Alfil, 5 mayo, 2016
Mientras el fiscal militante Enrique Senestrari estaba
en Roma visitando al papa Francisco, en Córdoba estallaron las repercusiones
por el final del publicitado “narcoescándalo”, un proceso que el funcionario
impulsó y que lo colocó en el foco de la mirada pública.
Cuando el Tribunal Oral Federal Número 2 virtualmente
absolvió el martes al ex jefe de la desaparecida División Drogas Peligrosas,
Rafael Sosa, por los delitos más graves que le enrostró la acusación, Senetrari
no estuvo en la sala de audiencias. Tal vez un sentido de anticipación o un
sentimiento de contrición lo llevaron a querer integrar la comitiva de colegas
que se trasladó al Vaticano: para evitar presenciar el fracaso de la hipótesis
que mantuvo durante casi tres años o, eventualmente, para pedirle perdón al
Papa por algunos pecadillos de sobreactuación cometidos en su función pública.
Por unanimidad, los jueces Hugo Vaca Narvaja, Daniel
Herrera Piedrabuena y Mario Garzón descartaron los cargos por asociación
ilícita y privación ilegítima de la libertad, y le impusieron al ex comisario
una pena leve (tres años y ocho meses de prisión), por incumplimiento de sus
deberes como funcionario público. Luego de la lectura de la sentencia quedó en
libertad.
En su momento, Senestrari pidió 15 años de prisión
para Sosa, al considerar que encabezó una banda de policías que hacía negocios
con el narco. Sin embargo, para Gustavo Franco, el abogado del uniformado, el
Ministerio Público “vio otro juicio” y aseguró que el caso fue una “puesta en
escena con fines políticos”. El letrado también objetó el testimonio del agente
encubierto Juan “El Francés” Viarnes, en cuyos dichos se basó la investigación,
y sostuvo que sus declaraciones fueron falsas y que se incorporaron al
expediente de manera irregular.
Además, al alegar en el tramo final del debate sindicó
a Viarnes como un “inorgánico de los servicios de inteligencia” vinculado al
Secretario de Seguridad del kirchnerismo, Sergio Berni.
Para Franco, Viarnes –con paradero desconocido desde
el 2014- pudo fugarse gracias a sus vínculos con el kirchnerismo.
Tras conocerse el fallo, el legislador Daniel
Passerini (Unión por Córdoba) opinó que el “narcoescándalo” fue una “maniobra
política del kirchnerismo para pegarle a José Manuel De la Sota” y que el
resultado final del proceso dejó en evidencia que “Senestrai y la plana mayor
del gobierno nacional (de Cristina Fernández de Kirchner) mentían al acusar a
la Policía y al gobierno de De la Sota de ser cómplices de delitos ligados al
narcotráfico”.
Además, Passerini señaló que se armó “un show
mediático” que no se pudo probar ante la Justicia. En ese sentido, dijo que la
procuradora General de la Nación, Alejadra Gils Carbó, Senestrari, Berni y un
grupo de medios ligados al kirchnerismo montaron una “puesta en escena” que
tuvo como único objetivo “lastimar a De la Sota y al peronismo en pleno proceso
electoral, durante las elecciones legislativas de 2013”.
Por su parte, uno de los vocales del tribunal que
desestimó las incriminaciones de Senestrari, aseveró que la teoría del fiscal k
no se acreditó. “Los que condenan no son los jueces, son las pruebas, y no
existieron”, sostuvo Garzón en declaraciones a Cadena 3.
El magistrado consideró que, tras el fallo, la
sociedad debe saber qué sucedió realmente y que debe haber una investigación
amplia, de la cual no deben quedar excluidos los operadores judiciales.
Cabe resaltar que en su decisorio el Tribunal Oral
recordó que sigue vigente la orden de captura de Viarnes (incluso, le recomendó
al Ministerio de Justicia que ofrezca una recompensa para quienes aporten datos
que permitan localizarlo) y solicitó que se investiguen las conductas del
actual concejal Tomás Méndez (presentador del programa ADN) y de Senestrari.
Al respecto, Garzón detalló que ese planteo de
pesquisa incluye determinar por qué dijo lo que dijo Viarnes; con quién está
conectado; cómo llegó a Córdoba; cómo se relacionó con Méndez y cuáles fueron
los “fines y las ganancias”.
Con la clausura del debate llega la hora de las
consecuencias. El abogado de Sosa ya adelantó que le pedirá a la Justicia que
se le reintegren a su asistido los haberes que no cobró durante más de dos
años, mientras estuvo preso.
También vaticinó que cuando se lean los fundamentos
del fallo, el ex secretatrio de Seguridad Berni aparecerá en muchos tramos, ya
que durante las audiencias varios testigos dijeron que venía a Córdoba, que se
reunía con Viarnes, que iba al Juzgado Federal y que tenía contacto con Senestrari
y con Méndez.
El sentido común indica que habrá costas para
Senestrari. Sin olvidar el revuelo que generó cuando reclamó y, aval de la
Corte mediante, logró retener la causa por la muerte del policía Juan Alós, es
oportuno recordar otros pasos que dio. Entre ellos, el allanamiento a la
Jefatura de Policía con fuerzas nacionales, que generó una situación de
conflicto institucional para llevar agua al molino de una teoría que no
prosperó. También deben citarse las extensas privaciones de libertad que promovió
para algunos de los implicados.
Cabe pensar que el investigador nunca tuvo pruebas o
que, si las tuvo en su momento, las perdió, lo cual revelaría una incapacidad
funcional que lo inhabilitaria para seguir siendo fiscal. En vista de ello, es
previsible que haya demandas contra el Estado por daños y perjuicios y que se
pida su destitución.
En la edición del miércoles, Alfil ubicó erróneamete
al fiscal en Roma el martes 10. Una vez rectificados los datos, confirmó que el
funcionario se ausentó de la ciudad cuando se dictó el veredicto, el martes 3,
pero que estará en Córdoba cuando los jueces lean los fundamentos de la
sentencia que cerró una causa que le costó mucho a los cordobeses y, en
general, a los contribuyentes que solventan el servicio de Justicia.
