domingo, 31 de julio de 2016

EL DEBATE SOBRE LA EDAD JUBILATORIA



La Nación,  31 DE JULIO DE 2016

La cuestión de la edad jubilatoria alcanzó los medios públicos como consecuencia de las declaraciones aparentemente contradictorias de dos altos funcionarios. El titular del PAMI, Carlos Regazzoni, expresó que se puede trabajar muy bien después de los 65 años. Viniendo esas palabras de quien tiene responsabilidades en la atención de la clase pasiva, se tomó su afirmación como un proyecto oficial de extender la edad de retiro. Casi de inmediato, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, desmintió que eso estuviera bajo estudio ni que fuera un tema a tratar por la comisión que analizará posibles reformas al sistema previsional.

A partir de la contrarreforma de 2008, el sistema de jubilaciones en la Argentina ha vuelto a ser estatal y de reparto. Su factibilidad financiera está condicionada a la relación entre el número de aportantes y el de beneficiarios. Antes de la creación del sistema de capitalización, en 1995, esa relación ya tendía a ser crítica y fue justamente eso lo que motivó la reforma. El desplazamiento de los aportes al sistema privado hizo necesario que el pago de las jubilaciones y pensiones que quedaron a cargo del Estado se hiciera con recursos provenientes de otros tributos. El 15% de la masa de impuestos coparticipables fue detraído de las provincias y derivado a la Anses.

Luego de la reestatización, los aportes de todos los trabajadores formales volvieron a la Anses, al igual que los fondos acumulados con los que se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El gobierno nacional de entonces evitó disponer el retorno a las provincias de aquel 15% de los impuestos coparticipables. En realidad, los necesitaba porque el equilibrio del sistema de reparto se había agravado al empeorar la relación entre activos y pasivos. Tres provincias hicieron juicio y la Corte Suprema de Justicia sentenció en favor de ellas un mes antes del 10 de diciembre de 2015.

Días después, la ex presidenta Cristina Kirchner extendió por decreto esa sentencia al resto de las provincias para agregar otra perversa bomba de tiempo a la gestión del presidente Macri. Naturalmente, Macri desactivó esa bomba mediante otro decreto de necesidad y urgencia, pero no tuvo más remedio que negociar con las provincias una gradualidad en la devolución de la recaudación de esos impuestos. La Anses queda desfinanciada teniendo transitoriamente como salvavidas el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Debe decirse, sin embargo, que desde 2008 este Fondo fue intensamente utilizado para solventar el déficit fiscal y para financiar obras públicas de escasa o nula rentabilidad. Hoy está integrado principalmente por títulos públicos y créditos incobrables.

Los ahorros acumulados por los aportantes al sistema de capitalización que fueron confiscados, ya no respaldan su futura jubilación. Debe recordarse además que mediante dos moratorias se jubilaron alrededor de 3,5 millones de personas que no habían realizado aportes. A esto hay que agregar las obligaciones que crea la reciente ley 27.260 de Reparación Histórica de los Jubilados. El pasivo a futuro será impagable si no se hacen reformas que permitan una situación más equilibrada. Una de esas reformas es el aumento de la edad de retiro.

Hay varias circunstancias que contribuyen a hacer posible ese aumento que, como hemos visto, es necesario para lograr la solvencia del sistema. Más imperioso aún si es que la decisión es continuar con un sistema estatal de reparto. La esperanza media de vida en la Argentina ha aumentado sostenidamente. Desde 1966 hasta 2014 ha pasado de 65,8 a 76,2 años. Debe hacerse notar que es mayor en las mujeres (80,1 años) que en los hombres (72,4 años).El porcentaje de la población de más de 65 años ha evolucionado desde un 11,2% en 1966 a un 23,5% en 2014. Actualmente, la relación es de 1,13 aportantes por cada beneficiario. Es una relación insostenible ya que para equilibrar el sistema cada aportante debería entregar el 88% de su salario.


Las declaraciones de Regazzoni hicieron referencia a la capacidad de las personas para trabajar después de los 65 años. Su profesión de médico avala esa afirmación, que por otro lado está claramente demostrada por la ciencia. Por lo tanto es de toda lógica y necesidad programar un aumento de la edad jubilatoria. Naturalmente, ello debe seguir un curso racional que no aleje abruptamente la fecha de retiro de quienes están muy próximos a hacerlo. No hay motivo, además, para que no se iguale esa edad entre mujeres y varones. Este proceso debería ser muy bien explicado y expuesto ante la sociedad. No hay en esta cuestión ningún aspecto ideológico. No debiera el jefe de Gabinete renunciar a esta reforma que hoy se percibe como ineludible en el marco de una crítica situación previsional y fiscal.