por Informador Público, 3-4-17
El Estado nacional firmó con las provincias un pacto
acordando reglas de austeridad fiscal. La pertinencia de la iniciativa es
indudable a la luz de que el mal funcionamiento del Estado es el principal
factor de cercenamiento en la capacidad de crecer y generar empleos de calidad.
Sin embargo, con el argumento de que el objetivo es impulsar un ordenamiento
gradual, en la práctica, se acordaron reglas inconsistentes de las que se
derivan altos riesgos de fracaso.
Entre el Estado nacional y las provincias se firmó un
documento con lineamientos para un nuevo Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno. Se trata de un acta de intención en la
cual se estipulan reglas tendientes a lograr el equilibrio fiscal y reducir la
presión impositiva.
El compromiso de las provincias es mantener constante el
gasto público ajustado por inflación y no hacer crecer el empleo público
provincial por encima de lo que crece la población.
Concomitante con ello se
comprometen a no incrementar la presión impositiva y a reducir impuestos sobre
la actividad productiva.
Las provincias representan aproximadamente el 36% del
gasto público consolidado. Pero como tienen a su cargo los principales
servicios públicos (educación, salud, seguridad, etc.) generan el 66% del
empleo público total. En consecuencia, la austeridad y la calidad en la
administración de los recursos humanos es un factor esencial en el desempeño de
los sectores públicos provinciales.
Datos publicados por el Ministerio de Hacienda
permiten aproximar la dinámica del empleo público provincial en la última
década. Consolidando todas las jurisdicciones aparece que:
En el año 2004 las provincias tenían contratados 1,4
millones de empleados lo que equivalía a 37 empleados por cada 1.000
habitantes.
En el año 2015 el empleo público provincial ascendió a
2,2 millones representando 51 empleados por cada 1.000 habitantes.
Es decir, que en una década el empleo público
provincial creció un 36% por encima de lo que creció la población.
Estos datos muestran la masividad con la que se
incorporaron empleados públicos en las provincias. Si el aumento hubiese sido
al mismo ritmo que crece la población se deberían haber hecho 600 mil
contrataciones menos. Es cierto que las provincias son sometidas a demandas
crecientes por parte de la población (por ejemplo, en materia de seguridad)
pero, en el actual contexto de nuevas tecnologías, dar más y mejores servicios
no necesariamente requiere contratar más empleados. Incluso hay sectores
importantes, como el de educación, donde la matrícula de las escuelas públicas
cae significativamente.
Estos antecedentes potencian la necesidad de impulsar
austeridad y reformas en la gestión de los recursos humanos de las provincias.
Sin un plan inteligente y riguroso en esta área, el resto de las reglas pasan a
ser meros enunciados declamativos. Por ejemplo, tender a eliminar impuestos
altamente distorsivos, como Ingresos Brutos y Sellos, es imprescindible para
recuperar crecimiento y equidad. Pero es imposible que las provincias puedan
avanzar en este sentido si no se le da sustentabilidad a la reducción de la
presión impositiva con una gestión mucho más cuidadosa de los recursos humanos.
Fijar como meta que el empleo público provincial
reduzca su crecimiento al ritmo de la población implica congelar la situación
actual. En la mayoría de las provincias convalida y sostiene altos niveles de
sobre-empleo público lo que impide el ordenamiento de las finanzas públicas.
Asimismo, la pauta es incoherente con la meta de que el gasto no crezca más que
la inflación. Si el empleo crece al ritmo de la población y el gasto no aumenta
más que la inflación necesariamente los salarios se tendrían que ajustar por
debajo de los precios (salvo que se esté dispuesto a seguir recortando gastos
en otras áreas del Estado donde es sabido que los márgenes son muy acotados).
Sería recomendable que en el debate parlamentario del
acuerdo se asuma un planteo más coherente fijando que las provincias y la
Nación dejen de aumentar su planta de personal. Es decir, que los desafíos de
dar más y mejores servicios públicos se cubran incorporando tecnología,
reasignando personal y designando nuevo personal sólo en función de las bajas.
Esto permitirá gradualismo y coherencia en el ordenamiento fiscal.
De todas
formas, recién en aproximadamente 43 años se volvería al mismo nivel de empleo
público por habitante de la década pasada. Por eso hace falta complementar con
un paquete integral de reformas estructurales para que el crecimiento de la
economía relaje la carga que significa para la población mantener al Estado.
(IDESA)
