Eleonora Gosman
Clarín, 1-8-15
Presionado por su futuro económico, el grupo Camargo
Correa, uno de los 20 mayores holdings brasileños, pactó el viernes pasado un
“perdón” del consejo de defensa económica de Brasil (CADE), que lo habilita a
presentarse en licitaciones del Estado. La condición para ese “acuerdo de
indulgencia” fue delatar, con pruebas concretas, el esquema de cartelización
montado entre varios grupos empresariales para la construcción de la central
nuclear Angra 3.
Este modelo de delación fue y es amparado, en los
hechos, por el gobierno de Dilma Rousseff. La razón es simple: la presidenta de
Brasil reveló que la acción policial y judicial sobre la corrupción en
Petrobras costó ya 1% del producto bruto del país, equivalente a unos US$20.000
millones. Esa evaluación presidencial, que fue explicitada ante 12 ministros,
representa lo que se perdió entre obras suspendidas en la petrolera y empresas
que actuaban en ese ámbito y que debieron paralizar los trabajos. Según
Rousseff, la “inestabilidad política” contribuyó a empeorar la crisis
empresarial alrededor de la estatal.
Lo cierto es que el gobierno ya había defendido ante
la Cámara de Diputados la necesidad de adoptar esos pactos. Le tocó al abogado
general de la Unión (AGU) Luis Adams quien defendió esa clase de arreglos ante
la comisión parlamentaria que investiga el escándalo en la petrolera estatal.
En ese contexto, Camargo Correa optó por confesar su
participación en licitaciones que fueron “ganadas” a cambio de pagar coimas. Es
el caso de las obras de Angra 3, la tercera usina nuclear, donde las
constructoras brasileñas consiguieron, en conjunto, contratos de más de 1.000
millones de dólares. Las otras involucradas son Odebrecht, Andrade Gutierrez,
Queiroz Galvao, EBE, la subsidiaria Techint y UTC. La compañía “delatora”
también dio los nombres de 22 ejecutivos de esas firmas que participaron
directamente en el pago de las coimas a cambio de ventajas para el consorcio
Angramon en el que estaban asociadas.
En el relato de la Camargo, Odebrecht y UTC tenían un
papel dominante en el cartel de Angra 3. Sus representantes negociaban
directamente con Eletronuclear, la estatal que opera las dos atómicas en
funcionamiento: Angra 1 y 2. El contacto, reveló la constructora, era el
director de la empresa, el vicealmirante Othon Pinheiro da Silva, preso desde
hace una semana, y parte de los recursos tenían como destino alimentar las
arcas del Partido del Movimiento Democrático brasileño (PMDB). Esta agrupación
forma parte de la coalición oficialista que sustenta el gobierno de Rousseff.
Pero está también integrada por el “neo opositor” Eduardo Cunha, presidente de
la Cámara de Diputados y por el también filo opositor Renan Calheiros, titular
del Senado. Ambos están mencionados entre los políticos que recibieron
“beneficios” de los ex directores de Petrobras que formaban parte de la banda
de coimeros.
De acuerdo con el testimonio del ex presidente de
Camarago Correa, Dalton Avancini, había un “compromiso” de aportar 1% del valor
de los contratos al PMDB.
Hasta ahora, se supo de las escandalosas coimas
pagadas a ex gerentes de Petrobras a partir de realizar 16 operaciones
policiales, que derivaron en 160 investigaciones, 96 órdenes de prisión, 28
denuncias y 30 condenas. Todas estas iniciativas fueron realizadas por fiscales
de Curitiba bajo el comando del juez federal Sergio Moro. Sin embargo, ese
equipo dejó puntas al descubierto en las que prefirieron no ahondar. Es el caso
de obras realizadas en Minas Gerais, bajo el gobierno de Aécio Neves, el
candidato derrotado por Dilma en las presidenciales del año pasado. Archivos
encontrados en las oficinas del ex presidente de Camargo Correa sugieren los
mismos delitos de cartelización observados en la petrolera estatal y en Angra
3. Neves es un senador que lidera la oposición a Rousseff.
Con todo, Camargo Correa solo se limitó a denunciar,
como empresa, el esquema ilegal montado para el caso de Angra. Según el
comunicado de esta constructora, “las informaciones y documentos presentados a
las autoridades (de la CADE) son fruto de investigaciones internas, conducidas
por la compañía, con la ayuda de especialistas externos y forenses
independientes”. En esa circular, garantizó su “compromiso de colaborar con las
investigaciones, como también de mantener los esfuerzos de mejorar los
mecanismos internos de compliance”.
