La Nación, 29
DE JULIO DE 2016
El 1° de diciembre de l974 el país fue conmovido por
un nuevo atentado terrorista de los muchos perpetrados en esa década. Tres
individuos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) ametrallaron a mansalva
en Tucumán el auto del capitán Humberto Viola, que transitaba con sus hijas
María Cristina y María Fernanda, de tres y cinco años, asesinando a los dos
primeros y dejando gravemente herida a la última.
Embarazada entonces de cinco meses, María Cristina
Picón de Viola, esposa y madre de las víctimas, contempló horrorizada cómo su
familia era diezmada por los terroristas.
Eran tiempos difíciles. La Argentina estaba inmersa en
un duro conflicto armado interno y sufría -cabe recordar- un ataque sistemático
contra la población civil, que amenazaba con destruir la República. María
Estela Martínez de Perón había decretado el estado de sitio, denunciando
expresamente la barbarie desatada.
Más de cuarenta años han pasado desde entonces y tan
sólo unos pocos partícipes en esos hechos de terrorismo han sido juzgados.
Una petición de la viuda del capitán Viola para que se
reabra la investigación, por considerar esos asesinatos crímenes de lesa
humanidad, fue denegada por el juez federal actuante, quien alegó que lo
sucedido no encuadraba en ese tipo penal. La Cámara Federal de Tucumán no
compartió el criterio del juez y recordó que la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) estableció que, si aparecen nuevas pruebas que puedan
permitir la determinación de los responsables de crímenes de lesa humanidad,
las investigaciones pueden efectivamente ser reabiertas. No obstante, no
dispuso reabrirlas, fundándose en que los responsables habían sido ya juzgados;
lo hizo sin advertir, lamentablemente, que el camarista Marcos Herrera, al
emitir su voto en la sentencia de condena, años atrás, había enfatizado
expresamente que muchos de los responsables no habían sido juzgados y que
tampoco lo habían sido los autores ideológicos del atentado. Al interponer el
recurso de casación, la señora de Viola identificó como autores mediatos a los
integrantes del buró político del ERP y solicitó su indagatoria.
El recurso fue rechazado, al considerar los camaristas
Cabral, Gemigniani y Figueroa que los miembros del buró político del ERP que
ordenaron asesinar al capitán Viola no tenían vinculación con ese crimen. La
Corte Suprema se negó a abrir el recurso extraordinario.
Ante lo sucedido, la viuda del capitán Viola acaba de formular
una presentación ante la CIDH. Denuncia la violación de los derechos
resguardados por los artículos 5°, 8° (garantías judiciales), 11° y 25°
(protección judicial), así como del artículo 3°, común de las Convenciones de
Ginebra de 1949. Este último establece que no se puede atentar contra civiles
inocentes en ningún tipo de conflicto armado, sea internacional o interno, un
hecho que -de producirse- configura un delito de lesa humanidad.
Sin perjuicio de que en el conocido fallo
"Tadic" el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
estableció que los actores no estatales también pueden ser autores de crímenes
de lesa humanidad, la señora de Viola aporta en su denuncia abundantes pruebas
para demostrar que el terrorismo en la Argentina fue también terrorismo de
Estado. No sólo por haber contado con el financiamiento y el apoyo del Estado
cubano, sino también por haber sido facilitado por la acción u omisión del
Estado argentino.
No debe tampoco olvidarse que, luego del ataque del
ERP al Regimiento de Azul, el presidente Juan Domingo Perón denunció que, no
por casualidad, tales hechos ocurrían en determinadas jurisdicciones, exigiendo
la inmediata renuncia de los gobernadores de las provincias de Buenos Aires y
Córdoba, Oscar Bidegain y Ricardo Obregón Cano, respectivamente.
La señora de Viola expresa que le es particularmente
doloroso formular su denuncia en momentos en que la enorme corrupción de los
gobiernos kirchneristas está saliendo a la luz. Esos gobiernos estuvieron
integrados por algunos miembros prominentes del ERP y de Montoneros,
organizaciones armadas que se arrogaron el derecho de asesinar a civiles
inocentes para construir presuntamente un mundo "más justo, solidario y
honesto".
"El ideal ha sido transformado en una farsa y ha
quedado al desnudo. Ni un peso de las enormes sumas obtenidas mediante los
secuestros extorsivos llevados a cabo por el terrorismo guerrillero en la
década del 70 fue devuelto para disminuir la pobreza y la desnutrición.
Impunes, pretenden seguir gozándolos y acrecentándolos", concluye la
señora de Viola. La palabra en este delicado tema la tiene ahora la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
