La Nación, editorial,
27 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Quien asuma el gobierno el próximo 10 de diciembre
deberá enfrentar una opción crucial para la vida de los argentinos y la ya
deteriorada salud de la República: luchar con decisión contra el narcotráfico,
revirtiendo el gravísimo retroceso producido en los últimos años, o bien
continuar la lenta pero constante entrega del país a los cárteles y bandas de
la droga hasta que éstos terminen por conformar el narcoestado cuyos cimientos ya
se han tendido y lucen cada vez más sólidos.
No se trata sólo de una decisión acerca de qué
política adoptar para luchar contra la delincuencia común y el crimen
organizado, sino de resolver si la Argentina permitirá o no que continúe la
constante captación de agentes y funcionarios de los tres poderes hasta que un
día cobremos plena conciencia de que el régimen republicano y la democracia se
han convertido en meras fachadas al servicio de los zares de la droga.
El fortísimo crecimiento de este flagelo comenzó a
fines de los años 80, se afianzó en los 90 y alcanzó dimensiones de pesadilla a
partir de 2000. Como hemos subrayado en esta columna, el principal responsable
ha sido el kirchnerismo, que ignoró y luego quiso minimizar esta lacerante
realidad en vez de combatirla.
Su pasividad se volvió cómplice del narcotráfico, una
actividad delictiva que trae aparejada una constelación de delitos de suma
gravedad, como el lavado de dinero, la compra de funcionarios y los asesinatos
en las pugnas entre bandas por dominar territorios para la venta de droga, como
lo han sufrido y aún lo sufren Rosario, muchas otras grandes ciudades y vastas
áreas del conurbano bonaerense.
Se vio así la estrecha relación entre el negocio de la
droga y algunos organismos de contralor, como quedó de manifiesto en el caso de
los hermanos Juliá, quienes despegaron con un jet privado desde un aeropuerto
militar, hicieron escala en Ezeiza y luego decolaron rumbo a Barcelona con una
tonelada de cocaína sin que el avión fuera revisado por el personal de la
Aduana en nuestro principal aeropuerto internacional. El caso sólo se descubrió
por la acción de las autoridades españolas.
Se vio también que un ex titular de la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico (Sedronar), José Ramón Granero, se encuentra procesado por no
haber controlado las inusitadas y totalmente desproporcionadas importaciones de
efedrina destinadas al contrabando. Y que otro ex titular del mismo organismo,
el sacerdote Juan Carlos Molina, sostuvo que estaría dispuesto a habilitar
"el consumo de todo", al propiciar un proyecto para la "no
criminalización" del consumo de drogas.
El escándalo de la efedrina, junto con el triple
crimen de General Rodríguez, mostró otra preocupante arista del problema que
nos ocupa: la cada vez más estrecha vinculación del narcodinero con el
financiamiento de la política, que en el caso de la efedrina llegó al máximo
nivel, pues se descubrieron aportes de uno de los involucrados para la campaña
presidencial de Cristina Kirchner.
En esta triste nómina sobresale de manera notoria el
jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, candidato por el oficialismo a gobernador
bonaerense. Se trata de un firme impulsor de la despenalización de la tenencia
y consumo de drogas. A Fernández, quien también ha negado el avance del
narcotráfico, lo persigue el fantasma de su eventual relación con la droga, que
él siempre ha negado.
Últimamente, Martín Lanatta, hombre de confianza suyo
que cumple condena por el triple crimen, expresó que el jefe de Gabinete no fue
ajeno al hecho ni al caso de la efedrina. Antes, investigadores del triple
asesinato -ocurrido en Quilmes aunque los cuerpos aparecieron en General
Rodríguez- habían asegurado que las operaciones no podrían haberse desarrollado
sin la connivencia de lo más alto del Poder Ejecutivo. Para Elisa Carrió, la
primera figura política en plantear la disyuntiva entre República y
narcoestado, "la disputa del negocio (de la droga) fue entre Aníbal
Fernández, alguno de los hermanos Zacarías y probablemente el ex presidente
Néstor Kirchner".
Fernández, quien primero se manifestó a favor y luego
en contra del derribo de aviones que no se identifiquen, cuestionó severamente
la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, de
crear un ministerio de lucha contra el narcotráfico. Su caso más paradigmático
de acción pública respecto del fenómeno del narcotráfico quedó en evidencia
cuando se discutió el proyecto de ley sobre precursores químicos elaborado por
una senadora de su mismo partido, Sonia Escudero. Esta iniciativa, aprobada por
unanimidad en el Senado, fue bloqueada en Diputados por una intervención
directa y personal de Fernández, quien entonces era ministro de Justicia y
Seguridad.
En un testimonio en Diputados en 2008, Granero, en
aquel momento titular de la Sedronar, afirmó que Fernández "remitió un
escrito a los legisladores para que el proyecto de ley continúe en el letargo y
no sea sancionado". Para dar batalla al avance legislativo, Fernández
conformó la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de
Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia
Organizada Trasnacional y la Corrupción, que elaboró un nuevo proyecto de ley
de estupefacientes que el propio Granero calificó de "un garantismo para
defender delincuentes y narcotraficantes" y que, afortunadamente, naufragó
en el Congreso. En declaraciones al diario El Tribuno de Salta, Granero afirmó:
"Escuché personalmente a Fernández mentirle a la Presidenta (al decir) que
en la Argentina no había muertes por sobredosis".
Las afirmaciones de Fernández sobre la Argentina como
mero país de tránsito de la droga, y no de elaboración, chocan con las
abrumadoras evidencias mostradas por organismos y organizaciones nacionales e
internacionales. El informe de la Auditoría General de la Nación titulado
"El Control de Aduanas y de Fronteras" indica que en una década se
descubrieron 159 laboratorios de cocaína, pasta base y drogas sintéticas. Estos
datos van en línea con informes de las Naciones Unidas y con el avance del
paco, que es un subproducto de la pasta base de cocaína. Hace mucho que la
Argentina dejó de ser un país de mero tránsito. Aquí también se fabrican y se
consumen drogas.
Un reciente informe del Observatorio de la Deuda
Social de la Universidad Católica Argentina determinó, a partir de una
encuesta, que sólo en los últimos cuatro años creció un 50 por ciento la
proporción de personas que perciben que se vende droga en su barrio. Del 30 por
ciento en 2010, ese porcentaje creció al 45 por ciento en 2014. Pese a eso, el
kirchnerismo se empeña en negar la realidad.
Esta actitud negacionista y la destrucción de los
mecanismos que recolectan sistemáticamente información estadística sobre el
avance de este fenómeno tienen un denominador común: Aníbal Fernández.
La pasividad e indiferencia del gobierno nacional ante
la droga ha sido palmaria. Si Fernández llegara a constituirse en gobernador de
la principal provincia de nuestro país, se habría dado un paso decisivo para la
conformación de un narcoestado.
