¿Espejo de un futuro negro para la Argentina ?
Urgente24, 18-11-13
En México, como antes
pasó en Colombia, el hartazgo con la violencia narco ha generado la formación
de autodefensas ciudadanas, que combaten contra las bandas narcos en diferentes
pueblos del estado de Michoacán. La incapacidad del estado para hacer frente a
las bandas narcos hacen pensar en el distrito mexicano como un estado fallido.
En la Argentina ,
el surgimiento de bandas como Los Monos, Los Garompas o Los Gardelitos y el
aparente desinterés de las autoridades para resolver el problema (recordemos la
falta de radares operativos en el NEA), hacen visible la pregunta: ¿Podrían
desarrollarse autodefensas como las mexicanas o las colombianas pero en la Argentina ?
La formación de
bandas narcos que controlan territorios y realizan operaciones que perjudican
al conjunto ciudadano pueden decantar en una reacción ya observada en otros
países: la organización de autodefensas de ciudadanos armados que cubren los
muchos espacios de inseguridad que el estado tiene desperdigados por el
territorio.
Pasó en Colombia,
está pasando en México y... ¿podría pasar en la Argentina ?
Por lo pronto, la
banda de Los Monos o Los Gardelitos no parece tener la capacidad logística con
la que ya cuentan los cárteles colombianos o las bandas mexicanas, sin embargo,
la posibilidad de que se generen autodefensas armadas contra el narco en la Argentina no son pocas.
David Brunat para El Confidencial, de México, escribe cómo es que está
funcionando la creación de milicias ciudadanas en el estado de Michoacán,
México:
“El sacerdote tocó
las campanas a las 4.45 de la mañana, cuando estábamos siendo atacados. Se
llenaron la iglesia y todos los jardines. El señor cura dijo: ‘Señores, los que
puedan agarrar un arma váyanse a La
Ganadera -que es nuestra base de operaciones- y los que no
quédense aquí a rezar para pedir a Dios que les vaya bien’. No quedó ni un niño
en la iglesia, todos corrieron, incluso mi hija de 14 años llegó nomás con una
escopeta diciendo: ‘Pá, dónde la pongo, Pá’. Eso es el valor del pueblo”,
contaba días atrás José Manuel Mireles, líder del Consejo Ciudadano de
Autodefensas de Tepalcatepec, al narrar uno de los últimos ataques de los
cárteles de la droga contra civiles.
Ese valor del pueblo
es, concretamente, el del estado mexicano de Michoacán, desde febrero levantado
en armas contra el crimen organizado, harto de la desidia e incluso la
participación policial en las extorsiones y los asesinatos, paradigma de estado
fallido en el corazón de México.
Michoacán, paradigma
de estado fallido en el corazón de México, lleva desde febrero levantado en
armas contra el crimen organizado, harto de la desidia e incluso la participación
policial en las extorsiones y los asesinatos.
No se sabe
exactamente cuándo comenzó a fraguarse el desastre pero sí por qué. Como casi
siempre, el negocio de la droga fue el responsable. Michoacán se asienta en la
alargada costa del Pacífico mexicano y ha sido históricamente uno de los
grandes puertos de entrada y salida de mercancías. Su ubicación geográfica
avaló el desarrollo portuario de la región durante el siglo pasado. Su
intrincada orografía, repleta de barrancos y cerros, sumada a un buen clima
para la agricultura (Michoacán es el principal productor de aguacates del
país), pronto llamó la atención del incipiente negocio del narcotráfico.
La cara que da al
océano se convirtió en el lugar ideal para recibir cargamentos de droga procedentes
de Suramérica y de Asia. La cara que da al interior fue el laberinto perfecto
para establecer laboratorios, armar la logística rumbo a Estados Unidos y
extender amplios cultivos de marihuana y amapola a lo ancho de la Sierra de Coalcomán. Tan
atractivo fue el lugar que desde hace 20 años es centro de disputas entre
clanes de la droga, territorio abonado a la extorsión de empresarios, a
asesinatos impunes y al soborno masivo de políticos, policías y altos mandos
del Ejército para que miren hacia otro lado o participen, si gustan, del
festín.
Michoacán, el lugar
donde “no pasa nada” según sus políticos, vuelve a estar hoy en el ojo del
huracán. Por enésima vez la lucha por el territorio entre Los Caballeros
Templarios (escisión de La Familia Michoacana ) y Jalisco Nueva Generación, a
la que se suma la resistencia cuasi heroica de las Policías Comunitarias
integradas por civiles, se ha vuelto a ir de las manos. La nueva escalada
comenzó hace una semana con el incendio de gasolineras y de distintas subestaciones
eléctricas que dejó a 25.000 personas sin corriente, como respuesta de los
cárteles al intento de las autodefensas por recuperar el control sobre
Apatzingán, la capital del valle de Tierra Caliente, epicentro del conflicto.
Varios tiroteos con
armas de alto calibre y continuos asaltos de Los Caballeros Templarios a las
trincheras de la
Policía Comunitaria se han cobrado la vida en los últimos
días de al menos 24 personas. En Apatzingán la gente tiene hoy miedo de salir a
la calle, de ir al trabajo o a comprar. Algunos universitarios han optado por
abandonar el curso a la espera de tiempos mejores, muchos vecinos de otros
pueblos han decidido no acercarse a la ciudad.
Por lo menos 11
presidentes municipales (alcaldes) de Michoacán, además del exsecretario de
Seguridad Pública, han sido señalados por sus presuntos vínculos con Los
Caballeros Templarios
Aunque el Ejército se
ha hecho con el control de los accesos a Apatzingán, nadie sabe hasta cuándo se
van a quedar. “La gente pide la presencia del Ejército, les pedimos que vengan
y sigan apoyando a la población. Es una guerra de baja intensidad, de
constantes ataques en distintos puntos. El pueblo michoacano ya está
acostumbrado a escuchar cosas terribles de muertes y balaceras, pero quien se
está deshaciendo es el estado mexicano, es su responsabilidad”, critica Selene
Vázquez, diputada local del izquierdista Partido de la Revolución Democrática
(PRD) y presidenta de la
Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán.
Igual que hiciera
días atrás en Apatzingán, el Gobierno mexicano tomó el lunes por sorpresa el
control sobre Ciudad Lázaro Cárdenas, al sur de Michoacán, principal puerto del
estado y el cuarto en facturación de todo el país. Efectivos de la Policía Federal
(PF) y del Ejército Mexicano (EM) cesaron y desarmaron a unos 250 agentes de la Policía Municipal
supuestamente corruptos y tomaron el ayuntamiento y las tareas de control sobre
las instalaciones portuarias.
El puerto de Lázaro
Cárdenas es un lugar estratégico para los narcotraficantes y fuente de disputas
violentas, ya que permite expandir a quien lo controle la exportación de
narcóticos y la importación de materia prima para elaborarlos. Tan sólo de
enero a julio de este año, los agentes federales se hicieron con cientos de miles
de toneladas de distintos precursores para la elaboración de drogas,
cargamentos casi todos procedentes de distintos puertos de China, aunque con
banderas de varios países, desde Alemania hasta Liberia.
“Por ahora estamos
tranquilos, pero necesitamos presencia de las fuerzas federales. Ahora toda
gente está con temor de que en cualquier rato lleguen estos cuates a atacarnos
otra vez, la gente no se siente tranquila cuando no están el Ejercito y la Policía Federal ”,
narra Hipólito Mora, miembro del Consejo de Guardias Comunitarias y líder de
las autodefensas de La Ruana.
“Por mucho tiempo se va a necesitar presencia militar en Michoacán, este
problema no se va a terminar en meses sino que se va a tratar de años, porque
estos cuates están muy bien organizados, tienen fuerza todavía. El Gobierno
tiene que echarle ganas”, prosigue Mora.
Política y
narcotráfico, una connivencia ya endémica
Un empaquetador de
limones aseguró al canal de televisión MVS que se ha unido a las fuerzas de
autodefensa harto de pagar hasta 3.600 euros al mes a Los Caballeros Templarios
El temor ciudadano a
quedarse solos al amparo de los ayuntamientos y la policía municipal es
comprensible. Según el diario Los Ángeles Press, por lo menos 11 presidentes
municipales (alcaldes) de Michoacán, además del ex secretario de Seguridad
Pública, han sido señalados por sus presuntos vínculos con Los Caballeros
Templarios. Seis alcaldes pertenecen al PRI; uno a la coalición PRI-PVEM; tres
al PAN y uno más al PRD. Es decir, todo el espectro político mexicano está
representado en la ya endémica connivencia entre políticos, policías y
narcotraficantes. “El narco patrocina con apoyo económico a quienes comulguen
con Los Caballeros Templarios, a cambio de que los apoyen y denuncien a las
policías comunitarias”, dice el diario norteamericano.
Uno de esos políticos
coludidos es Uriel Chávez Mendoza (PRI), precisamente el alcalde de Apatzingán,
uno de los municipios más anhelados y plaza disputada por Los Caballeros
Templarios y Jalisco Nueva Generación. En esa ciudad confluyen todos los
elementos que conforman ese microcosmos de estado fallido: la podredumbre de la
clase política, la toma de los campos fértiles para el cultivo de marihuana, la
fabricación de droga sintética en los cerros, el control sobre el tráfico
marítimo y terrestre, las extorsiones y secuestros a empresarios y a gente poco
cooperadora, la total inactividad de la policía, los cobros “de piso” a
cualquier tipo de negocio, asesinatos, ataques a fuerzas federales y,
finalmente, el surgimiento de grupos de autodefensas al margen de la ley.
Y Apatzingán no es
excepción sino punta de lanza. La revista Proceso reveló esta semana cómo en
2007 hasta 14 alcaldes fueron financiados en sus campañas por el narco, que
luego se cobró los favores disponiendo a su voluntad del control sobre dichos
municipios.
El gran problema
radica en que, aunque se quiera, es casi imposible mantenerse al margen del
narco. Los cárteles imponen cuotas de producción a productores de frutas y a
ganaderos, marcan rutas y horarios a las compañías de taxi y a los
transportistas, extorsionan a los pequeños comerciantes y por supuesto les
cobra a todos ellos un porcentaje de sus ganancias. A los ganaderos, por
ejemplo, el narco les sustrae un peso por kilogramo vendido, según reveló la Asociación de Ganaderos
de Michoacán.
Lo mismo al gremio de
la fruta: un empaquetador de limones aseguró al canal de televisión MVS que se
ha unido a las fuerzas de autodefensa harto de pagar hasta 60.000 pesos al mes
(3.600 euros) a Los Caballeros Templarios. El año pasado un informe aseguró que
la acción del narco provocó pérdidas estimadas en el sector limonero en la
región de más de 130.000 toneladas, alrededor del 70% de la producción, a causa
de represalias por impagos y otras extorsiones. “Si no obedecíamos sus órdenes,
nos quemaban los empaques”, admitió el empresario ahora miembro las fuerzas
civiles de autodefensa.
Varios tiroteos con
armas de alto calibre y continuos asaltos de Los Caballeros Templarios a las
trincheras de la
Policía Comunitaria , integrada por civiles, se han cobrado la
vida en los últimos días de 24 personas.
Incluso la Iglesia se ha levantado
contra una situación insostenible. Fue precisamente una carta abierta del obispo
de Apatzingán, monseñor Miguel Patiño, la que centró la atención del Gobierno
de México y de los medios sobre la tragedia, hasta entonces ampliamente
ignorada o minimizada. “El Estado de Michoacán tiene todas las características
de un estado fallido. Los grupos criminales: Familia Michoacana, Zetas, Nueva
Generación y Caballeros Templarios, principalmente, se lo disputan como si
fuera un botín. (…) Han aumentado los secuestros, los asesinatos, el cobro de
cuotas se ha generalizado y familias enteras han tenido que emigrar por el
miedo y la inseguridad que se está viviendo. En los últimos días se está
obligando a líderes sociales y a las personas en general para que firmen y
pidan que el Ejército y los federales se vayan de Michoacán, y a los comisariados
ejidales (representantes municipales) se les ha amenazado para que vayan ante
el Congreso de la Unión
a hacer la misma petición”, denuncia Patiño.
El obispo ahonda aún
más en la herida: “Los gobiernos municipales y la policía están sometidos o
coludidos con los criminales, y cada vez más crece el rumor que el Gobierno
Estatal también está al servicio del crimen organizado, lo que provoca
desesperanza y desilusión en la sociedad. Hasta la fecha no hemos visto la
efectividad (del Ejército y Policía Federal desplazada), porque no se ha
capturado a ninguno de los capos principales del crimen organizado, aun
sabiendo dónde se encuentran”.
Michoacán es el
primer gran reto del presidente Enrique Peña Nieto en su lucha contra el
narcotráfico, su primer gran operativo. De su capacidad para limpiar el estrato
político y policial del estado y diezmar a los cárteles de la droga dependerá
que los mexicanos confíen en sus tan anunciadas “nuevas estrategias” para
controlar la lacra del crimen organizado, o si bien prolongará el absoluto
desastre de las políticas de guerra a gran escala emprendidas por Felipe
Calderón, su antecesor en la silla presidencial.
