Mauricio Ortín
Informador Público, 4-7-16
Julio Poch completó cinco años de prisión preventiva y
ahora es juzgado en la mega causa ESMA II. El juez Sergio Torres dictó el auto
de procesamiento en su contra y la Cámara integrada por los jueces Irurzun y
Freiler, lo convalidó.
El expediente se inició por una denuncia de Tim Weert,
compañero de trabajo de Poch, según la cual éste le relató que habría sido
partícipe de “los vuelos de la muerte” en los que se arrojaba terroristas al
mar. Weert no afirmó categóricamente que Poch haya dicho que tuvo participación
directa sino que a él le “dio la impresión que él mismo había estado
involucrado”. Ello habría sucedido en el año 2003, mientras un grupo de pilotos
de la aerolínea holandesa Transavia cenaba en la isla de Bali. Weert presentó
la denuncia en el año 2006. En diciembre de 2008 el juez Sergio Torres viajó a
Holanda para tomar declaración a Weert.
Éste ratificó a medias sus dichos.
Declararon también otros que o, participaron en la cena o trabajaban con Poch.
Ninguno de ellos afirma que Poch se involucró como partícipe en los “vuelos de
la muerte”. Sin embargo, el solo testimonio ambiguo de Weert expresado en
holandés (un idioma extraño para el interrogador) fue suficiente para que el
juez instructor, Sergio Torres, solicitara la extradición y el procesamiento de
Julio Poch. No existe absolutamente nada más en la causa que vincule al ex
marino con el delito que se le atribuye. Es más, el mismo juez instructor
refiriéndose a dicho testimonio, sostiene: “dicha prueba testifical es una
parte muy importante de esta valoración, podría decirse que es su núcleo
central”.
El voluminoso auto de elevación a juicio, de 1130 fojas, abunda en lo
sucedido en la ESMA durante el gobierno militar y en los testimonios sobre lo
que supuestamente habría dicho Poch en esa cena. El objetivo principal del juez
pareciera que es probar que Poch, efectivamente, dijo que participó de “los
vuelos de la muerte” en lugar de probar que Poch, efectivamente, participó de
esos vuelos. Cinco años de cárcel como consecuencia de que alguien dijo lo que
supuestamente dijo, y él lo niega, constituye una atrocidad que subleva a la
razón práctica. Con similar argumento se podría meter preso y juzgar a
cualquiera. Bastaría con declarar que el teniente fulano me dijo que mató a un
subversivo y listo. Torquemada era más sutil.
Por otro lado, resulta escandaloso que los mismos
jueces federales que son capaces de actuar con la velocidad de Aquiles en las
causas de lesa humanidad contra militares diligenciaran como tortugas las miles
de denuncias por corrupción efectuadas contra los funcionarios durante
kirchnerato.
Los números son abrumadoramente elocuentes. Los militares
condenados por delitos de lesa humanidad son más de 600 y los procesados
(muchos con prisión preventiva) más de dos mil. En contraste brutal los mismos
jueces y fiscales federales no investigaron ni condenaron ni a un solo
corrupto.
Tuvieron que esperar doce largos años para que, con el cambio de gobierno,
procesaran y detuvieran a Jaime y a otros pocos. Y eso que, no en Holanda sino
aquí nomás, pruebas, y no sólo dichos de terceros, hubo y hay en notoria
abundancia. Cuesta creer que a esta persecución infame el Presidente de la
Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, la caracterice como “Política de
Estado” y, también, que el secretario de DD.HH. de la gobernadora Vidal,
Santiago Cantón, la considere ejemplo mundial.
Porque pocos actos son más viles que encarcelar a
inocentes, la ciencia del Derecho ha dedicado sus mejores esfuerzos para
sortear tamaña injusticia. El Estado argentino los ignora olímpicamente y opta
por la barbarie vengativa.
Cervantes, por intermedio del célebre personaje, dice:
“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres
dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la
tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe
aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede
venir a los hombres”.
Es evidente que, para Lorenzetti y los jueces federales
argentinos, el Manco de Lepanto ha pasado por este mundo sin que ellos se hayan
dado por enterados.
