(o la nueva forma
de hacer la Revolución)
Andrea Palomas Alarcón
Informador Público, 16-5-16
En los años 70 aseguraban que
venían construir un mundo mejor. A sangre y fuego querían imponer su visión de
mundo mejor en el que todos seríamos iguales, todos tendríamos los mismos
derechos y obligaciones. Todos.
Amén de los medios inaceptables con el correr de los
años vimos que la única Revolución que pelearon era la del progreso económico
personal. De igualdad nada. Revolver el statu quo para quedar en el lugar de
los burgueses que querían destituir.
Nos hartaron las indemnizaciones fraudulentas a
familiares de terroristas con lágrimas de cocodrilo: “la sangre derramada no
será negociada” dijeron alguna vez.
El imperialismo yanqui, sus gendarmes locales y la
odiosa cara de Franklin en los billetes de cien dólares eran el enemigo. Sin
embargo, por atacar a la Nación, sus deudos fueron indemnizados con bonos de
deuda pública en dólares. “La deuda externa no se pagará con el hambre del
pueblo” también nos decían.
El problema no son ellos, somos nosotros que pagamos
con deuda pública una paz de utilería que nunca sirvió para nada. En las
cárceles de la Nación languidecen los que nos defendieron del genocidio que
querían ejecutar tanto el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) como
Montoneros, en distinta escala, ambos igualmente genocidas.
Y llaman a nuestros presos genocidas.
Los que odiaban a Benjamín Franklin cobraron en
dólares indemnizaciones que pagaron los desnutridos del Chaco, los jubilados,
los descalzos del conurbano.
Les dimos indemnizaciones como los antiguos ofrendaban
víctimas humanas a los dioses paganos para apaciguar su ira.
EL NUEVO DESPOJO
Pero como la bestia que prueba sangre humana nunca se
sacia, han vuelto por más, con un nuevo despojo al erario público.
Desde el año 2010 la familia del terrorista Mario
Roberto SANTUCHO (NG: Roby) jefe y cabeza del ERP, ha iniciado una demanda
contra el Estado por el valor sentimental de sus huesos.
Y no es que no hayan cobrado todo de todo y que no les
haya quedado por cobrar nada de nada. Desde la “desaparición” de Santucho,
pasando por el exilio de algunos de los integrantes de esa familia, tanto como
por la pesificación asimétrica de los bonos de deuda pública que cobraron por
todo lo anterior, dólar sobre dólar, Franklin sobre Franklin, el Estado
argentino los indemnizó durante años. Expedientes 56581/2015; 57094/2015;
014771/1996 entre otros (todos del contencioso administrativo federal).
¿Alguien pensaba que la Revolución era algo distinto
que la mejora social y económica de los “revolucionarios” y sus familias?
Pues ahora la familia Santucho ha iniciado un nuevo
juicio contra el Estado por la pérdida de su cadáver. Entiéndase bien, no por
la “desaparición” de Santucho, que por eso ya cobraron (pese a que murió con un
fusil en la mano): por la pérdida de su cadáver, por el VALOR SENTIMENTAL DE
LOS HUESOS DE SANTUCHO.
LA DEMANDA
La demanda de la familia Santucho contra el Estado
Nacional es por diez millones de pesos más intereses contados desde el día en
que cayó abatido (19/07/76). Tramita en el juzgado en lo Contencioso
Administrativo Federal N° 11- Secretaría Nº 21, a cargo de la Dra. María José
Sarmiento. Lleva el número de expediente N° 005945/2010. Los demandantes son
Ana Cristina SANTUCHO, Gabriela Inés SANTUCHO y Marcela Eva SANTUCHO hijas del
Jefe del ERP. El objeto de la causa es “daños y perjuicios” y el motivo es la pérdida
del cadáver por el valor sentimental que tiene para sus deudos, daños
psicológicos y morales.
Los demandados son el Estado Nacional a través del
Ministerio de Justicia y DDHH, el Gral. Santiago Omar Riveros, el Gral. Jorge
Rafael Videla (ejecutado en cautiverio) y el fallecido Gral. Fernando
Verplaatsen.
Uno de los testigos más pintorescos de la
“desaparición” de los huesos de Santucho ha sido su segundo al mando, Juan Arnol Kremer Balugano (NG Luis Mattini). Este guerrillero, hoy
ataviado de “militante” o, mejor aún, de ancianito simpático que cuenta sus
“escaramuzas” en el Canal Encuentro, es otro de los tantos indemnizados por el
Estado argentino. Estado que al no dejarse destruir nos protegió a todos.
El testigo Juan Arnol Kremer pese a quedar al mando de
la organización terrorista más cruel que tuvo la Argentina en los 70 también
fue indemnizado por el Estado. Mediante la Res. Del Min de Justicia 1531/13 se
le abonaron más de 300 mil pesos por haber estado exiliado durante el Proceso
aunque también en la causa
(CAF 040226/2013 KREMER, JUAN ARNOL C/ EN-M JUSTICIA
Y DDHH- S/INDEMNIZACIONES - LEY 24043 - ART 3)
reclamó un resarcimiento
económico por haber estado “exiliado” durante el gobierno de Raúl Alfonsín, sin
éxito en este caso. También (justicia poética) fue alcanzado por la ley 25.561
(pesificación asimétrica de sus bonos en dólares) por lo que hizo un amparo
(015842/2003 KREMER JUAN ARNOL C/ PEN-LEY 25561-DTOS 1570/01 214/02 471/02
(BONOS) S/AMPARO SOBRE LEY 25.561) ya que quería su indemnización en dólares y
no en pesos argentinos.
LOS OTROS JUICIOS
Mientras este juicio se desarrolla, un accidente
procesal hizo que tomáramos conocimiento de otro juicio similar emprendido por
el hijo de la Madre de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor: Pedro Vincenti. En su
caso no demanda por los huesos de Azucena como sí hizo su hermana Cecilia
porque para cuando comenzó el juicio, ya esos huesos habían sido encontrados en
un cementerio de Gral Lavalle y regados sobre la Plaza de Mayo en una emotiva
ceremonia. Demandó (y ya cobró) al Estado por el daño moral y psicológico que
le produjo la “desaparición” de su madre pese a que había sido beneficiario de
las leyes de reparación integral (24043 y 24011) en lo que es una inaceptable
doble indemnización por los mismos rubros.
Por el momento, la información que nos llega es que
sólo los familiares de los cabecillas guerrilleros y dirigentes de
organizaciones de superficie están demandando por la “desaparición de los
huesos” y otros daños.
Así como en la huida de Trelew los jerarcas se
preservaron dejando atrás a la tropa, que peleando por su vida cubrió la
retirada, hoy sólo los familiares de los jefes máximos están demandando
indemnizaciones por huesos de manera de no levantar demasiado la perdiz y que
puedan cobrar antes de que la sociedad indignada cierre el grifo. La tropa,
como siempre, se quedará en la retaguardia. De todas maneras no descartamos que
existan muchos otros juicios de los que no tenemos conocimiento,
convenientemente favorecidos y ocultados por el gobierno anterior.
¿Se entiende realmente el alcance de este latrocinio?
Ya los familiares de los “desaparecidos” -aunque fueran guerrilleros abatidos
en combate- cobraron por la “desaparición” de sus familiares pero ahora, en una
doble indemnización ilegítima e ilegal, también pretenden cobrar por la
“desaparición” de sus huesos. La ley 24411 es una ley de reparación integral,
una indemnización tabulada que permite a familiares de alegados “desaparecidos”
cobrar sin necesidad de hacer juicio. Ellos ya cobraron por todo daño que
pudieran reclamar, no se puede desdoblar el daño en un millón de rubros
impensados porque terminaríamos con juicios por la desaparición del riñón de
Santucho o del hígado de Abal Medina.
SIN CAMBIO
Quien escribe estas líneas solicitó por nota al nuevo
gobierno conocer la lista de quienes habían cobrado las leyes “reparatorias”
(24.321; 24411; 24,043; 25914; 26564 y 26.913) por “desaparición” de personas y
otras indemnizaciones similares. El gobierno de Cambiemos se negó a hacerla
pública alegando excusas sin sustento.
Espero que la sociedad ponga las cosas en su lugar
porque las necesidades son muchas; el Estado no puede seguir distrayendo fondos
para esta “revolución” personal. Argentina alguna vez fue un gran país de gente
buena y honesta, orgullosa de vivir de su trabajo. Ignoro en qué momento nos
inundó esta pestilencia de odio, codicia y “revolucionarios” de pacotilla pero
ya no podemos seguir financiando su estilo de vida.
Mientras tanto, ya han muerto en cautiverio 357 presos
políticos que nos liberaron de genocidas como Santucho, a los que no se les
hace justicia, ni se les respetan los derechos que tiene cualquier otro preso.
Algunos de ellos también víctimas de ataques terroristas; ninguno indemnizado nunca,
por nada.
