Carlos Acuña
Es indudable el valor de la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) para el mejoramiento de las políticas públicas. Estas organizaciones interpelan, asesoran y controlan a los poderes gubernamentales. En el pasado dictatorial su defensa de derechos mostró fundamentales aportes.
Sin embargo, una suerte de populismo societalista idealiza a la sociedad civil como bella, justa y a sus organizaciones como eficientes y entregadas al bien común, valoración usualmente contrapuesta a la ineficiencia, egoísmo y corrupción burocrática que se sospecha del Estado y las organizaciones políticas.
Las conclusiones del análisis que ha venido desarrollando “Iniciativas para el fortalecimiento democrático y social” -una alianza de San Andrés, Flacso y CELS- acentúan que la sociedad civil se ve cruzada por intereses e ideologías en pugna. Es más una arena de acción que un actor colectivo. Las OSCs tienden a desplegar desconfianza frente a la política y el conflicto social, aislándose de otras expresiones colectivas de la sociedad civil (como sindicatos o grupos con identidad ideológico-partidaria).
Su análisis organizacional además revela un corte entre una gran mayoría con importantes debilidades de recursos, poca sustentabilidad, poca capacidad de análisis y acción estratégica y franca dependencia de liderazgos individuales. En contraposición, la minoría que cuenta con capacidades institucionales para destacarse por su positiva incidencia sobre el accionar público, termina encubriendo la generalizada debilidad institucional del resto. En definitiva, gran parte de las OSCs se ven apegadas al corto plazo, con serios problemas de supervivencia y de dependencia de pocas fuentes de apoyo.
Finalmente se destacan los dilemas sobre qué intereses, principios o actores representan las OSCs. OSCs portavoces de intereses de los pobres sin participación de los propios pobres ejemplifican este tipo de dilemas. Otro ejemplo es el positivo papel contramayoritario que cumplen defendiendo derechos de individuos o grupos que concentran la ira de mayorías. Esta tensión para las OSCs es, por su naturaleza, ineludible y genera una zona de claroscuros que abarca desde la legítima defensa de derechos violados por políticas inconstitucionales, hasta la peligrosa tentación de asumir superioridad moral frente a gobernantes y preferencias mayoritarias, desestimando la legitimidad democrático-electoral que usualmente sostiene al accionar gubernamental.
En los extremos de esta desestimación (poco democrática y observable en países como Perú), las OSCs se presentan como reemplazo de los partidos políticos como canales de la representación democrática.
Fortalecer la participación y capacidad de incidencia de la sociedad civil para mejorar políticas públicas demanda tomar distancia de apologías ciegas.
No toda la sociedad civil es bella (los skinheads nazis del Parque Rivadavia y el Ku-Klux-Klan son también actores de la sociedad civil). No todo accionar estatal está movido por un ánimo autoritario y excluyente: muchas veces es el Estado el que lidera estrategias de inclusión social y política que fortalecen la autonomía de la sociedad.
Muchas veces son alianzas entre el Estado y OSCs nacionales las que destraban tercos equilibrios autoritarios de poder provincial/local.
(Clarín, 15-1-08)
