Los obispos buscan denodadamente que los fieles aporten tiempo, talento y dinero al sostenimiento del culto católico, mientras el gobierno analiza desempolvar un proyecto para crear un impuesto voluntario y contribuir al financiamiento de los credos reconocidos por el Estado.
A diez años del lanzamiento de la campaña de concientización y reforma económica, desde la Conferencia Episcopal Argentina admiten que los resultados “no son los esperados, aunque se percibe un crecimiento numérico y de responsabilidad” tanto en sacerdotes como en la propia feligresía.
Fuentes eclesiásticas consultadas por DyN reconocen que es “difícil” echar por tierra la creencia popular de que la Iglesia “tiene mucha plata” o es “sostenida por el Estado”. Por este motivo, los obispos insistirán en febrero en su llamamiento a “poner dones y bienes materiales al servicio de la obra evangelizadora, especialmente a favor de los más desprotegidos, pobres y sufrientes”.
A pesar de que la propuesta eclesiástica no conlleva renunciar a los casi 15 millones de pesos anuales que recibe del Estado nacional, cifra que aseguran equivale al 7 por ciento del presupuesto que maneja el Episcopado [$ 215 millones], la cuestión es motivo de un fuerte debate interno.
La mayoría de los obispos considera que “todavía no es momento” para prescindir de ese dinero, aunque cada vez más prelados estiman que al hacerlo se ganaría en “independencia” y “autoridad moral”.
Según el Consejo Episcopal de Asuntos Económicos, ese aporte estatal al sostenimiento del culto constituye una “obligación constitucional”, que supo llegar con atrasos de hasta seis meses y que recién se puso al día y hasta se aumentó durante la administración de Néstor Kirchner, a pesar de la tensa relación. Esa partida se destina a la asignación para obispos y obispos eméritos -equivalente en promedio al 80 por ciento de la remuneración de un juez de primera instancia- a mantener parroquias de frontera, a solventar gastos de los seminaristas mayores y para pagar jubilaciones de unos 70 sacerdotes retirados.
A esta contribución directa se suman los aportes a los colegios confesionales, las partidas sin declarar provenientes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y otras indirectas por exenciones o desgravaciones impositivas, ya que los credos reconocidos no pagan Ganancias o el impuesto Inmobiliario por sus lugares de culto, aunque sí los servicios (luz, gas, teléfono).
En tanto, en despachos gubernamentales se evalúa retocar un viejo proyecto tendiente a que cada ciudadano -como ocurre en España o Italia- opte “libre y democráticamente” por destinar una porción de los impuestos que paga a una entidad de bien público, incluidas como tales la Iglesia católica y demás credos. Fuentes parlamentarias vinculadas al kirchnerismo revelaron a DyN que la iniciativa consiste en la cesión de un porcentaje del impuesto a las Ganancias del voluntario, teniendo como máximo posible e l5 por ciento del importe neto anual.
En el caso de la Iglesia católica, la propuesta legislativa prevé además que de no alcanzarse el 0,020 por ciento del Presupuesto nacional vigente, el Estado deberá hacerse cargo de la diferencia, a fin de garantizar el cumplimiento del artículo 2 de la Constitución Nacional, sin necesidad de modificarla.
(Fuente: DyN, Guillermo Villarreal; La Mañana de Córdoba, 26-1-08)
A diez años del lanzamiento de la campaña de concientización y reforma económica, desde la Conferencia Episcopal Argentina admiten que los resultados “no son los esperados, aunque se percibe un crecimiento numérico y de responsabilidad” tanto en sacerdotes como en la propia feligresía.
Fuentes eclesiásticas consultadas por DyN reconocen que es “difícil” echar por tierra la creencia popular de que la Iglesia “tiene mucha plata” o es “sostenida por el Estado”. Por este motivo, los obispos insistirán en febrero en su llamamiento a “poner dones y bienes materiales al servicio de la obra evangelizadora, especialmente a favor de los más desprotegidos, pobres y sufrientes”.
A pesar de que la propuesta eclesiástica no conlleva renunciar a los casi 15 millones de pesos anuales que recibe del Estado nacional, cifra que aseguran equivale al 7 por ciento del presupuesto que maneja el Episcopado [$ 215 millones], la cuestión es motivo de un fuerte debate interno.
La mayoría de los obispos considera que “todavía no es momento” para prescindir de ese dinero, aunque cada vez más prelados estiman que al hacerlo se ganaría en “independencia” y “autoridad moral”.
Según el Consejo Episcopal de Asuntos Económicos, ese aporte estatal al sostenimiento del culto constituye una “obligación constitucional”, que supo llegar con atrasos de hasta seis meses y que recién se puso al día y hasta se aumentó durante la administración de Néstor Kirchner, a pesar de la tensa relación. Esa partida se destina a la asignación para obispos y obispos eméritos -equivalente en promedio al 80 por ciento de la remuneración de un juez de primera instancia- a mantener parroquias de frontera, a solventar gastos de los seminaristas mayores y para pagar jubilaciones de unos 70 sacerdotes retirados.
A esta contribución directa se suman los aportes a los colegios confesionales, las partidas sin declarar provenientes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y otras indirectas por exenciones o desgravaciones impositivas, ya que los credos reconocidos no pagan Ganancias o el impuesto Inmobiliario por sus lugares de culto, aunque sí los servicios (luz, gas, teléfono).
En tanto, en despachos gubernamentales se evalúa retocar un viejo proyecto tendiente a que cada ciudadano -como ocurre en España o Italia- opte “libre y democráticamente” por destinar una porción de los impuestos que paga a una entidad de bien público, incluidas como tales la Iglesia católica y demás credos. Fuentes parlamentarias vinculadas al kirchnerismo revelaron a DyN que la iniciativa consiste en la cesión de un porcentaje del impuesto a las Ganancias del voluntario, teniendo como máximo posible e l5 por ciento del importe neto anual.
En el caso de la Iglesia católica, la propuesta legislativa prevé además que de no alcanzarse el 0,020 por ciento del Presupuesto nacional vigente, el Estado deberá hacerse cargo de la diferencia, a fin de garantizar el cumplimiento del artículo 2 de la Constitución Nacional, sin necesidad de modificarla.
(Fuente: DyN, Guillermo Villarreal; La Mañana de Córdoba, 26-1-08)
