Eduardo van der Kooy
Clarín, 3-6-15
Natalia Fernández tenía razón. La joven camarera de un
bar de Puerto Madero declaró en las primeras semanas de febrero que había
observado mucho desorden mientras las autoridades hacían las pericias en el
apartamento donde fue hallado muerto el 18 de enero Alberto Nisman. Fernández
fue testigo público, llevada al lugar de la tragedia por la Prefectura. Después
de esas declaraciones la pasó mal. Fue amenazada, le pusieron custodia, dejó de
trabajar en el lugar que lo hacía y debió comparecer ante Viviana Fein. La
convocatoria de la fiscal que investiga el caso fue, de verdad, muy poco
amistosa.
El testimonio de aquella joven camarera pareció
corroborado por el video policial que difundió el programa PPT (Periodismo para
Todos), de Jorge Lanata, en Canal 13. La grabación permitió verificar la
ausencia de autoridad en aquel procedimiento. Empezando por Fein, que transitó
la escena del crimen sin ningún cuidado. O de Sergio Berni, el secretario de
Seguridad, que anduvo de aquí para allá hablando por teléfono.
La fiscal, sin embargo, sostuvo que aquel operativo
había sido impecable. La pregunta sería si en su prolongada y probada
trayectoria habría actuado siempre del mismo modo. Si ese sería, en efecto, el
estándar desprolijo para investigar el caso Nisman o cualquier otro. Fein
explicó, por ejemplo, que resultó normal que el perito limpiara –como se
observó en la filmación --el arma Berza 22 para verificar su marca y su
matrícula. Otros expertos avalan la idea con una salvedad: aquel perito, una
vez realizada la tarea, debió cambiar sus guantes de látex para seguir
manipulando el revólver. Era la única manera de evitar una segura
contaminación.
Podrían explicarse, entonces, un par de fenómenos
comunes desde hace rato en la Argentina: la falta de esclarecimiento en muchos
casos resonantes. Sobre los menos resonantes no hay estadísticas; la marcha
atrás, incluso, en causas con fallos firmes por anomalías en la investigación.
No sería descabellado trazar algún parangón entre estos avatares en torno a la
muerte de Nisman y el fraude repetido en la investigación por el atentado en la
AMIA, impune 21 años después de perpetrado.
Las estadísticas sobre delitos y homicidios son moneda
muy escasa en nuestro país. Pero ciertos datos desperdigados podrían ofrecer
una buena pista. Según el último informe que realizó la Corte Suprema de
Justicia, el 53% de los homicidios dolosos cometidos en la Capital en 2013 no
han podido ser aclarados. Si eso sucede en el distrito de mejor
ponderación, ¿qué cabría esperar de las actuaciones policiales y judiciales en
el interior?
Claro que la muerte de Nisman no debiera ser un
episodio mas. Aunque el desarrollo de la historia amenaza también con colocarla
en esa categoría. Vale un detalle: su muerte ha vuelto a merodear la escena
pública por obra de información rescatada y multiplicada por los medios de
comunicación antes que por una voluntad decidida del sistema político
–kirchnerista u opositor-- o del funcionamiento institucional.
El poder político supo hacer lo suyo. Sólo para
cuidarse las espaldas. Desprestigió la figura del fiscal muerto y casi la
convirtió en la de un maleante. Logró en buena medida, con esa maniobra, que la
gravísima denuncia de Nisman contra Cristina Fernández y Héctor Timerman por
encubrimiento terrorista (por la AMIA y la firma del pacto con Irán) quedara
emparentada en el imaginario colectivo con su controvertida vida personal.
El poder institucional (la Justicia) actuó mayoritariamente
acorde con las necesidades y los intereses políticos del Gobierno. Desde el
juez Daniel Rafecas, que desestimó en primera instancia la denuncia, hasta la
Sala I de la Cámara Federal y la de Casación. Las excepciones fueron los
fiscales Germán Moldes y Gerardo Pollicita, que reclamaron, al menos, que se
cumplieran algunas de las medidas de prueba requeridas por el fiscal muerto.
Frente a este panorama la oposición hizo poco. O hizo
lo que pudo hasta que percibió la esterilidad de sus acciones. ¿Por qué razón
habría que haber aguardado otra cosa de esa oposición ante un tema de semejante
envergadura cuando todavía no ha logrado resolver la ecuación electoral que
arrancará con las primarias de agosto?
El interrogante encierra su lógica aunque la dirigencia
pareciera no terminar de comprender una cosa: su corrimiento del caso Nisman
implica además una falta de soporte para amplios sectores de la sociedad que no
se sienten conformes sólo con las precarias expectativas económicas o las
promesas de un “cambio con continuidad” o una “continuidad con cambio”. De
hecho, el episodio trágico de Nisman no asoma mencionado, con especificidad, en
ninguna de las encuestas conocidas en las últimas semanas. Podría considerarse
implícitamente incluido en el rubro inseguridad, que encabeza con el 47% (según
la consultora de Hugo Haime) las preocupaciones colectivas. En ese guarismo se
computaría también la cuestión del narcotráfico.
En ese contexto, la muerte de un fiscal –por mano
propia u homicidio- que denunció a la Presidenta podría pasar a ser un episodio
mas. No existiría una cabal comprensión global de lo que eso podría
representar.
No existiría, también, si fuera posible atenerse a
otro resultado de aquel trabajo de opinión pública. ¿Cuál? El que muestra que
la ofensiva del Gobierno contra la Corte Suprema casi dividiría las opiniones
sociales. En la muestra, focalizadas sobre Carlos Fayt. La cantidad de personas
que opinan que debería retirarse por su avanzada edad (42%) sería casi idéntica
a las que sostiene que debe continuar en funciones (40%). Resulta más fácil de
este modo entender por qué el kirchnerismo hace lo que hace.
Ayer mismo, la Comisión de Juicio Político de
Diputados, que encabeza la camporista Anabel Fernández Sagasti, insistió con el
pedido de un informe médico sobre la salud de Fayt. La maniobra posee otra
pata. Esa misma Comisión tiene en trámite una solicitud por presunta
falsificación de documentación pública contra los restantes miembros del alto
Tribunal. Es por el trámite que recorrió la re-reelección de Ricardo Lorenzetti
en el cuerpo que también integran Elena Highton y Juan Carlos Maqueda.
El entierro de la muerte de Nisman arrastraría otro
propósito. Que no se ventile aquella firma del Memorándum de Entendimiento con
Irán que carece de cualquier explicación. Aún si se aceptara que la denuncia
del fiscal careciera, en ese aspecto, de los fundamentos necesarios. La única
presidenciable que, de tanto en tanto, vuelve sobre el conflicto es Margarita
Stolbizer. Valioso aunque raquítico frente al peso elefantiásico de la
maquinaria kirchnerista.
