Enrique Avogadro
"La izquierda te da fueros, Ramón"[i]
Néstor Kirchner.
He tomado prestado el título de esta nota de un libro
esencial, de José D'Angelo (El Tatú Ediciones, Bs.As., 2015). Se refiere a los
sesgados derechos humanos en épocas kirchneristas y al enorme negocio montado a
su alrededor para robar dineros públicos.
Para entender de qué se trata, debemos comenzar por
hablar del número mágico: "30.000" desaparecidos. Esa cifra,
atribuida por Schocklender a Hebe de Bonafini y por Luis Labraña a las
organizaciones de propaganda guerrillera, fue un invento de marketing, motivado
en la necesidad de crear una cantidad capaz de justificar los reclamos de los
organismos de derechos humanos (en la Argentina, los muertos en accidentes de
tránsito, sólo en 2014, fueron 7613) y, fundamentalmente, para permitir a éstos
recaudar ingentes fondos en Europa, ya que el verdadero número "no alcanzaba".
En 1984, la CONADEP, encabezada por Ernesto Sábato,
entregó su famoso informe "Nunca Más" al Presidente Raúl Alfonsín; en
él fueron consignadas las denuncias recibidas (8.961) por hechos posteriores al
golpe militar de 1976; en 2006, Kirchner encomendó a su Secretaría de Derechos
Humanos la revisión de lo actuado y la misma, además de alterar el prólogo
original e incluir los hechos desde 1969, redujo la cifra (8.377 desaparecidos
y muertos, de los cuales corresponden 7201 a la época del Proceso).
Ya en octubre
de 1985, la revista Somos publicó que habían aparecido más de ciento cincuenta
personas con vida, que figuraban como "desaparecidos" en el informe
original.
Al inaugurar el "Monumento a las Víctimas del
Terrorismo de Estado", en la Costanera Norte porteña, el fallecido ex
Presidente, a quien tan útil le resultó disfrazarse de defensor de los derechos
humanos tuertos desde su llegada al poder nacional, hizo colocar treinta mil
chapitas, destinadas a albergar el nombre de cada una de las víctimas; hoy, nueve
años después y a pesar de haber retrotraído la fecha de inicio de los hechos y
de incorporar a la nómina hasta guerrilleros que cayeron en combate contra las
fuerzas de seguridad, se suicidaron con las pastillas de cianuro que les
suministraba su organización, les explotaron bombas que preparaban, fueron
fusilados por orden de las enloquecidas cúpulas del ERP o de Montoneros o
murieron en el extranjero, más del 66% de esas chapitas siguen vacías.
Precisamente esos "detalles" son los que
dieron lugar a algunos de los enormes y más indignantes negocios que se
hicieron en estos años con las indemnizaciones -¡casi dos mil millones de
dólares!, que nadie explica- a esas raras víctimas del terrorismo de Estado;
por ejemplo, mientras se pagaban cuantiosas sumas por los asesinos de los
soldados conscriptos durante la tentativa de asalto al Regimiento 29, de
Formosa, en plena democracia (5 de octubre de 1975), se negó todo derecho a las
humildes familias de éstos.
En su libro, D'Angelo realiza un detallado inventario
-probado con enorme cantidad de fuentes de las propias organizaciones
guerrilleras- de algunos de los casos en que se forzó la realidad y se mintió
desde el Gobierno para permitir el pago de cantidades fabulosas de dinero a los
deudos de aquéllos cuya muerte, en modo alguno, puede atribuirse a la represión
de la subversión.
Pero el invento del número mágico ("30.000")
también tenía otro objetivo: lograr la calificación de "genocidio"
para el accionar de los militares; envuelto en ese mito, el Gobierno logró que
el Congreso anulara las leyes de "obediencia debida" y "punto
final", y comenzó a encarcelarlos en prisiones comunes; son más de 2000,
la enorme mayoría ancianos y enfermos, y 300 han fallecido en cautiverio, en un
claro delito de abandono de persona seguido de muerte por el que deberán
responder algún día estos falsos jueces.
Para lograr su propósito, una Justicia cómplice,
genuflexa y corrupta realizó innumerables simulacros de juicios, con testigos
falsos o instruidos al efecto y dictó, en casi todos los casos, sentencias a
prisión perpetua, por ejemplo, por el solo hecho de haber tenido destino
militar en Buenos Aires y pernoctar en alguno de los institutos en los cuales
se detenía a los guerrilleros capturados. He presenciado inclusive algunos ¿juicios?
en los que oficiales que nunca fueron mencionados ni acusados por los testigos
presentados, fueron igualmente condenados.
Cuando hablo de las atrocidades que cometió la
Justicia, me refiero a que se vulneraron todos los principios del derecho: de
ley anterior al hecho del proceso, de inocencia, de la duda en favor del reo,
de jueces naturales, de legalidad, de ley más favorable, etc. Lo importante era
llenar de militares las cárceles a cualquier precio, tanto para defender al
Gobierno ante las acusaciones de desmadrada corrupción como para permitir la
venganza de los derrotados "iluminados" de entonces, muchos de los
cuales se insertaron en estos años en la estructura del Estado.
Si no se trata de genocidio, que conlleva su
imprescriptibilidad (obviamente, por los hechos posteriores a la ratificación
del Estatuto de Roma por cada uno de los estados signatarios) todos los delitos
que se imputaban a los militares han prescripto hace años; Argentina suscribió
el Estatuto sólo en el año 2001, y se convirtió en el 28° país en hacerlo. Por
lo demás, en la medida en que el genocidio debe ser cometido utilizando la
maquinaria de un Estado, la misma calificación les cabe a los guerrilleros, ya
que contaron con el respaldo explícito -en fondos, logística, entrenamiento y
refugio- de Cuba, de Libia, del Líbano, de Vietnam, etc.
Hay otro aspecto relacionado con los miles de miembros
de las fuerzas armadas y de seguridad, y muchos civiles, que aún se encuentran
en las mazmorras de este régimen tan corrupto como no recuerda otro la historia
de nuestro país.
Me refiero a la discriminación a la que son sometidos.
Son los únicos presos para los cuales no rige la "ley del 2 x 1", que
permitía computar doble los días que excedieran de los dos años desde el inicio
del proceso, son los únicos a los que no se les permite estudiar en los
institutos universitarios de las cárceles, son los únicos para los que no rige
el derecho a prisión domiciliaria para los mayores de setenta años; tampoco se
les permite atenderse en los hospitales militares. Es más, no conozco otros
casos en que los imputados sean obligados a asistir a las parodias de
audiencias de testigos en condiciones inhumanas, sea por el marcado deterioro
de las facultades cognitivas, sea por el estado físico en que se encuentran, y
a veces en camilla, por la fractura de la columna cervical, o con aplicación de
suero intravenoso.
Por su parte, Luis Gasulla, autor de "El Negocio
de los Derechos Humanos" (Sudamericana, Bs.As., 2012), había ya descripto
este entramado de relaciones indignantes entre los principales organismos de
derechos humanos -en especial, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y CELS, que
preside Verbitsky- y los Kirchner; así, a cambio de dinero público sin medida y
sin control -recuerde la "nacionalizada" Universidad de las Madres y
los "Sueños Compartidos"- éstos obtuvieron el respaldo que
necesitaban para robar a mansalva e intentar perpetuarse en un proyecto que
sólo la inesperada muerte de don Néstor consiguió evitar, al menos por ahora.
Mientras tanto, Cristina Kirchner avanza contra el
Poder Judicial en su tentativa para evitar un negro futuro penal y, lentamente,
va alcanzando sucesivos éxitos, y los líderes de la oposición se rasgan las
vestiduras por los presos políticos de Maduro, en Venezuela, y nada dicen de
sus homólogos argentinos.
Tal vez algún día, los argentinos podamos darnos una
Justicia independiente, eficaz, competente y rápida; si lo logramos, todo será
posible pero, sin ella, nada lo será.
Bs.As., 7 Jun 15
[i] Respuesta al Senador Ramón Puerta, citada por
Ceferino Reato en "Doce Noches", Ed. Sudamericana, Bs.As., 2015.
