Maia Jastreblansky
LA NACION, 23 DE JULIO DE 2016
"Personas que cobraban un sueldo y no iban a
trabajar", "militancia soportada por el Estado" y
"duplicación de tareas". Ésos fueron las tres causales con las que el
Gobierno justificó este año la desvinculación de 10.662 empleados públicos en
23 ministerios y dependencias estatales.
La etapa de rescisión de los contratos ya terminó en
todos los organismos y ahora se pasará a un proceso de "jerarquización del
empleo público", señalaron fuentes oficiales a LA NACION.
De una revisión preliminar del Gobierno en las áreas
de recursos humanos de las dependencias estales surgió que unas 5300 personas
(49,7% del total) no asistían a su lugar de trabajo o no cumplían su función.
Se trataría, así, de lo que comúnmente se denomina "noquis".
El punteo de casos elocuentes al que accedió LA NACION
abarca solamente una parte de todo el universo de despedidos, pero es
ilustrativo de los criterios que fueron tenidos en cuenta por la gestión de
Mauricio Macri a la hora de determinar las desvinculaciones, que representaron
un 5% del total de la administración nacional. Se estima que el ahorro en gasto
público por las bajas ascenderá a unos 2800 millones de pesos para fin de año.
El Gobierno, no obstante, tuvo que dar marcha atrás
con algunos despidos. En principio, las desvinculaciones eran 10.921, pero el
Poder Ejecutivo reincorporó a 259 personas tras una revisión de sus casos.
Esos empleados lograron que se reconociera que habían
sido apartados sin justificación y volvieron a sus puestos. En el Ministerio de
Cultura fueron reincorporadas 200 personas, mientras que en la Biblioteca
Nacional volvieron a su cargo 22 empleados; en el Indec, 20; en el Inadi, 13, y
en Fabricaciones Militares, otros cuatro.
Dentro del grupo que según el Gobierno percibían un
sueldo y no se presentaban en su lugar de trabajo se pueden contabilizar, al
menos, 2060 despidos. En este apartado fueron ubicados 30 trabajadores del
Indec "que en los sistemas de presencia registraban un promedio de dos
horas por día". Otro de los ejemplos fue en la cartera de Justicia, donde
se contabilizó que había 50 personas que vivían en otras provincias y nunca
habían "fichado" en el ministerio. En la Secretaría de Comercio, en
tanto, la gestión de Miguel Braun desvinculó a 130 personas que habían sido
contratadas por Guillermo Moreno aunque "no desempeñaban tareas
específicas". Un número similar de supuestos "ñoquis" fue
despedido de la entidad Binacional Yacyretá.
El caso más elocuente fue el que se registró en el
Senado. La nueva gestión contabilizó que 2000 personas fueron pasadas a planta
permanente por Amado Boudou en 2015 sin aparente justificación. "No existe
espacio físico ni para 1000 personas en la Cámara alta", señaló el memo.
Gabriela Michetti, en un primer momento, ordenó 2035 rescisiones, pero luego
615 casos debieron ser reconsiderados, por lo que se registró un saldo de 1420
bajas. Entre ellas, el caso de una persona que había sido contratada con una
identidad falsa (tras haber robado y adulterado un DNI) y otro empleado que
vivía en Australia.
En un segundo apartado, el informe puntualizó cuatro
ejemplos de "militancia soportada por el Estado", que sumaron al
menos 1600 despidos. En el Instituto Malbrán fueron desvinculadas 200 agentes
públicos que, para el Gobierno, sólo "militaban en movimientos
sociales". En el mismo grupo fueron catalogados los 600 contratos no
renovados en el Centro Cultural Kirchner, a pesar de que muchos de los
despedidos hicieron marchas con la consigna "No somos ñoquis" y
reclamaron que sus CV fueran evaluados.
Con el rótulo de tarea política sin funciones
específicas también figuró el de la Biblioteca Nacional, donde -según la
gestión actual- Horacio González tenía contratadas a 240 personas únicamente
para "realizar tareas de militancia política de la anterior gestión".
En el Hospital Posadas, en tanto, se consideró que había 644 personas que
"no eran profesionales de la salud ni tenían tareas asignadas".
Como tercer causal de despido, en tanto, se consideró
la "duplicación o ausencia de tareas". Dentro de este grupo, fueron
considerados 1632 casos paradigmáticos, aunque existieron más. En la Secretaría
de Comunicación Pública, por ejemlo, se contabilizó que había 500 personas
contratadas para el espacio físico de tres oficinas. En la cartera de Hacienda
y Finanzas fueron apartadas 97 personas porque se consideró que no cumplían con
ningún deber.
En el Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (Orsna) fueron identificadas 35 personas "sin funciones
asignadas", mientras que se identificaron en otras dependencias casos de
"10 telefonistas para un teléfono", de "10 personas con función
de fotocopiado para una sola máquina" o de "30 empleados para hacer
un clipping de noticias". Otros casos puntuales de despido fueron por
sospechas de corrupción. Ocurrió, por ejemplo, en Vialidad Nacional, donde se
despidió a un ex socio de José López que tenía un cargo público.
Más allá de los causales de despido, el Ministerio de
Modernización estipuló que el 90% de los contratos no renovados se habían
incorporado a la gestión en los últimos tres años. Un tercio del total
correspondía a contratos precarios tercerizados, en su mayor parte, a través de
universidades públicas. Las bajas más significativas se dieron en el Ministerio
del Interior (1342 desvinculaciones), en Desarrollo Social (1165), en Cultura
(1124), en Salud (837) y en la cartera de Energía y Minería (702).
Según informó el ministro de Modernización, Andrés
Ibarra, toda la etapa de revisión de contratos está concluida y de acá en más
se buscará "jerarquizar el empleo público".
"Lo que queremos es terminar con la precarización
en el sector público y ya empezamos a trabajar con los gremios para mejorar la
carrera de los empleados del Estado", señaló Ibarra. Puntualizó que hay
unos 12.000 agentes estatales que llevan más de diez años con contratos
temporarios y que este año por lo menos 2500 pasarán a planta permanente.
Los despidos, en números
En la primera parte del año fueron desvinculados
10.921 empleados del Estado, pero luego 259 personas que pidieron la revisión
de su caso fueron reincorporadas. El 90% de los despedidos se habían
incorporado a la gestión pública en los últimos tres años. Un tercio eran
personas contratadas de manera tercerizada y con situación precaria, a través
de universidades nacionales.
El Gobierno relevó los casos más elocuentes de
personas que no ejercían sus funciones. Dentro de las personas que cobraban y
no se presentaban a trabajar fueron identificados 2060 casos. Como
"militancia soportada por el Estado" fueron puntualizados 1684
personas y dentro de ejemplos de "duplicación de tareas o sin
funciones", ya se puntualizaron 1632 casos.
