del artículo 27 bis de la Ley de Pesca viola
la Constitución
Por César Augusto
Lerena
Informador
Público, 26-1-24
El 28 de mayo de
2008 se sancionaba la Ley 26.386 que, se incorporaba como artículo 27º bis a la
Ley Federal de Pesca 24.922 que, en términos generales, limitaba las
operaciones pesqueras dentro de las aguas bajo jurisdicción de Argentina a
quienes no tuvieran un permiso de pesca otorgado por la Autoridad de Aplicación
y/o tenían algún tipo de relación jurídica, económica o de beneficio directo o
indirecto con quienes realizan explotaciones sin este permiso, de aplicación a
todo tipo de nacionalidad de las embarcaciones; pero, muy particularmente a
quienes pescaban y pescan con licencias ilegales otorgadas por los isleños
británicos de Malvinas que, en promedio se llevan, según las estadísticas
publicadas por el gobierno ilegal de las islas, unas 250.000 toneladas anuales
de productos pesqueros, dañando la economía argentina; afectando todo el
ecosistema pesquero de la Zona Económica Exclusiva Argentina; causando un
deterioro de medio marino y atentando contra la soberanía nacional. Buques con
licencia ilegal de Malvinas podrían pescar en el resto de las aguas bajo
control argentino y viceversa, provocando la más grave apropiación de recursos
argentinos por parte de extranjeros y el más absoluto desorden en la
administración pesquera del Atlántico Suroccidental.
La derogación o
sustitución del Artículo 27º bis por el Artículo 215º (ex 247º) de la Ley
Ómnibus, además y, centralmente, viola la Disposición Transitoria Primera de la
Constitución.
Un reconocido
jurisconsulto, experto en derecho internacional manifestó: “Teniendo en cuenta
los contenidos del artículo 27º bis, se observa que la Argentina está facultada
a aplicar sanciones a empresas que tengan una relación societaria con empresas
que pescan ilegalmente en las aguas jurisdiccionales argentinas, por ejemplo,
las empresas con licencias ilegales de los isleños británicos en Malvinas. El artículo
27 bis, fue un paso muy positivo para Argentina, porque está en línea con lo
que establece la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional,
que es procurar recuperar el ejercicio pleno de la soberanía respecto Malvinas,
Georgias y Sándwich del Sur y los espacios marinos correspondientes. Derogar
esas facultades implica un grave retroceso, por lo tanto, es incompatible con
el contenido de la citada Disposición Transitoria, porque facilitará el
ejercicio ilegal británico al otorgar licencias de pesca” (24/1/2024).
Nosotros
entendemos, que se trata de un plan destinado a debilitar los derechos
argentinos sobre Malvinas; teniendo en cuenta incluso, que no hay razones
económicas ni las habría que puedan justificar tal desatino que, por el
contrario, perjudicaría los intereses económicos y sociales argentinos, incluso
los de las empresas nacionales de capital extranjero radicadas en el territorio
continental argentino.
Salvando honrosas
excepciones, las políticas de los gobiernos en los últimos 50 años respecto a
la recuperación de las Malvinas han sido ruinosas para la Argentina. Una de
estas excepciones, fue la aprobación en 1994 de la Disposición Transitoria
Primera de la Constitución Nacional que reza: «La Nación Argentina ratifica su
legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por
ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos
territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de
sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional,
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino».
El Reino Unido de
Gran Bretaña (RUGB) siempre consideró un escollo insalvable esta Disposición y
así, lo dejó de manifiesto en el Pacto de Foradori-Duncan de 2016 en el que se
estableció como principal objetivo «remover todos los obstáculos que limitan el
crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas»;
mientras tanto, los sucesivos gobiernos, por acción u omisión, permitieron
pasivamente o con meras reclamaciones inconducentes, los sistemáticos avances
territoriales y de explotación de los recursos por parte de los británicos e,
incluso el gobierno saliente, hizo la mise en scene “que parezca que nos
ocupamos”. Las acciones distorsionaron la letra y el espíritu de la citada
Disposición: La “legítima e imprescriptible soberanía” y el “objetivo
permanente e irrenunciable del pueblo argentino” y no debieron limitarse a la
declamación y reclamación; al pedido de apoyo a terceros y a la cooperación
unilateral en favor de los invasores. Está claro: se vació de contenido la
cláusula constitucional surgida de la mayoría de los argentinos.
No queremos
referirnos al pasado, sino más bien al oprobioso presente de la “Cuestión
Malvinas”; pero, deseamos decirles a los responsables de la frustrante etapa
concluida, que en lugar de remitir “Informes de Coyuntura de Política
Exterior”, típicos de los derrotados y responsables del hoy, que escriben desde
los escritorios odas del sin sentido y la desvergüenza. Sería bueno que se
llamen a silencio y vivan en la oscuridad que les asigna el fracaso, no solo de
la derrota, sino de la incapacidad para diseñar una estrategia y llevar una
política que permita caminar hacia la recuperación argentina de los espacios
marítimos y los archipiélagos invadidos por los británicos que tanta
desesperanza causan a los argentinos.
Dictaron una ley
para la creación de un Consejo al que no se le cayó una sola idea; otra, para
aumentar la sanción a los buques que pescan ilegalmente y, no aplicaron una
sola sanción a los buques que pescan en el territorio marítimo argentino de
Malvinas; no derogaron los Acuerdos de Madrid y “trabajaron” con muchos de los
autores intelectuales de estos ignominiosos acuerdos. Como refiere Montesquieu
“Cuando en el reinado, existen más facilidades para hacer la corte que, para
cumplir con el deber, todo está perdido” y, recordando a Ithacar Jalí: “En la
tauromaquia los avisos son tres, al cuarto se llevan el toro al corral” sería
justo, un merecido y oportuno retiro, antes que los desencantados les reclamen
una razonable rendición de cuentas.
Por el contrario,
quienes llegaron en estos días al Palacio saben lo que hacen, no impostan.
Se abrevan en
aquellos 17 argentinos que hace 12 años reclamaban una revisión de la política
del gobierno sobre “el conflicto” de Malvinas y, donde, “uno de los ejes
centrales de la propuesta era que el gobierno adoptase una posición que tenga
en cuenta el principio de autodeterminación de los isleños” (La Nación,
23/2/2012) y además buscaban adhesiones en alternativamalvinas@gmail.com; es
decir, invitaban a desconocer las Resoluciones de las Naciones Unidas 1514
(XV), 2065 (XX), 31/49, 37/9 y la propia Constitución Nacional. Estos opinantes
despreciaban las cuestiones relativas a la soberanía nacional y entendían que
«la afirmación obsesiva del principio “las Malvinas son argentinas” y la
ignorancia o desprecio del avasallamiento que éste supone debilitan el reclamo
justo y pacífico de retirada del Reino Unido y su base militar, y hacen
imposible avanzar hacia una gestión de los recursos naturales negociada entre
argentinos e isleños». Es decir, no respetan la legislación nacional e
internacional reconocida y les preocupa más la retirada pacífica de los
militares británicos y las cuestiones mercantilistas de negociar con los
isleños británicos la utilización de los recursos de Malvinas que son
argentinos. La descalificación de “patrioterismo” a quienes tenemos la posición
de sostener los derechos argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich
del Sur, respaldada en los preceptos de la Constitución Nacional y el derecho
internacional aplicable, habla por sí misma y, entendemos, que este tipo de
opiniones, de personas influyentes, son en gran parte el motivo de los fracasos
de nuestro país. No obstante, es muy interesante conocer, a quienes, dentro de
la Argentina, tienen una mirada distante a la mayoría de los argentinos. Este
tipo de personajes estuvieron presentes en todas las grandes gestas de la
independencia y en las distintas etapas de la vida política del país. La
mayoría de los problemas que sufre la Argentina no se originan solo en las
apetencias de terceros países, sino en la incapacidad e intereses a los que
responden nuestros gobernantes y distintos factores de poder, entre los que se
encuentran.
En línea con los
17, éramos pocos y apareció Sabrina Ajmechet, historiadora y diputada por la
ciudad de Buenos Aires por el PRO, quien escribió en sus redes sociales: “las
Malvinas no existen. No son ni nunca fueron argentinas. Las Kalkland son de los
kelpers. La creencia de que Malvinas son argentinas es irracional, es
sentimental” (Ambito, 25/7/2021). Son verdaderamente notables estas
afirmaciones de una diputada de la Nación y, aún más notable, la tolerancia del
Congreso de la Nación para tomarle juramento a semejante transgresora de la
Constitución Nacional.
Luego, Diana
Mondino, la economista, directiva del Banco Roela y entonces candidata a
Canciller de la República “brindó una entrevista directa a un medio británico y
allí aseguró que Javier Milei respetará el derecho de los isleños” (Urgente 24,
13/9/2023) y luego, ante el rechazo general que provocaron estas declaraciones,
incluso entre los votantes de LLA, trató de aclararlas, dejando más certezas
que dudas sobre su posición: “Nosotros decimos que la soberanía de la Argentina
sobre Malvinas es absolutamente legítima. Y hasta tanto no se llegue a algún
tipo de acuerdo, Argentina va a mantener esa postura. No importa lo que yo
quisiera está en la Constitución”. “La cordobesa aseguró que el reclamo seguirá
vigente en tanto y en cuanto la Constitución así lo indique. “No me voy a
apartar de la Constitución. Esa es la parte que para mí no tiene cuestión de
ideología ni de pensamiento” (Pulxo 95.1). “Además, profundizó sobre sus dichos
y destacó, que su referencia era respetar los derechos de los isleños como
argentinos” (Urgente 24, 13/9/2023) y resaltó “Si creemos que las Malvinas son
argentinas, los que han nacido en suelo argentino son argentinos, ¿cómo podrían
no tener derecho un argentino, me podés explicar eso?”. Se lo explicamos señora
Canciller, los isleños, kelpers implantados por el mismo Reino Unido que les
permitió ser británicos en 1983 y, lo han ratificado por unanimidad en el 2013.
No son parte, según las Resoluciones de las Naciones Unidas, no hay tal derecho
a la autodeterminación, sino que la posición defendida por la Argentina desde
siempre, es la de la integridad territorial y, su posición personal -que nos
queda muy clara y en línea con los referidos 17 argentinos- no puede sostenerse
desde la máxima responsabilidad de las Relaciones Exteriores de la Argentina.
Sus explicaciones de extrapolación, etc. se chocan con sus clarísimas
declaraciones y explicaciones precedentes.
Si algo faltaba,
la reciente designación como embajador en Chile del ex Canciller Jorge Faurie
-autor junto a Susana Malcorra del Pacto Foradori-Duncan citado- es altamente
preocupante, por cuanto, es precisamente con Chile, junto a Uruguay, con quien
deberíamos trabajar y acordar una posición común en las cuestiones relativas a
los derechos argentinos en los archipiélagos, las aguas y la Antártida, para
bloquear la posición británica, que en la actualidad ocupa y explota 1.639.900
Km2 de territorio marítimo argentino, además de disputar 1.430.367 Km2 de
nuestra plataforma continental extendida y otros 2.426.911 Km2 del territorio
Antártico y de las aguas correspondientes. Nos preguntamos, si desde este
lugar, va eliminar todos los escollos para que las Malvinas se desarrollen.
Habrá que reformar
el artículo 214 del Código Penal. La Causa Malvinas, no es una cuestión en la
que podamos poner en duda la pertenencia ni el objetivo, que ya está
perfectamente definido en la Constitución Nacional. Podremos, en todo caso,
discutir la estrategia y la táctica para el logro del objetivo declarado en la
Carta Magna; pero no caer en el absurdo, como en la derogación del Artículo 27º
bis de la Ley 24.922 facilitando los intereses británicos.
* Artículo
publicado por Agenda Malvinas