sábado, 2 de noviembre de 2013

QUÉ HACER CON LA OFERTA Y LA DEMANDA DE DROGAS



El Comercial, Formosa, 31-10-13



Frente al incremento del consumo y el tráfico de drogas llama la atención:

• La acefalía de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR);
• Las 14 balas destinadas al gobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti;
• Las investigaciones judiciales en las policías de Santa Fe y de Córdoba;
• El descubrimiento en Sinsacate de 583 kilos de cocaína, seguramente procedente de Bolivia, y el otorgamiento del quinto título de Doctor honoris causa al presidente de ese país, Evo Morales; y
• Que nunca se haya investigado el circuito por el que fluyen los dineros del narcotráfico.
La SEDRONAR, dependencia de la Presidencia de la Nación creada en 1989 (cuando se dictó la ley 23.737 de Estupefacientes), es la responsable de coordinar las políticas nacionales de lucha contra las drogas (reducir su oferta y demanda) y las adicciones.

En diciembre de 2011 se le aceptó la renuncia a su Secretario José R. Granero –un amigo de Néstor Kirchner, contrario a la despenalización de la tenencia de drogas, luego que la Corte Suprema en el caso “Arriola” (25/8/ 2009) declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de drogas para el consumo, y en el marco de una feroz interna desatada por el hoy senador Aníbal Fernández que impulsaba una ley de despenalización. Lo reemplazó el ex canciller Rafael Bielsa que, al asumir, propuso una “reingeniería total” del organismo y expresó su preocupación por el alto consumo del paco. Aprobó su nueva estructura organizativa, disminuyó el presupuesto destinado a publicitar la lucha contra las drogas, y cerró la mayoría de los centros de atención a los adictos. Mientras se trataba de sancionar la ley de despenalización de la tenencia de drogas, lo que contrariaba las fatales consecuencias que en poco tiempo causaba el consumo de paco en las villas de emergencia. Pero el “acuerdo entre Cristina y Francisco”; que según fuentes oficiales, se plasmó en la audiencia que el Sumo Pontífice le concedió a Cristina Fernández de Kirchner, cuando asumió en marzo pasado; archivó la idea de dictar la ley y precipitó la renuncia de Bielsa, el que aún, extrañamente, no fue reemplazado.

Nadie discute que la cocaína viene de Bolivia y la marihuana de Paraguay, pero, también es extraño, que con estos países no se haya intentado acordar algo que lo impida, salvo el incumplido acuerdo que firmó el Ministro de Justicia, Aníbal Fernández en La Paz en diciembre de 2008, con el Gobierno boliviano para luchar contra las drogas y el transporte de las sustancias químicas usadas para fabricar cocaína, y coordinar las fuerzas de seguridad de ambos países para reprimir al narcotráfico, dejando a salvo que la hoja de coca es inofensiva para la salud.
Sin embargo, el ingreso, procesamiento, tránsito y exportación de esta droga es cada vez más intenso, y, a pesar de ello, a Evo Morales, presidente de ese país y ex presidente del Consejo Andino de Productores de Coca y la Confederación de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba, se lo distinguió con el título de Doctor Honoris Causa en las Universidades Nacionales de Córdoba, de Lanús, del Comahue, de Río Cuarto y la Popular Madres de Plaza de Mayo.

En Rosario y en Córdoba se detectaron vínculos entre policías y el narcotráfico, que motivaron la remoción de personal y la cúpula policial. En la provincia mediterránea, además, se descubrieron faltantes de drogas secuestrada por jueces federales. Nadie duda que el atentado contra la vida del gobernador Bonfatti provenga del narcotráfico.No hay investigaciones destinadas a desbaratar el circuito financiero del narcotráfico, las fronteras son una coladera, son muchas las pistas de aterrizaje clandestinas, no hay radares y los kioscos se multiplican debajo de las zapatillas colgadas de los cables.

Habría que crear otra agencia que se ocupe de la demanda y que coordine a los organismos dedicados a la educación, la prevención y la asistencia de la población en general, de los consumidores y de los adictos a las drogas; y que coordine el accionar de los municipios, las provincias, el gobierno federal, las universidades, las iglesias y las ONG dedicadas a estos propósitos. Si no asumimos éste desafío las generaciones futuras, con razón, nos lo van a reprochar.

Jorge Horacio Gentile

Profesor de Derecho Constitucional de las Universidades Nacional y Católica de Córdoba.