por Giuliano Iezzi
Informador Público, 12-6-17
Argentina, en 2019 será sede del Plenario Bienal
Internacional para combatir el Terrorismo Nuclear. Así rezan las noticias más
recientes, anunciando lo que a todas luces deja al descubierto el total
desconocimiento de nuestra realidad por parte de los organizadores y confirma
que se tratará de un acto de hipocresía insalvable de parte de nuestros
representantes.
El terrorismo Nuclear es una subcategoría incluida en
la más abarcativa categoría Terrorismo, puesto que el adjetivo Nuclear se
refiere al tipo de armas y no al concepto en sí. Para que se pueda luchar
contra el terrorismo la claridad de conceptos es imprescindible, y el accionar
debe ser coherente con ellos. Evitando subterfugios y parcialidades. En
definitiva, se debe ser justo y además debe darse por descontado que el país
anfitrión comparte la idea fundamental del evento, luchar para evitar el
terrorismo; y la Argentina, lamentablemente en su historia reciente, ha dado
pruebas de que difícilmente podría ser incluida dentro de los países con reales
intenciones compatibles para la lucha.
Desde las convenciones de Ginebra de 1949, en el
mundo, los crímenes del terrorismo contra civiles inocentes, se califican como
delitos de Lesa Humanidad. En nuestro país desde 1956 forman parte del derecho,
pero son ignoradas legal y moralmente.
Lo más patético de la parte de nuestra historia
atinente a esta cuestión, es que hasta el 25 de mayo de 1973 el terrorismo
había sido derrotado, sus cabecillas juzgados y encarcelados legalmente por La
Cámara Federal en lo Penal. Pero en esa fecha se liberó a los terroristas, se
disolvió la cámara y a partir de allí los jueces que no se exiliaron fueron
asesinados.
A la luz de hechos recientes y de público
conocimiento, así mismo, parece imposible que la Argentina en definitiva se
aplicará a una participación justa y coherente, porque eso determinaría ipso
facto una necesaria y justa readecuación a un estado de derecho. Produciéndose
como resultado justo y natural muchas “condenas” y muchas “libertades”;
incómodas todas.
Pero es tan alto el desprecio de todos los acuerdos
internacionales, a la cual ha sido inducida a lo largo de cuarenta años, la
opinión pública, que una periodista, la señora Liliana Franco, frente a las
cámaras de televisión puede declarar sin problema alguno que en el living de su
casa armaba bombas Molotov, presentando así su “patente de corso”. O recordar
que la señora Victoria Donda, quien es Diputada Nacional, expresa a los cuatro
vientos y sin temor alguno: “Mis padres mataban con orgullo”. Es menester
aclarar que la señora ocupa ese cargo con el único mérito de ser hija de
terroristas. O las reiteradas apologías del delito, perpetrados en
manifestaciones públicas, por la señora Bonafini, reivindicando el accionar de
sus hijos terroristas o haciendo un panegírico de la ETA, y las FARC o
brindando con Champagne por el ataque a los civiles de las Torres Gemelas. El
estatus de prócer de la Señora Bonafini que le ha sido concedido alegremente
por los medios afines al gobierno Kirchnerista, le permite a ella, hacer esto y
robar “sueños”, sin que sea debidamente juzgada. Comportando asimismo una
condenatoria de la sociedad toda.
Tampoco ayuda el fallo de, nada menos que la Corte
Suprema de Justicia, de 2005, que denegó la extradición a un etarra,
sosteniendo que “el terrorismo no es delito de lesa humanidad…”
La Sociedad de las Naciones en 1937 propone una
definición de terrorismo: “Cualquier acto criminal dirigido contra un estado y
encaminado a o calculado para crear un estado de terror en las mentes de las
personas o del público en general”
Otra definición plausible agrega: “Forma violenta de
lucha política, por la cual se persigue la destrucción del orden establecido o
la creación de un clima de terror e inseguridad para intimidar a los
adversarios”.
Desde los sesenta en adelante, y muchos tenemos
memoria de ello, los terroristas, en la Argentina, no vacilaron en matar y
torturar a quien fuera, civiles, militares, o clérigos, para sembrar el terror,
motivados por una única razón, destruir el orden y tomar el poder. Como en
realidad eran mercenarios cipayos entrenados en Cuba y Rusia, no sería
descabellado pensar que luego de hacerse del mando supremo y “fusilar a un
millón de personas”, como lo prometieron, en definitiva el gobierno pasase a
manos de la potencia más poderosa. Las leyes argentinas contemplaban la pena
por terrorismo y el concomitante delito de lesa humanidad, pero en definitiva,
los terrorista fueron profusamente indemnizados, y el solo título de
guerrillero, y por derecho divino sus descendientes, hace ya tiempo que es un
pase a la política, o a la farándula o al periodismo o a lo que se desee. Es un
comodín de uso discrecional. Por otra parte quienes lucharon y derrotaron al
terrorismo se pudren en las cárceles, algunos de ellos sin siquiera tener un
juicio iniciado, y la mayoría sin una sentencia.
¿Cómo puede ostentar esto la Argentina, y ser sede de
la bienal?
Si lo apuntado se pudiese endilgar al poder de turno y
nada más, no sería tan grave puesto que se trataría de una minoría fácil de
contrarrestar. Pero lamentablemente con solo percatarse de que esto sucede a lo
largo de más de cuatro décadas y que ha permeado todas las instituciones de la
cuasi república se dimensiona el tamaño del trascendental delito.
Según Umberto Eco, y resumiendo en pocas palabras “…
sin periodismo no habría terrorismo…” Y nuestro periodismo de las últimas décadas
ha elevado al nivel de héroes a terroristas y sus deudos e invisibilizado a las
víctimas. Tan solo esto es una culpa de tal gravedad que haría inviable la
participación de Argentina en ese evento, por lo menos por una cuestión de
dignidad.
Para cubrir al terrorismo se ha utilizado el concepto
de “terrorismo de estado” y se le ha dado a este una entidad tan superior que
el otro terrorismo se diluye en las nieblas del tiempo para los idiotas útiles.
Esta falacia no se sostiene frente al mínimo análisis puesto que los Delitos de
Lesa Humanidad no son prerrogativas del estado, sino que dependen del hecho en
sí. Así que de ninguna manera puede ser omitida la culpa de quienes asesinaron
o torturaron a civiles y no civiles, cuya única culpa era respetar las leyes
vigentes en gobiernos democráticos.
Según el juez Baltazar Garzón, representante de las
izquierdas españolas, y por eso vale traerlo a colación, define el concepto
como: “Un sistema político cuya regla de reconocimiento permite y/o impone la
aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas
manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento
jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al
gobierno en agente activo de la lucha por el poder”
Desde el gobierno de Alfonsín hasta la fecha esta
definición puede ser aplicada a casi todos los gobiernos que se sucedieron, y a
la Corte Suprema, puesto que se instrumentó desde el gobierno el “pensamiento
único” y quienes opinaban lo contrario fueron escarneados por el terrorismo
mediático, o perseguidos por instituciones del estado y hasta campañas
orquestadas por los cómicos ad hoc. Como ejemplo palmario, los Veteranos de
Malvinas, debido al intento de venganza y desmilitarización de Argentina,
puesto en acto, con todos los poderes del estado, por “el padre de la
democracia”, tardaron más de treinta años para ser reconocidos por el pueblo
argentino. Con los mismos métodos se han encarcelado, y siguen en la cárcel, a
personas sin juicio previo y de “eso no se habla”, cumpliendo a rajatablas el
famoso aforisma del general “al enemigo ni justicia”.
El nuevo gobierno asumido hace 18 meses no escapa
tampoco a esta definición desde el momento que una ley obliga a contabilizar en
30.000 los desaparecidos aunque nadie pueda dar una lista superior a 8.000.
Asesinando la verdad y la justicia se está asesinando el futuro y en silencio
sin disparos, en nuestra Argentina empobrecida, mueren miles de niños
inocentes, porque el país es incapaz de cubrirle las mínimas necesidades
sanitarias y de alimentos.
No hay manera de luchar contra el terrorismo si se
camufla la ley de manera que los terroristas, aun los confesos, salgan libres.
Y los acuerdos internacionales sobre concepto y castigo de los delitos de lesa
humanidad, sean ignorados por mezquinos y criminales apetitos políticos, como
es el caso de nuestro país, nos condenará frente a un mundo arto del terrorismo
y definitivamente la no adecuación de nuestro país al derecho internacional
pone en duda la realidad de los derechos humanos en Argentina y la esencia
misma del concepto de justicia y humanidad.
