La Nación, 26
DE NOVIEMBRE DE 2017
Hugo Alconada Mon
Una investigación del Ministerio de Defensa alertó
sobre "irregularidades" en la compra directa de las baterías del ARA
San Juan , según la copia de esas actuaciones que llegaron con carácter secreto
a tres despachos oficiales, y a las que accedió LA NACION. La información
coincide con una auditoría de la Sindicatura General (Sigen), que también
cuestionó el procedimiento.
La investigación, desarrollada por expertos de Defensa
entre 2015 y 2016, determinó que la Armada habría incumplido los estándares
normativos y operativos para la reparación de media vida y el recambio de
baterías; que se buscó direccionar la compra de suministros para beneficiar a
ciertos proveedores, y que, en ese proceso, se habrían adquirido insumos con
garantías vencidas y cometido delitos.
"La información colectada resulta contundente al
menos para sostener no sólo que esas contrataciones no se ajustaron al
procedimiento administrativo reglado, sino además que el personal militar a
cargo de las mismas posiblemente haya incurrido en conductas ilícitas que
beneficiaron a las empresas adjudicadas, Hawker Gmbh y Ferrostaal AG",
precisaron los investigadores de Defensa.
Esos mismos investigadores alertaron del tema en 2015
a funcionarios del kirchnerismo. Y también que lo mismo ocurrió al cambiar las
baterías de los submarinos Salta y Santa Cruz. Consultados por LA NACION, desde
el Gobierno indicaron que están revisando "todos los procesos dentro de la
Armada" y que se abrirá una investigación interna "profunda",
pero que ahora la prioridad es hallar el submarino, recuperar a todos sus
tripulantes y, luego, peritar el San Juan para determinar "qué pasó y las
consecuentes responsabilidades".
La investigación interna a la que accedió LA NACION no
fue la única que reportó sobre "irregularidades" de la Armada en la
reparación del submarino ARA San Juan. La Unidad de Auditoría Interna del
Ministerio de Defensa también redactó varios informes. Y la Sindicatura General
de la Nación (Sigen) presentó su auditoría MD 13776/16, en mayo de 2016, que
tampoco es de acceso público, pero cuyas copias obtuvo LA NACION de informantes
de la Sindicatura.
En el caso de la Sigen, sus técnicos expusieron
desvíos en los planes trazados para la ejecución material y presupuestaria de
la obra, con demoras de hasta 4 años: "Dichas demoras permitieron, en el
caso de las baterías, la pérdida del período de garantía".
Eso mismo, detectó la Sigen, ocurrió con los motores:
"La pérdida de la garantía de los motores derivó en la necesidad de
efectuar la contratación directa N° 62/13 con la misma empresa, para renovar el
plazo de garantía (ejecución de los trabajos de inspección y verificación para
puesta en marcha segura de los motores y para otorgar las correspondientes
garantías técnicas que se derivaron de dichos trabajos). Dicha obra tuvo más de
314 días de demora".
Todos esos informes reservados podrían ayudar ahora a
la Justicia a determinar qué pasó con el ARA San Juan. Para eso, la jueza
federal con asiento en Caleta Olivia, Marta Yáñez, ordenó al complejo
Cinar-Tandanor, donde se desarrolló la reparación de media vida, que preserve
toda su documentación.
Los informes secretos cuyas copias obtuvo LA NACION,
sin embargo, no se encuentran en ese complejo, sino en el Ministerio de
Defensa. Y alertan sobre "irregularidades detectadas" dentro de la
órbita de la Armada y "un sinnúmero de maniobras irregulares y tendenciosas
que tenían como único fin" la compra de las baterías "a las firmas
Ferrostaal y/o Hawker, de manera indistinta como único proveedor
solvente".
En el caso de la investigación interna, cuyo informe
comenzó a circular dentro del Ministerio de Defensa en 2015 y continuó en
circulación con la actual gestión, también detectó que "los remitos que se
adjuntan por cada entrega de materiales no coinciden ni con el número ni con el
monto de las facturas acompañadas a las órdenes de pago, que ascienden a la
suma parcial de 1.312.214 euros".
Según verificó LA NACION, además, varios de los
funcionarios de la Armada que participaron en las contrataciones cuestionadas
también habían participado en la contratación de Ferrostaal para adquirir una
planta propulsora para la Fragata Libertad, que derivó en una investigación
penal que quedó en manos del entonces juez federal Norberto Oyarbide.
Por su parte, los investigadores también detectaron
que los procesos de la Armada tanto para el submarino San Juan como para los
ARA Santa Cruz y ARA Salta y la Fragata Libertad registraron varios puntos en
común:
En las cuatro obras se contrataron las mismas
empresas: Hawker y Ferrostaal;
En las cuatro contrataciones, además, se descartaron
propuestas efectuadas por otras empresas;
En esos procesos se retrasaron las notificaciones a
otras empresas que podían competir con los datos sobre las condiciones para
presentar sus ofertas;
En esos procesos también se aceleraron los pasos
administrativos, -sin cumplir con los requisitos y plazos- para adjudicar las
contrataciones y firmar los contratos;
Se habrían adulterado ciertos tramos del expediente
administrativo para darle visos de legalidad a la decisión que ya había sido
tomada;
Se omitió analizar la razonabilidad de los montos que
cotizaron las dos empresas proveedoras;
Después de la adjudicación, notificaron tarde o no
notificaron a la principal empresa rival, lo que complicó que interpusiera
impugnaciones.
El informe interno también recomendó a las máximas
autoridades de Defensa avanzar sobre las responsabilidades administrativas,
disciplinarias y penales de los responsables. Para eso aconsejó alertar a la
Oficina Anticorrupción y que se radicara una denuncia penal contra oficiales y
funcionarios de la Armada, "incluso contemplando la conexidad que en
principio presentarían esos sucesos en relación con otros casos similares cuyas
investigaciones se encuentran en trámite ante la justicia federal". Eso no
ocurrió.
