En vísperas de la última
etapa de la elección presidencial, se ha conocido[1] que la alianza “Cambiemos”,
que postula a Mauricio Macri, “se prepara para cubrir 10.000 cargos”. Se estima
que el cambio de gobierno en varias jurisdicciones requerirá el nombramiento
del número citado de funcionarios:
Gobierno
nacional: 2.300
Provincia
de Buenos Aires: 2.500
En
64 Municipios de la Provincia: 3.200
Ciudad
de Buenos Aires: 2.000
Este anuncio confirma lo que
expresamos en otro trabajo[2]: el clientelismo en la
cobertura de cargos públicos, ha desembocado en una dotación notoriamente
sobredimensionada de 3.650.000 empleados en los tres niveles de gobierno. Por
eso, para que el sector público argentino funcione con la eficacia que se
necesita con urgencia para lograr el desarrollo del país, es imprescindible
optar por un servicio civil basado en el mérito.
El nuevo modelo de gestión, deberá quedar reflejado en la legislación;
en la ley de Presupuesto, tendrá que detallarse el número de cargos de nivel
político, que, para el nivel nacional, no debería superar la cantidad de 500
funcionarios, quedando fijada la obligación de cubrir todos los demás cargos
por concurso de antecedentes y oposición.
La cifra indicada bastaría para cubrir los cargos de la
actual estructura superior, ya de por sí excesiva[3]:
Ministros:
17
Secretarios:
73
Subsecretarios:
160
Organismos
descentralizados: 77
Sociedades
del Estado: 26
Total:
353
Para que no parezca
exagerada la propuesta, conviene mencionar antecedentes de otros países:
*En Francia, el número de
cargos excluidos de la carrera administrativa no pasa de 300, incluyendo a los
subsecretarios parlamentarios, los miembros del gabinete de cada ministro, y
parte de los miembros del Consejo de Estado.
*En Gran Bretaña, ese número
se reduce a 100, incluyendo el Primer Ministro y los miembros del gabinete.
*En Japón, el Primer
Ministro sólo puede designar 20 ministros y 4 asesores; los viceministros son
de carrera.
No puede dejar de extrañar
que en los 22 años que el gobierno nacional - desde la restauración
constitucional en 1983- ha estado a cargo del mismo partido que en el presente,
no se haya aplicado la orientación que señaló su fundador:
Contar
con funcionarios estables, de la mayor capacidad, que permanezcan ajenos a los
cambios políticos[4].
