Alfil, 6 mayo, 2016
Se cumplió un año de la entrada en funcionamiento del
área que reemplazó a Drogas Peligrosas, que combate el narcomenudeo.Un día
después del fallo por el denominado “narcoescándalo”, se cumplieron doce meses
desde que entró en funcionamiento la Fuerza Policial Antinarcotráfico (PFA), el
organismo que reemplazó a la División Drogas Peligrosas.
Creada en mayo del 2015, es la primera unidad de su
tipo en el país. Como novedad, está a cargo del Ministerio Público Fiscal y no
del jefe de Policía; es decir, depende del Poder Judicial y no del Ejecutivo.
Cabe recordar que un factor que contribuyó a la
creación de la estructura fue la causa que involucró al comisario mayor Rafael
Sosa.
El ex uniformado, recientemente absuelto por los
delitos de asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad y condenado
a una pena leve por incumplimiento de deberes de funcionario público, dirigía
Drogas Peligrosas, el “brazo ejecutor” de la Justicia Federal cuando la
totalidad de las causas por estupefacientes estaban bajo su órbita.
La dependencia tiene a su cargo la prevención y el
combate del narcomenudeo y el fiscal general Alejandro Moyano valoró
positivamente el trabajo realizado durante un año por la nueva fuerza. En ese
sentido, opinó que la creación de la dependencia fue un acierto; entre otras
razones, porque ahora el Ministerio Público tiene la posibilidad de elegir a
los integrantes de la PFA y de capacitarlos.
A fines del año pasado, el titular del área, Martín
Berger, renunció a su cargo para presentarse a concurso como fiscal de Cámara.
Ocupó su lugar Francisco Salcedo, un integrante del cuerpo de élite Eter. Así,
la fuerza quedó nuevamente bajo la dirección de un policía.
Recientemente, el fiscal General expuso en Córdoba
sobre el delito de narcomenudeo, que quedó bajo órbita de la Justicia local en
junio del 2012, cuando se creó el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, luego
de que la Provincia adhiriera a la Ley de Estupefacientes (26.052), que permite
que cada jurisdicción combata los ilícitos que se cometen en el último eslabón
de la cadena de comercialización de drogas.
Así, asumió competencia en la persecución,
investigación, juzgamiento y represión de las figuras de tenencia simple, para
consumo personal y con fines de comercialización; comercialización; suministro
a título oneroso o gratuito; cultivo para uso personal; confabulación para
cometer delitos de tráfico desfederalizado y facilitación de un lugar para el
consumo.
En tanto, quedaron a cargo del fuero Federal las
causas por narcotráfico. Para esa tarea, ya sin Drogas Peligrosas en el mapa,
cuenta con la Gendarmería Nacional y con la Policía Federal para llevar
adelante las investigaciones.
Recientemente, al hablar de la “provincialización”
ante legisladores de la región centro, el fiscal Moyano sostuvo que la medida
fue efectiva. Sin embargo, los letrados que litigan en el fuero Penal coinciden
al valorar que hay desafíos en lo atinente a la coordinación de las tareas de
“las justicias”.
No sólo los abogados tienen reparos. El camarista
Federal Abel Sánchez Torres declaró hace poco que carecía de “elementos
objetivos” para analizar la bondad de la provincialización y, en ese sentido,
dijo que a veces un procedimiento en el que se secuestra poca droga “perjudica
investigaciones más profundas”.
Sin embargo, en el acto por el año de la FPA, Salcedo
también hizo un balance positivo de las operaciones de la fuerza y detalló que
está “conteniendo” que se instale una “célula de cartel, un cartel u
organizaciones con perfiles similares en Córdoba”.
Pese a las valoraciones de los funcionarios, no se han
dado grandes avances en la lucha contra el narcotráfico. La mayoría de los
procedimientos los lleva adelante el Poder Judicial de la Provincia y, por lo
general, involucran a usuarios o a personas que son detenidas con escasas
cantidades de estupefacientes, que los venden para subsistir o para pagar sus
adicciones. Los “peces gordos” siguen operando y hace años que no llegan ante
la Justicia los “narco”, quienes muchas veces, en la práctica, son
“empleadores” de los presos por narcomenudeo.
En general, hay reparos ante las políticas de
“desfederalización”. Un informe del 2014 de la Procuraduría Narcocriminal
(Procunar) concluyó que hay menos posibilidades de llevar adelante pesquisas
complejas sobre narcotráfico en las provincias en las que la Justicia local se
hace cargo de perseguir el “microtráfico”. Según el organismo, al no investigar
el narcomenudeo, la Justicia Federal ya no accede a los datos que le
permitirían anoticiarse de maniobras de mayor importancia.
Los abogados locales consultados sobre el tema señalan
que una de las ventajas que tenía la concentración de casos en la órbita
Federal era que se seguía los lineamientos que fijó la Corte Suprema en el
fallo “Arriola” (del 2009), en el declaró la inconstitucionalidad del castigo
de la tenencia de drogas para consumo personal y trazó pautas de política
criminal para abordar el uso.
Así, refirieron que “los federales ni hablaban con los
consumidores” y que ahora, tras la provincialización del narcomenudeo, los
integrantes de la FPA los llaman “compulsivamente” a declarar. También opinaron
que si bien las fiscalías especiales “se están adaptando lentamente a Arriola”,
el perfil es “más punitivista” y que “se reprime al eslabón más débil”; en
especial, en el interior.
Mientras el narcotráfico prospera en el país y en la
Provincia, parece que quienes hacen grandes negocios no son detectados por el
fuero Federal local y el foco está puesto en los ciudadanos de menores
recursos.
No obstante, tras la declaración de la emergencia en
Seguridad, en enero, trascendió que el gobierno de Mauricio Macri analiza
implementar el “esquema Córdoba”. Cabe recordar que el actual ministro de
Justicia, Germán Garavano, trabajó como asesor en la elaboración del modelo
local y en el diseño de la FPA.
