por la expropiación de Aerolíneas durante el
kirchnerismo
Clarín, 22-7-17
Tanto en el Gobierno como en Aerolíneas Argentinas
esperaban que por estos días saliera el fallo del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) sobre la expropiación de
la empresa en 2008. Finalmente, desde Washington llegó una mala noticia. El
Estado fue condenado a pagar US$ 320,7 millones (más intereses) al Grupo
Marsans, último dueño de la firma.
Según el texto del fallo, al que accedió Clarín,
"el demandado incumplió el artículo IV del Tratado al no haber entregado a
las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones".
En la página 397 de las 551 que tiene la resolución
con fecha de despacho ayer, también se hace referencia a “medidas
injustificadas al interferir con los derechos de los demandantes respecto de
sus inversiones” y de “expropiar ilegalmente las inversiones” en cuestión.
El 16 de diciembre de 2008, a las pocas horas de que
el Senado sancionara la ley que declaró "sujetas a expropiación" las
acciones de Aerolíneas Argentinas y Austral, Marsans presentó un reclamo de
indemnización por US$ 1.560 millones de dólares.
Ahora, además de los US$ 320 millones, el tribunal
impuso otros US$ 23,76 millones más intereses a la Argentina en concepto de
compensación por los daños causados por la expropiación. Y US$ 3,5 millones más
para cubrir los costos legales del demandante.
Recién el 9 de enero de 2009, el Gobierno de por la
entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó el decreto 2347, a
través del que designó al Ministerio de Planificación como organismo
"expropiante" de Aerolíneas Argentinas y Austral, y creó una Unidad
Administrativa que "tendrá a su cargo todas las tareas de manejo de la
compañía".
El rol ejecutivo quedó a cargo de Julio Alak y Juan de
Dios Cincunegui, quien ya había integrado la comisión de transición en julio de
2008, en representación del Estado. En ese momento también fueron designados el
ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (UNIREN), Gustavo Simeonoff, y el ex interventor de Racing, Héctor
García Cuerva. Más tarde tomaría el mando de la empresa Mariano Recalde.
La negociación fallida
Entre enero y junio de 2009, la demanda internacional
de Marsans fue la prenda de una negociación entre el grupo español y el
Gobierno. El por entonces ministro de Planificación, Julio De Vido (procesado
en numerosas causas), y ex secretario de Transportes, Ricardo Jaime (preso por
corrupción), se comprometieron a absorber en nombre del Estado parte de un
contrato de compra de aviones Airbus que Marsans había suscripto en 2007.
Jaime llegó a hablar de "entre 30 y 35
aviones", antes de irse del Gobierno, si bien con el correr de los meses
la cifra bajó a 13 aeronaves.
Marsans se habría comprometido en principio a desistir
de la demanda ante el Ciadi y a entregar voluntariamente sus acciones de
Interinvest, la compañía controlante del 95% de Aerolíneas y 98% de la empresa
Austral. Cuando Jaime fue eyectado del Gobierno a raíz de un escándalo
judicial, la negociación con Marsans se cayó definitivamente.
Llegó a haber un encuentro reservado en Madrid entre
el reemplazante de Jaime, Juan Pablo Schiavi -hoy también detenido-, y el
titular de Aerolíneas, Recalde, con representantes de Marsans. Pero en octubre
de 2009, Recalde brindó un informe ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de
las Privatizaciones, y dijo que la negociación con Marsans no había prosperado.
