Por Federico Casal
La Nación, 1-9-15
La investigación de las causas de la muerte del fiscal Alberto Nisman exhibe irregularidades, deficiencias y omisiones que no sólo ponen en riesgo el descubrimiento de la verdad, sino que afectan derechos humanos de rango constitucional y ponen en evidencia la ineficacia de un sistema arcaico y selectivo.
A las pocas horas de ocurrido el hecho -y sin respetar el avance la investigación-, voceros de la Presidenta (que había sido denunciada por Nisman), medios de comunicación y hasta el propio jefe de Gabinete aseguraron que el fiscal se había suicidado. Esto implicó una grave intromisión del Poder Ejecutivo en asuntos judiciales, prohibida en el artículo 109 de la Constitución, ya que atenta contra la división e independencia de los poderes de la República.
Al mismo tiempo se inició una feroz campaña de desprestigio de la persona del fiscal fallecido, como si eso pudiera justificar su muerte. En esa campaña no se respetó ni siquiera el duelo de sus hijas, que vieron mancillar el honor de su padre sin que éste pudiera defenderse ni hacerlo ellas, por su corta edad y la evidente disparidad de fuerzas. Si bien Nisman fue la víctima inmediata del hecho que se investiga, sus hijas también lo fueron, y continuarán siéndolo hasta que alguien les dé una explicación creíble de lo que sucedió. Sin embargo, una investigación lenta e ineficiente también priva a las menores de sus derechos constitucionales de conocer la verdad y acceder a la justicia, contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos incorporada a nuestra Constitución. En ese sentido, esta investigación nació viciada.
Las deficiencias se iniciaron con la falta de preservación y consecuente contaminación de la escena del hecho. Todos pudimos ver por televisión cómo los investigadores chapoteaban en la sangre que cubría el piso del baño en el que Nisman fue hallado muerto. En esas imágenes también se observa un número inapropiado de personas en el lugar. Recientemente, un testigo presencial que pertenece a una fuerza de seguridad estimó que en el departamento no había menos de cincuenta personas, algo así como todos los pasajeros de un colectivo completo.
Aquellas desprolijidades fueron sólo el comienzo. Hubo tantas omisiones e irregularidades posteriores que la jueza interviniente, en muchas de las más de cincuenta intervenciones que tuvo en el sumario, debió corregir a la fiscal Fein gruesos errores de procedimiento e impartirle serias advertencias para que no volvieran a suceder.
Lo más llamativo en una causa de semejante envergadura es que la fiscal haya actuado sin la ayuda que el caso necesitaba por parte de la Procuración General. Si no la pidió, allí surge el pecado original. Si la pidió y no se la dieron, es más grave aún.
La escasez de medios humanos y técnicos asignados a esta causa contrasta enormemente con los dedicados a la investigación, muy loable por cierto, de carácter patrimonial en los que el Estado tiene interés. En estos casos se han creado secretarías y fiscalías especiales. Se ha dotado a la AFIP de modernos recursos y se ha aumentado su nómina. Se han creado juzgados especializados en evasión tributaria y se asignan cuantiosos recursos a la capacitación de sus empleados y funcionarios en cursos en el país y en el exterior. Es decir, cuando el Estado quiere investigar, puede hacerlo y lo hace bien. Pareciera entonces que le importa poco la muerte de un fiscal que estaba amenazado por investigar el atentado terrorista más grave de la historia del país.
De otro modo no se entiende cómo la investigación se sigue realizando con los mismos recursos y con el mismo régimen procesal que se aplica, por ejemplo, a la denuncia de la sustracción de un automotor cometido en la vía publica por autores desconocidos.
En el acto de homenaje a las víctimas del atentado contra la AMIA llevado a cabo el último 17 de julio, Iara Nisman (que tiene 15 años) entregó una carta en la que decía: "Por más que mi dolor sea más reciente, entiendo y comparto el largo camino de búsqueda y sufrimiento que ustedes llevan hace 21 años. Porque vi lo mucho que mi papá trabajó para que se haga justicia y escuché de él los detalles e historias de familias detrás del atentado. Tanto mi hermana Kala como yo les pedimos que nos acompañen y ayuden a encontrar la verdad sobre lo que pasó con mi papá, sea cual fuere".
La verdad, sea cual fuere. Un derecho fundamental que sería imposible de ejercer sin una tutela judicial efectiva. Lamentablemente, cada día que pasa y cada error que se suma hacen que ella se aleje un poco más. No sólo en el caso Nisman, sino también en todos aquellos casos anónimos que dependen de un sistema de investigación de causas penales obsoleto, que se debe cambiar y actualizar para poder cumplir con el mandato de "afianzar la Justicia" contenido en el Preámbulo de nuestra Constitución.
Abogado penalista, querellante en la causa por la muerte de Nisman.
