Mariano Obarrio
LA NACION, 18 DE JULIO DE 2017
En medio del debate por la reducción del déficit
fiscal, el gobierno de Mauricio Macri conserva 9702 empleados públicos en sus
ministerios que les facturan sus haberes a universidades nacionales con la
modalidad de "contratos de asistencia técnica". Cuestan al año $ 2300
millones e implican un aumento de la planta, aunque en forma encubierta.
Según pudo saber LA NACION de altos funcionarios del
Poder Ejecutivo, hasta el 10 de diciembre de 2015 había 15.887. Por impulso del
ministro de Modernización, Andrés Ibarra, se redujeron en un 38,9% y ahora son
9702, pero aún son muchos.
En el sector público nacional, la planta total es ya
de 740.600 empleados. Significa apenas un 0,2% menos que al terminar el
gobierno de Cristina Kirchner, que tenía 742.000 agentes. El Estado
sobredimensionado es el centro del debate por el gasto público, el déficit y la
inflación.
Entre diciembre de 2015 y mayo de 2017 hubo 8369 bajas
y 2184 altas entre los contratos de asistencia técnica con universidades. Los
responsables de esas contrataciones son cada uno de los ministerios en forma
independiente. El gobierno de Macri, así, incorporó más de 2000 empleados
precarizados, porque cobran honorarios bajo el régimen de monotributo, pero
trabajan todos los días y con horarios fijos como si estuvieran en relación de
dependencia.
"Revisamos desde el principio todos los convenios
con universidades y decidimos continuar sólo aquellos que fueron justificados y
dar de baja los otros", aseguró un alto funcionario a LA NACION.
Según diversas fuentes del gabinete nacional, los
haberes de estos contratados no son los más elevados de la administración
nacional: entre $ 24.000 y 26.000 si tienen título universitario y desde 11.000
si no lo tienen. El Tesoro nacional le transfiere los recursos a las
universidades y son ellas, las que les pagan a los empleados monotributistas.
En las facturas figura que prestan servicio a una universidad, pero en realidad
trabajan en un ministerio.
Si bien ningún organismo dijo tener toda la
información centralizada de la masa salarial total, un promedio de los haberes
arrojaría que el Estado nacional le transfiere a las universidades nacionales
involucradas, para pagar esos sueldos, unos $ 180 millones por mes y $ 2300
millones por año.
Esa partida casi equivale a la erogación por las
primarias abiertas (PASO), de $ 2600 millones, aunque éstas se hacen cada dos
años y el gobierno de Macri anunció que quiere derogarlas por ser demasiado
costosas.
Los ministerios que más usan estos contratos son
Desarrollo Social, con 2441 contratos; Energía y Minería, con 1318; el Sistema
Federal de Medios (Jefatura de Gabinete), con 864; Salud, con 824; Presidencia
de la Nación (Sedronar), con 570; Trabajo, con 505, e Interior, con 350.
Estos siete entes representan el 70,8% (6872) del
total de asistencias técnicas. Las demás se encuentran diseminadas en el resto
de la administración.
Las universidades nacionales implicadas son, entre
otras, las de La Matanza, San Martín, Tres de Febrero, de Rosario, de Lanús, de
Córdoba, del Litoral, de Salta, de Cuyo y la UBA, según el relevamiento al que
accedió LA NACION.
Con esa modalidad se incorporan empleados públicos
encubiertos en los ministerios sin cumplir con la ley de empleo público
nacional (25.164): no son planta permanente ni transitoria (funcionarios
políticos) ni están bajo la modalidad del artículo 9 de esa ley, que prevé
contratos por tiempo determinado (6 meses o un año) para servicios temporarios
(aún hay 60.000 contratos que se renuevan todos los años en el Estado).
Para algunos analistas, se usan para aumentar la
planta con jóvenes afines al Gobierno que vienen de la actividad privada, pese
a que muchas veces esas tareas podrían ser realizadas por personal de carrera
existente, según confiaron a LA NACION ex empleados en esa condición.
"No son ñoquis, pero muchos se superponen y hacen
lo que podrían hacer los antiguos empleados de planta", dijo un ex
supuesto "empleado" de una universidad.
En el gobierno de Macri argumentaron que el gobierno
de Cristina Kirchner abusó de esa herramienta para generar empleados sin
funciones administrativas, sino político-partidarias, que hacían
"caja" para recaudar recursos. "Las asistencias técnicas son una
modalidad de contratación transitoria, mediante convenios con universidades,
para proyectos específicos de duración limitada", dijo un vocero de un
ministerio.
"Este método es eficaz, siempre y cuando sea
utilizado para los fines que fue concebido. El gobierno de Macri revisó todos
los convenios con universidades y decidimos continuar sólo aquellos que fueron
justificados y dar de baja los otros", aseguró esa fuente.
