Por Héctor GIULIANO
(27.11.2015)
En materia de
endeudamiento público – al contrario de lo que comúnmente se cree – no existe cambio sino continuidad de la política de gobierno en la Argentina porque la
administración saliente (CFK-Scioli) y la electa (Macri) tenían y tienen un
mismo objetivo de fondo: volver al mercado internacional de capitales para
tomar más deuda externa.
Tanto el fracasado
Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 como la Hoja de Ruta Boudou de 2008 partían
de la base que la reestructuración o refinanciación de la deuda de entonces iba
a permitir aliviar el perfil de vencimiento de las nuevas obligaciones para que
la Argentina pudiera volver a colocar bonos en el exterior.
Pero los errores de
diseño del Megacanje – altas tasas de interés en moneda extranjera, cupones PBI
compensatorios de la quita, aceptación de cláusulas leoninas a favor de los
acreedores y, sobre todo, irresolución del problema de los holdouts – así como
las utopías de la Hoja de Ruta K – idea de arreglos convenientes con los tenedores que no entraron en el canje y con el
Club de París – dieron paulatinamente por tierra con las esperanzas de paliar
el problema financiero insoluble de la deuda pateando siempre los compromisos
para adelante.
Y es así como un
gobierno que asumió signado por una crisis de deuda – por insolvencia y por
iliquidez – termina dejando a su sucesor una nueva crisis de deuda por los
mismos motivos.
CUADRO DE SITUACIÓN
La falta de datos
oficiales confiables en materia económico-financiera dificulta cuantificar los
problemas de la herencia que recibe la nueva administración Macri (inflación,
pobreza/indigencia, monto del PBI/niveles de crecimiento, deuda pública del
Estado Central/Deuda Pública Nacional, etc.) pero pueden identificarse, prima
facie, tres cuestiones centrales e inmediatas:
- La
citada crisis de Deuda - como condicionante total de la política económica
y financiera de gobierno - con el detonante del problema de los holdouts a
la cabeza.
- La
falta de divisas propias en el Banco Central (BCRA), como resultado de la
política de pagos de la deuda externa con reservas internacionales y de la
salida sistemática permitida de capitales.
- La
elevada inflación real existente – con aumento del nivel de precios y distorsión
de los precios relativos – la desactualización de precios/tarifas de
servicios públicos y el retraso cambiario.
El verdadero panorama
y nivel de gravedad de la situación heredada lo dará el acceso a los datos
oficiales, lo que depende no sólo de que se conozcan sino también de que se den
debidamente a publicidad cosa que es particularmente importante en cuanto al
tema de la deuda.
AGENDA DE LA NUEVA
ADMINISTRACIÓN
La lógica y los
tiempos de la Economía son muy diferentes a los de las Finanzas y, en este
momento, los principales y determinantes problemas de la Argentina son
financieros antes que económicos.
En línea con las
acuciantes cuestiones expuestas, la nueva administración Macri va a tener que
tomar medidas urgentes en los tres campos:
- Inicio
de conversaciones de allanamiento – mal llamadas negociaciones – con los fondos
buitre en Nueva York, lo que implica desandar el camino del desacato
ante el fallo Griesa y ponerse en manos del mediador Pollack, que actúa en
la práctica como reestructurador
de una deuda que aumenta progresivamente con el paso del tiempo y con la
aparición del resto de los holdouts (los denominados me too), a los que el juez acaba de incorporar fácticamente en
los reclamos contra nuestro país.
- Recapitalización
del BCRA, dado el vaciamiento de reservas sufrido bajo la administración K,
y la consiguiente reestructuración de su deuda cuasi-fiscal.
- Ajuste
fiscal para atenuar el desequilibrio de las finanzas públicas (fuertemente
determinado por el problema de la deuda y sus servicios), reducción de los
subsidios, estabilidad de precios y tipo de cambio.
Ninguno
de estos puntos de agenda son fáciles de encarar ni predecibles para la acción
de cualquier gobierno pero tanto la extracción político-ideológica de la nueva
administración Macri como la superestructura de poder económico-financiera que
lo sostiene permiten entrever los lineamientos de su planteo al respecto.
PRIORIDADES
DEL NUEVO GOBIERNO
Tanto
el candidato oficialista Scioli como el vencedor candidato opositor Macri venían
sosteniendo – ellos y sus portavoces económicos – una receta común para encarar el problema central del
endeudamiento argentino: tomar más deuda.
La
cuestión de la deuda es el eje central y absoluto de todo lo que ocurre en la
Argentina en materia financiera, económica y política; y las acciones y/o
preanunciadas y/o previsibles para la nueva administración lo demostrarían prontamente:
a) Contacto
inmediato con los holdouts para arreglar la forma de pago a los acreedores – fondos buitre y resto de los me too – lo que conlleva una nueva
reestructuración de deuda después del fracaso el Megacanje 2005-10.
b) Probable
apelación para ello a la variante Gramercy, por el antecedente del pago de
fallos del CIADI contra el país, que fueron triangulados por vía de la compra
de los derechos de las sentencias a los acreedores y luego refinanciación al
gobierno argentino con bonos.
c) Ampliación
del contrato de swap de monedas con China – se habla de unos 20.000 MD – a los
efectos de sostener las reservas del BCRA y cubrir los pagos de servicios de la
deuda en moneda extranjera, sobre todo los pagos derivados de la
aceptación/implementación de la sentencia Griesa.
d) Préstamo-puente
con los mismos destinos, provenientes de bancos internacionales, en la plaza de
Nueva York – presumiblemente liderados por la Banca Morgan (que habría ofrecido
5.000 MD de crédito directo y 10.000 MD como agente de grupos de inversores
financieros) – y preparación de nuevas colocaciones de bonos en moneda
extranjera a mediano plazo.
e) Conversión
progresiva de deuda cuasi-fiscal del BCRA (por Lebac/Nobac) en deuda por Letras
del Tesoro, para traspaso de obligaciones y descarga parcial del altísimo costo
financiero de las letras/notas, que hoy se colocan a tasas del 30 % anual en pesos (y que son las
que fijan el piso de las tasas de las mercado).
f) Conversión
de los atrasos en la entrega de divisas a importadores – que hoy acumulan 9-10.000 MD – en bonos de la deuda pública; lo
que implicaría la triangulación con inversores financieros que compren luego
dichos bonos a los tenedores posesionándose así de esa nueva deuda del Estado.
g) Aceleración
de la toma de deuda externa por las provincias - con la CABA, Buenos Aires,
Neuquén y Mendoza a la cabeza – en el marco del nuevo régimen de toma de deuda
por entidades subnacionales y con el propósito inmediato que las divisas así
obtenidas sirvan para reforzar la posición del reservas del BCRA.
h) Previsible
continuidad en las operaciones de endeudamiento externo, también con fines de
provisión de divisas, por parte de YPF y/u otros organismos nacionales.
i) Forzoso
replanteo de las relaciones financieras Nación-Provincias a la luz del fallo de
la Corte Suprema haciendo lugar al reclamo conjunto de Córdoba, Santa Fe y San
Luis, lo que conlleva una suma incalculable en caso de extenderse al resto de
las jurisdicciones.
j) Atención
del déficit del sistema previsional – actual de la ANSES e incremento con el
desfinanciamiento del 15 % de la coparticipación en momentos en que tiene el 65
% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) prestado al Tesoro en forma
incobrable. Y
k) Cobertura
del déficit fiscal creciente – 140.000 M$ (Millones de Pesos) al 30.9 y que se
estima superará los 200.000 M$ a fin del ejercicio 2015, lo que implica un
aumento adicional del endeudamiento público porque el déficit se cubre con
deuda.
Este
último punto reviste particular gravedad, ya que se entiende que el nuevo
gobierno – por lógica – no podría encarar un severo plan de ajuste fiscal
apenas iniciada su gestión, por lo que debería apelar forzosamente a más
endeudamiento para atender las cuentas inmediatas (sueldos/jubilaciones y
deudas exigibles de proveedores) y sostener la transición hacia reducciones de
recursos por baja de subsidios y aumentos de tarifas en los servicios públicos.
La
deuda es, además, un componente implícito en el sostenimiento de la política
cambiaria porque – pese a sus dichos iniciales – se piensa con fundamento que
la nueva administración Macri no va a poder liberar el cepo y unificar el
mercado cambiario en forma abrupta y en el inicio de su gestión:
- Porque
tales medidas implicarían una devaluación de hecho y – en mayor o menor
medida - el inevitable traslado a precios de la misma.
- Porque
el gobierno necesita mantener un retraso cambiario relativo para poder
pagar servicios de la deuda externa y garantizar los de las nuevas
obligaciones a contraer, siendo que la mayoría de la recaudación fiscal
obviamente está en pesos mientras que los nuevos compromisos y sus
servicios están en moneda extranjera.
- Porque
el retraso cambiario relativo – por devaluación inferior a la inflación
real – es, a la vez, un componente básico de la lucha anti-inflacionaria
como ancla de precios internos y medida en tándem con las altas tasas de
interés locales (hoy del 23-24 % a nivel mayorista Badlar) que garantizan los niveles de
rentabilidad financiero-bancarias (la misma alianza fáctica de la Banca
con la administración K).
El retraso cambiario
y su correlato de altas tasas de interés locales – clave de las altísimas
ganancias financieras por diferencia frente a las tasas internacionales –
continuarían así siendo el eje de la política monetaria, cambiaria y bancaria
de la nueva administración.
Como puede observarse,
todas – absolutamente todas – las acciones clave a desarrollar en el marco de
un replanteo inmediato de la crisis de deuda argentina que deja el gobierno
Kirchner serían así cubiertas con la colocación de más deuda.
Notablemente, la
política de pagos de la deuda externa sostenida a ultranza por la
administración K, el traspaso de la deuda impagable como deuda intra-Estado
(con tendencia a la licuación por impago y/o por sub-indexación), el
vaciamiento de las reservas internacionales del BCRA para cancelar deuda en
moneda extranjera, el aumento de las tasas de interés locales y el creciente
déficit fiscal, son todos factores componentes de la política seguida durante
la llamada década ganada que han
terminado sirviendo al endeudamiento forzoso, presente y futuro, del Estado
Argentino.
CONCLUSIÓN
El gobierno Kirchner
ha batido récords de pago de la deuda del Estado. La presidenta CFK declaró en
Setiembre de 2014 que desde el año 2003 su administración había pagado más de
190.000 MD (Millones de Dólares) en total por servicios de la deuda pública,
fundamentalmente externa y con terceros. Sin contar todavía las deudas
agregadas durante el corriente año 2015.
Estos pagos se
destinaron básicamente a cancelar deuda con terceros – acreedores privados y
organismos financieros internacionales – a costa de la Deuda intra-Estado, es
decir, usando recursos fiscales administrados por el gobierno para traspasar
las deudas impagables al Estado Central.
Tal política de pagos
de la deuda – en el marco de un sistema de deuda perpetua, donde los
vencimientos de capital se refinancian en su totalidad mientras se pagan los
intereses y se toma deuda nueva – tuvo por finalidad desagotar los altísimos niveles de deuda externa que se arrastraban
desde el default de fines de 2001 para volver a contraer más deuda.
Con el agravante que
ese mecanismo de pagos a ultranza seguido hasta sus postrimerías por el
gobierno K – que vivió pagando y
terminó debiendo más de lo que heredó
(178 contra más de 270.000 MD) – se hizo bajo el falso mito del
desendeudamiento.
Pocas veces en la
historia reciente un engañoso discurso oficial sobre la deuda pública ha sido
tan funcional a los intereses de los acreedores financieros del Estado.
