QUE COLONIZAN AL ESTADO
Gerardo Sanchis Muñoz
LA NACION, 13
DE JULIO DE 2017
A nivel internacional seguimos "flojos de
papeles". Si consideramos 2016 un año de transición, estuvimos en 2015
entre los países con más corrupción del mundo -105 sobre 150- según
Transparency International.
El World Economic Forum califica los países según
su nivel de control y sanción de desvío de fondos públicos, pagos irregulares y
sobornos, y relega a la Argentina a la posición promedio 140 sobre 144 países.
Mintz suma las multas acumuladas por la Foreign Corruption Practices Act a
empresas de los EE.UU. condenadas por sobornar funcionarios extranjeros desde
1977: la Argentina lidera el ranking.
Para los que no confían en los números, están las imágenes.
Recordemos la Banelco de De la Rúa, los sobres de la Bonaerense, el bolsito de
Felisa, el maletín de Forza, la valija de Antonini, los bolsones al peso de
Báez Jr., las cajas fuertes y avionetas patagónicas de transporte de caudales:
la progresión geométrica del dinero ilícito interceptado corrobora nuestra
ubicación como una de las principales cleptocracias del planeta.
Se dice que la justicia argentina es blanda con los
que gobiernan. Sin embargo, hace ya año y medio que los Kirchner dejaron el poder.
Acumulan 2160 denuncias, innumerables pruebas y dinero inocultable, y sólo hay
dos ex funcionarios encarcelados, y alguno que otro valijero o testaferro, mal
llamados "empresarios". Sólo un ingenuo puede creer que Fariña,
López, Jaime, o Báez, fueron "cuentapropistas". En Brasil están
presos un centenar de poderosos empresarios, ex ministros y gobernadores,
mientras que aquí ninguno de los verdaderos responsables está cerca de ser
castigado. Peor aún, varios de ellos se pavonean en los medios aleccionando a
la sociedad, postulándose a cargos u ostentando inmunidad parlamentaria.
Cuando Macri reclamó a ciertos dirigentes que dejen de
"decirle cómo gobernar", se estaba denunciando en el fondo algo más
grave: que sectores poderosos de las élites política, industrial, financiera,
sindical, judicial, deportiva, intelectual y social, tienen un acuerdo
implícito para colonizar y controlar el Estado, y garantizarse recursos y
protección. Este "Pacto de la Moncloa de la Impunidad" argentino es
conocido por la academia como neopatrimonialismo, o sistema de apropiación
política del Estado para fines particulares. El eje es la usurpación de cargos
públicos.
Se desplaza a los funcionarios estatutarios (nombrados para aplicar
normas y procedimientos con imparcialidad) para ubicar cómplices del poder, en
la Justicia y en puntos de control y áreas sensibles del Estado. Neutralizados
sus reaseguros legales y administrativos, se convierte en el
"Estado-botín".
Lamentamos que no hay políticas de Estado que perduren
en la Argentina. Sin embargo, hay un "acuerdo" que hace más de
treinta años une a la dirigencia del país: congelar la carrera pública,
degradar los concursos e ignorar el requisito de idoneidad de la función
pública y la autonomía administrativa del Estado. La carrera judicial también
está basada en el favoritismo y el nepotismo, violando abiertamente la
Constitución. La AGN se dota mediante la aberrante pero aceptada práctica del
cupo político. Áreas completas del Estado están cooptadas por los sectores que
deberían controlar. Varias de nuestras provincias son feudos, literalmente, sin
Justicia ni progreso, porque tienen Estados feudales, donde en lugar de jueces
o funcionarios hay vasallos sumisos.
Ninguna plataforma de ningún partido político del
país, ni empresaria o sindical considera estos problemas como prioritarios. El
acuerdo tácito de cúpulas es obvio, porque al politizar los cargos públicos,
los grupos más influyentes de la sociedad capturan al Estado y acumulan poder.
Respaldan a los gobernantes de turno siempre que profundicen la
desinstitucionalización. Así, sin ataduras, pueden desvirtuar la asignación
justa de los recursos, generar prebendas, privilegios, contratos fraudulentos,
subsidios dirigidos, mercados protegidos, negocios ilícitos, clientelismo
social, o fondos desviados, en una espiral de complicidad.
La corrupción ya no es una distorsión indeseada. Es el
objetivo buscado del neopatrimonialismo, que es un fraude a la democracia para
concentrar poder, usufructuar del erario con impunidad, y condicionar la
política cuando ésta busca ser honesta. Es éste el problema. Es estructural, y
si no lo asumimos y actuamos, va a seguir profundizando nuestra decadencia, no
importa quién esté gobernando.
Profesor de la Escuela de Política, Gobierno y
Relaciones nacionales de la Universidad Austral
