Clarin.comiEcoEconomía10/07/16
Pese a la baja en las retenciones a las exportaciones
y a los cambios en el impuesto a las Ganancias, la presión tributaria en
Argentina sigue siendo récord. Con el 36,6% con relación al PBI, está en el
nivel más alto de la región y casi duplica el 18,5% que tenía en 2002, según
datos de la consultora Economía & Regiones. El alto peso de los impuestos
es uno de los motivos que explica que el sector privado sea menos competitivo,
lo que lleva a que se contraiga la oferta agregada y a su vez esto presione
sobre la inflación. Pero con el alto déficit fiscal se diluyen las chances de
que el Gobierno baje la carga tributaria.
Para E&R, esta “política fiscal feroz ahoga al
sector privado. La economía argentina está sumergida en una estanflación de
oferta originada en la falta de competitividad. Se produce cada vez menos, se
contrae la oferta agregada, y en consecuencia, cae el nivel de ingreso y
aumentan los precios”. En este contexto, la consultora fundada por el ministro
Rogelio Frigerio ve algunas señales positivas. “Por primera vez en casi dos
décadas, el nuevo gobierno ha decidido bajar la presión tributaria, un paso en
el sentido correcto. Pero en 2016 la carga fiscal se reduciría sólo un punto
porcentual, lo que no alcanzaría para disparar una reversión sustentable del
actual proceso de estancamiento económico”.
La presión tributaria establece qué porcentaje del PBI
se lleva el Estado en concepto de impuestos, contando el impacto de los
tributos que corresponden a la Nación, las provincias y los municipios. El
problema de este indicador es que esconde la evasión, ya que cuanta menos gente
paga, más alta es la presión sobre los cumplidores. “Para ver cuál es la
verdadera presión tributaria hay que medir cuánto termina pagando el
contribuyente. En el caso de alimentos es del 44% y en bebidas, del 50%; lo que
muestra que la presión legal termina siendo mucho más alta que lo que muestra
la recaudación”, señala Sofía Devalle, economista del Instituto Argentino de
Análisis Fiscal (IARAF). Según el Banco Mundial, el 25,3% de la economía del
país está en negro.
Para el IARAF, la presión tributaria era del 35% en
2015. “Este año se ha atenuado, pero todavía no podemos tener un número exacto
porque aún no tenemos el PBI actualizado”, explica Devalle. “La presión
tributaria es la contracara del tamaño del Estado. Si no se desacelera el
gasto, no hay margen para bajar los impuestos”.
Argentina, con el 44%, tiene el récord regional de
nivel de gasto público con relación al PBI (ver infografía). Para EyR, “se
podría financiar la baja de impuestos con ahorro internacional. Esta sería la
manera más virtuosa de utilizar el mercado de capitales. Esta baja de impuestos
debe ser complementada con una política monetaria contractiva que reduzca la
inflación”. Sin embargo, Devalle advierte que financiar el gasto con
endeudamiento “no es muy sostenible porque implica mayor presión tributaria
sobre las generaciones futuras”, apunta.
En general, el incremento de la presión tributaria a
nivel nacional se debe al impacto de la suba de precios. Por ejemplo, al
impedir que se aplique el ajuste por inflación sobre Ganancias, se genera que
más empresas y más trabajadores paguen ese tributo y que lo hagan en las
escalas más altas.
En cambio, en las provincias y en los municipios sí
hubo una suba explícita en el impuesto a los Ingresos Brutos, con incrementos
de las alícuotas y eliminación de exenciones. “El impuesto a los Ingresos
Brutos (IIBB) es sumamente distorsivo porque se calcula como un porcentaje fijo
de las ventas y no permite deducir impuestos pagados en etapas anteriores del
proceso productivo. Eso hace que tenga una efecto muy dañino”, dice Devalle.
Hoy en día IIBB es la principal fuente de recaudación propia de los gobiernos
provinciales.
Detrás de la suba de IIBB están las deficiencias en el
reparto de la coparticipación. En los últimos años aumentó el reparto
discrecional de fondos y las provincias –que a diferencia de la Nación no
podrían cubrir sus baches fiscales con la emisión de pesos por parte del Banco
Central– tuvieron que aumentar los impuestos. Devalle estima que ahora que el
Gobierno acordó con los gobernadores el reintegro del 15% que se les venía
reteniendo por coparticipación desde 1992 con el argumento de financiar a la
ANSeS, “las provincias deberían dar marcha atrás con muchas de las subas, pero
hasta ahora no hay un compromiso escrito en ese sentido”.
Miguel La Vista, especialista en impuestos del CEDEF,
agrega otro elemento para explicar por qué subió tanto la presión fiscal. “La
administración tributaria es hoy más efectiva por lo que se han reducido los
niveles de evasión. En 1992, la AFIP empezó un proceso de sistematización de la
recaudación con intercambio de datos e información. Hoy hay más gente que
contribuye y eso hace al sistema más equitativo. Hubo una política de largo
plazo que trascendió gobiernos y a esto se sumó que también los organismos de
las provincias mejoraron mucho”.
La Vista también remarca que la presión tributaria “no
debe leerse como un número absoluto, sino en función de los servicios. La
presión tributaria es una cara de la moneda; la otra cara es en qué se gasta”.
Según las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), la presión promedio en América Latina es del 21,7%, mientras
que en la eurozona es del 41%. “ Tenemos una presión tributaria de países
desarrollados, pero nuestros servicios no son de ese nivel, lo que termina
afectando la competitividad”.
Las chances de qué los impuestos bajen en el corto
plazo es escasa. “Dada la débil posición fiscal que tiene el Gobierno, no hay
mucho margen para reducir impuestos en términos netos. Hoy en día la prioridad
es el resultado fiscal”. El Gobierno se comprometió a bajar progresivamente el
rojo fiscal, pero medidas como el anuncio del pago de los retroactivos a los
jubilados ponen en duda que se pueda cumplir con esa pauta, que implica llevar
el déficit del 7% actual a 4,5% del producto en 2017. Según la Fundación
Mediterránea, la aplicación de la ley de Reparación Histórica a Jubilados
demandará $68.000 millones este año y $212.000 millones el año próximo.
Para la economista María Castiglioni, el único cambio
impositivo que veremos el año próximo será la prometida actualización de las
escalas de Ganancias. “Creemos que será un año de crecimiento y eso va a ayudar
a compensar el aumento del gasto. Lo del pago de las jubilaciones será
progresivo y es un desafío importante que no debería poner en riesgo el
cumplimiento de las metas fiscales. Hay que poner la lupa en el resto de los
gastos, especialmente en los subsidios a las tarifas y en la obra pública”.
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Presión tributaria %
Argentina 36,6
Bolivia 35,3
Brasil 31,6
Uruguay 28,4
Colombia 26,7
México 23,5
Chile 23,5
Venezuela 22,4
Paraguay 22
Perú 20,3
Gasto público
Argentina 43,9
Bolivia 41,9
Brasil 41,9
Venezuela 41
Uruguay 31,8
Colombia 29,6
México 27,6
Chile 25,8
Paraguay 24,4
Perú 22,6
