos de los que
dispone el Estado, así como modernos radares militares, helicópteros, aviones y
embarcaciones de los sistemas de Seguridad y Defensa puestos al servicio de la
lucha contra el crimen organizado”, describió la agencia oficial de noticias
Télam.
Y se agregó con
optimismo: “Para detectar a los ‘narcos’ (y a cualquier otro avión que ingrese
al país sin informar a las autoridades), se usan radares militares que permiten
la identificación, el seguimiento y la captura de los mismos, a un alcance de
30 kilómetros. No sólo sirven para detectar intrusiones terrestres o
desplazamientos sospechosos, sino también vuelos a baja altura de hasta 1.400
metros. La información de estos radares es transmitida a un centro de control
único, ubicado en la localidad bonaerense de Merlo, y es automáticamente
compartida por efectivos militares, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura
Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Este operativo incrementará la
capacidad de control aéreo, fluvial y terrestre de Jujuy, Salta, Tucumán,
Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, La Rioja, Catamarca,
Córdoba y Santa Fe”.
A dos días de su
implementación, la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, debió aclarar que
las Fuerzas Armadas, encargada de manipular los 20 radares Rasit (también el
operativo contempla la utilización de radar 3D), sólo se iban a ocupar “de
cuestiones logísticas admitidas en la Ley de Seguridad Interior y que no
significa su involucramiento en la lucha contra el narcotráfico, lo que
violaría la frontera legal que existe entre seguridad interior y defensa
nacional”.
A fines de 2011, se
anunció que se había tratado de un año récord en materia de secuestro de drogas
ilegales en el país: 6.306 kilos de cocaína y 92.615 kilos de marihuana. Sin
embargo, la mayor parte de lo secuestrado había sido en operativos terrestres o
en ríos. Por aire, nada. El denominado “tránsito aéreo irregular” (TAI) no se
había visto afectado por los nuevos controles.
Los resultados, en
2012, fueron más pobres. A través del Escudo Norte, se logró desarticular el
vuelo de tres avionetas ilegales que iban cargadas con droga. Sin embargo, al
ahondar sobre estos casos surge que los radares y el trabajo coordinado de las
fuerzas de seguridad lejos estuvieron de ser decisivos.
En septiembre, en
Clarke, una localidad ubicada 50 kilómetros al norte de Rosario, aterrizó una
avioneta Cessna 206, con matrícula de Paraguay (aunque le habían puesto encima
una de Argentina), cargada con 250 kilos de marihuana. El piloto fue detenido,
pero sus cómplices que aguardaban en camionetas lograron escapar.
En octubre, en El
Bobal, 140 kilómetros al norte de Santiago del Estero, una avioneta con
matrícula de Paraguay aterrizó de emergencia en un establecimiento agrícola,
donde los peones rurales atraparon al piloto y avisaron a la Policía. Llevaba 200
kilos de marihuana.
En tanto, en
diciembre, cerca de Rosario de la Frontera, Salta, aterrizó un monomotor Cessna
210, con matrícula de Bolivia, al parecer también por problemas técnicos. Dos
camionetas se llevaron la carga (se sospecha que era cocaína) y al piloto.
Cuando la Policía llegó al lugar, alertada por los pobladores, encontró sólo la
avioneta abandonada.
“Las incautaciones se
practicaron sin ninguna información del Sistema de Defensa respecto de la
existencia de estos TAI, ya que obedecieron a causas fortuitas y en algunos
casos a una gran colaboración de los pobladores y policías locales”, reconoció
un hombre que desde hace décadas ocupa un lugar central de lucha contra el
narcotráfico en una fuerza de seguridad del país.
Pese a este fracaso,
en enero último, el Ejecutivo nacional prorrogó su implementación hasta el 31
de diciembre próximo. “Ha dado resultados positivos, por lo que resulta
conveniente dar continuidad al mismo, con el propósito de combatir el delito y
la violencia asociados al narcotráfico en el norte del país”, se justificó.
Cielo sin fronteras.
El descontrol aéreo volvió a ser noticia a fines de junio, cuando se conocieron
dos informes muy severos para el país elaborados por las Naciones Unidas:
Argentina es el tercer “exportador” de cocaína del mundo (pese a que en el
territorio nacional no se produce coca), detrás de Colombia y Brasil, y el
primer consumidor de esta droga en América latina
El pasado martes 16,
una avioneta cargada con al menos 178 kilos de marihuana aterrizó a plena luz
del día, cerca de las 14, en un camino rural ubicado en Villa Colimba, 12
kilómetros al sur de Deán Funes. Se descubrió porque un peón rural, en tractor,
se topó con la aeronave y avisó a la Policía de Córdoba. Cuando los efectivos
llegaron, encontraron la droga abandonada, pero el piloto hacía rato que había
despegado.
¿Por dónde ingresa
tanta droga? Argentina limita con el tercer productor mundial de cocaína
(Bolivia) y con el primer generador sudamericano de marihuana (Paraguay).
El control fronterizo
del norte del país se debilitó años atrás cuando los efectivos de Gendarmería
fueron llamados a combatir la inseguridad en el conurbano bonaerense. “Esa
falla –agregó otra de las fuentes– fue percibida de inmediato por las
organizaciones de narcocriminalidad. Ellos, mediante el apoyo logístico y de
seguridad de sus actores locales, incrementaron sus operaciones en territorio
argentino”.
El informante fue
claro: “No hubo una implementación de tecnología de punta para contrarrestar el
narcotráfico en su variante más tenaz: los vuelos clandestinos”.
“Por ejemplo
–describió–, para la puesta en marcha de la operación Escudo Norte, se
readaptaron radares que cuentan con décadas de uso. El resultado evidente fue
el rotundo fracaso, porque las incautaciones siguieron siendo por investigación
criminal, análisis de perfiles de riesgo, interdicción y no por intervención de
los radares. Con el dinero que se invirtió mal en costear esos radares, se pudo
adquirir otro tipo de tecnología de avanzada y acorde a los tiempos que
corren”.
En dos años de
operaciones, los radares Rasit nunca detectaron un solo TAI; sólo hubo informes
por vuelos no declarados de fumigadores. Además, en caso de haberlo realizado,
se hubiera topado con un problema seguro: a diferencia de otros países
sudamericanos, Argentina no tiene ley de derribo que fije los diferentes pasos
que se deben seguir de manera obligatoria para intentar que un avión
clandestino cese de volar.
Inteligencia interior
Ante esto, son varios
los que sospechan que, detrás de Escudo Norte, más que combatir a los “narcos”
lo que se pretende es desarrollar una operación encubierta de inteligencia
interior.
“En realidad, lo que
se busca con la investigación de narcotráfico es realizar tarea de espionaje,
de inteligencia interna. Ahora no creo que lo digan, porque sería
contraproducente, pero no sería extraño que en un futuro anuncien que el
Ejército también va a investigar el narcotráfico, lo que le daría vía libre para
hacer espionaje”, interpretó uno de los especialistas consultados.
¿Cómo es esto? Según
esta fuente, involucrarse en las pesquisas de tráfico de drogas siempre es un
buen pretexto para desplegar, en realidad, tareas de inteligencia interna en el
país. “Pantalla” que suelen utilizar Gendarmería, Prefectura o cualquier
Policía provincial. Ahora, el temor es que las Fuerzas Armadas también se
plieguen a esta práctica.
“Por ejemplo –explicó
el especialista–, podrían poner a un grupo del Ejército en el Centro de
Córdoba. Ellos dicen que están siguiendo una supuesta operación ‘narco’ y nadie
les puede preguntar mucho más, porque no tienen la obligación de revelar el
contenido de la pesquisa. Y, en realidad, capaz que allí estén haciendo
seguimientos a políticos, a organizaciones sociales, a cualquier persona”.
Hoy, el ascenso a
jefe del Ejército del general César Milani representa –según piensan de manera
coincidente algunas de las fuentes consultadas– que desde la Nación pretenden
potenciar los servicios de inteligencia de esta fuerza (que no tiene
competencia legal para hacer este tipo de tareas en el interior del país) en
desmedro de la Secretaría de Inteligencia (ex Secretaría de Inteligencia del
Estado, Side), envuelta en una guerra intestina que nadie se aventura a
aseverar cómo va a terminar.
El repaso es
elocuente. Con tecnología obsoleta, anuncios rimbombantes contrastados con
escasa inversión, una legislación anacrónica, desconfianza entre las fuerzas de
seguridad que deben trabajar de manera coordinada, recursos redireccionados a
otros fines poco claros, los cielos continúan abiertos para que los “narcos”
hagan del país el paraíso que ellos quieren.
En junio, la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) divulgó dos informes sobre drogas muy
severos para Argentina.
Ubicó al país como el
tercer “exportador” de cocaína y como el primer consumidor de esta droga en
América latina.
(La Voz / Misiones
Cuatro)
