La ciudadanía no puede ser una espectadora pasiva de
un espectáculo que ella termina pagando, pero que nadie sabe a ciencia cierta
quién financia
La Nación, editorial, 24 DE JUNIO DE 2017
En diciembre pasado, alertábamos desde esta columna
sobre la gravedad de llegar a los comicios de 2017 sin haber intensificado los
controles ni eliminado las fallas que atentan contra la imprescindible
transparencia en el financiamiento de las campañas políticas. A pesar de los
compromisos asumidos por el Gobierno y los legisladores, prácticamente inmersos
en un nuevo escenario electoral, no se han concretado aún las prometidas
modificaciones a las normas y procedimientos en este tema, fundamental para una
república sana.
El Poder Ejecutivo ha anunciado que enviará al
Congreso un proyecto de ley con el propósito de sincerar la relación entre
dinero y política, y contribuir a la transparencia y al control del origen de
los fondos. De aprobarse la iniciativa, regirá recién para las elecciones
presidenciales de 2019 en función de los tiempos legislativos, ya que de
ninguna manera resultaría conveniente abordar una cuestión tan delicada
mediante decretos de necesidad y urgencia que peligroso favor harían a la democracia
y a los fines que se persiguen.
La iniciativa del Poder Ejecutivo incluye la
bancarización de los aportes a los partidos para facilitar la trazabilidad del
dinero, dejando en claro el origen de los fondos. Es una medida positiva que
aspira a terminar con la práctica de sumas en efectivo que permite ocultar la
identidad de los verdaderos aportantes.
En la misma línea, y con el objetivo de sincerar el
financiamiento, el proyecto autorizará los aportes de empresas, que en la
actualidad están prohibidos. La prohibición legal sólo ha servido para ocultar
esos aportes, que siguen existiendo y se canalizan a través de personas físicas
que operan como intermediarios o bien se presentan como donaciones para la
actividad institucional permanente de los partidos, aunque terminan pagando los
gastos de campaña.
También apunta a la transparencia la idea de
establecer un mecanismo de registro y reporte on- line de los movimientos
económicos de la campaña. De esta forma se podrá conocer cómo se están
financiando los candidatos en tiempo real.
Se prevé también la creación de un registro de
proveedores de bienes y servicios utilizados en las campañas para fiscalizar
quiénes los contratan, para qué y por qué montos de facturación. El cruce de
estos datos con los reportes partidarios facilitará las tareas de auditoria.
Otras reformas incluirían la ampliación de los plazos
de campaña y la coordinación de diversos organismos públicos a la hora de
cruzar información para promover los controles del financiamiento que lleva
adelante la justicia federal. Asimismo, se avanzaría en la regulación de la
publicidad oficial y el uso de los recursos públicos durante la campaña para
evitar abusos, un fenómeno que se repite en detrimento de las arcas del Estado
sin distinción de color político.
Muchas de estas reformas han sido propuestas por
organizaciones de la sociedad civil como Cippec, Poder Ciudadano y LA NACION
DATA, que monitorean un tema tan crucial como el financiamiento de la política.
La transparencia y claridad en el ingreso y egreso de fondos de los partidos
son clave para garantizar la calidad del proceso electoral y asegurar el acceso
a información fehaciente a la que tienen derecho los votantes. Saber quién está
detrás de los candidatos permite conocer qué tipo de compromisos están
asumiendo a futuro y cuál es la distancia entre los discursos de campaña y las
verdaderas intenciones que guiarán sus decisiones una vez elegidos.
Pero todo esto quedará pendiente hasta 2019. En las
PASO de agosto y las elecciones generales de octubre de este año las reglas
sobre la relación dinero/política serán las mismas que se han venido aplicando
hasta ahora y que han demostrado largamente ser por demás insuficientes y
opacas.
Los cambios podrían también provenir de las buenas
prácticas de los actores, aun cuando las leyes no estén todavía vigentes. En
épocas de vacas flacas como las actuales, con tanta gente bajo la línea de
pobreza, los gobiernos de todos los niveles deberían dar ejemplo de austeridad
y evitar el abuso de los recursos públicos con fines electorales, empezando por
la publicidad oficial. Los partidos y alianzas deberían reportar sus verdaderos
ingresos y gastos y deberían respetar los límites legales. Podrían, incluso,
alzar la vara y adoptar medidas más exigentes que las que la ley impone
estableciendo ellos mismos, por ejemplo, que todos los aportes sólo podrán
realizarse a través de cheques o transferencias bancarias.
Hoy el ciudadano ha pasado a ser un espectador pasivo
de un espectáculo que él termina pagando, pero que nadie sabe a ciencia cierta
quién financia. El país comienza a poblarse demasiado prematuramente de afiches
y carteles con caras de sonrientes candidatos, las pantallas nos devuelven
actos fastuosos en costosas instalaciones con abultado merchandising y en breve
se sumarán los spots televisivos y radiales.
Sin necesidad de un cambio legislativo que no llegará
hasta 2019, la dirigencia política tiene ante sí la oportunidad de mostrar un
compromiso auténtico que supere las buenas intenciones que evidencian los
discursos de todos sobre transparencia. Por su parte, el Gobierno deberá asumir
sus compromisos y proponer el tratamiento parlamentario del asunto de una buena
vez, respetando los tiempos y los debates que el tema merece. Un auténtico
desafío que robustecerá la institucionalidad y los valores republicanos que
todos deseamos defender.
