con supuestos sobreprecios,
y piden allanar el ministerio de Desarrollo Social
Claudio Savoia
Clarín, 06/04/2020
La compra de alimentos por
parte del Ministerio de Desarrollo Social con valores muy superiores a los
precios de referencia de varios productos desató la polémica este lunes, y las
primeras consecuencias judiciales tardaron apenas horas en llegar. Mientras la
diputada Graciela Ocaña prepara un completo pedido de informes en la Cámara
para que el ministro Daniel Arroyo brinde explicaciones, la abogada Silvina
Martínez denunció ante la Procuración General de Investigaciones
Administrativas (PIA) los posibles delitos de malversación de caudales
públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la
administración pública. Martínez además pidió que se haga cuanto antes un
allanamiento en la sede del ministerio, "a los fines de obtener toda la
documentación necesaria a los fines del progreso de la investigación".
La denuncia recuerda que el
19 de marzo, a través de la Disposición 48/2020, se aprobó un procedimiento
complementario para agilizar la implementación práctica de los procedimientos
de selección para la contratación de bienes y servicios en el marco de la
emergencia, entre cuyos cambios centrales el Decreto 287/2020 autoriza la
contratación directa de bienes, servicios o equipamiento necesarios. Por esas
compras de aceite, arroz, azúcar, fideos y lentejas se pagó un total de 574,5
millones de pesos.
"Ahora bien, este lunes
6 de abril se publicaron en el Boletín Oficial varias resoluciones del
Ministerio de Desarrollo Social donde se autorizaba la compra masiva de
alimentos básicos para abastecer a los sectores más vulnerables en el marco de
la epidemia del coronavirus. Sin embargo, los precios que se detallaron están
hasta un 37% por encima de los incluidos en Precios Cuidados y son más altos
que los de las primeras marcas de cada categoría", advierte el escrito.
"Es el caso de las compras de aceite, azúcar y arroz. El Gobierno admitió
que pagó precios más altos por estos productos y lo justificó por la urgencia
para concretar las compras".
"Claramente no es
entendible la supuesta justificación. Basta con recorrer en forma virtual
cualquier supermercado minorista para acceder a los mismos productos a la mitad
de precio y de primeras marcas", razona la abogada Martínez en su
denuncia.
Por el aceite, el Gobierno
autorizó compras por 164 millones de pesos a las empresas Sol Ganadera,
Copacabana y Teylem, que ofrecieron precios por aceites mezcla de 1,5 litros de
$157,80, $158,67 y $166,58 para las marcas Indigo, Casaliva, Ideal y Marolio.
"En los supermercados, un aceite de girasol de primera marca, como
Cocinero, se vende a $145,79. Si se compara con los productos de Precios Cuidados,
en tanto, la diferencia es aún mayor. En la lista de precios elaborada por el
Gobierno, se encuentra los aceites con las marcas Cada Día e Ideal a un precio
de $121 cada una, también en presentación de 1,5 litros. La diferencia es de
37,6%".
Las diferencias se repiten
en el caso del azúcar -se autorizaron compras por 51 millones de pesos a las
empresas Copacabana y Alimentos Generales, productoras de la marca La Muñeca,
un 25% más caros que el azúcar Ledesma- y el arroz: la resolución adjudicó una
compra de arroz en kilo por 69 millones de pesos a las empresas Teylem,
Alimentos Generales y Copacabana, un 17% por encima de los productos de Precios
Cuidados,
También hay dudas respecto a
las compras de fideos semolados, que proveyeron las firmas Sol Ganadera, Copacabana
y Forain; y de lentejas, compradas a Copacabana, Forain y M.H. Accurso.
"En la mayoría de las
contrataciones es posible advertir sobreprecios en los pagos a los proveedores
sin justificación; sobreprecios que se terminaron abonando en las contrataciones
directas del Ministerio de Desarrollo Social. Cabe agregar que el monto
adjudicado es superior al establecido por la SIGEN, sin que se incluya en el
acto administrativo los motivos debidamente fundados que aconsejan continuar
con el trámite no obstante el mayor valor sobre el precio informado",
cierra Martínez.
La diputada de Juntos por el
Cambio desde su bloque Confianza Pública, Graciela Ocaña, se pasó el lunes
recogiendo información sobre la extraña adjudicación del ministro Arroyo, para
alimentar un pedido de informes que presentará en la Cámara. Las primeras
conclusiones de esa pesquisa reflejan que el valor promedio al que se pagó el
litro de aceite es de 158,24 pesos, mientras que el precio testigo de la SIGEN
y de la resolución 150/20 del mismo ministerio de Desarrollo Social es de
131,02 pesos, y el de los Precios Cuidados acordados por el gobierno es de 121
pesos. Una diferencia notable.
Las compañeras bonaerenses
del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados María Luján Rey, María de
las Mercedes Joury, Adriana Cáceres y Victoria Morales Gorleri también
presentaron un proeycto para pedir inforems a Arroyo, entre cuyas preguntas
emerge la más elemental: ¿Por qué no se recurrió a la modalidad de contratación
por precio tope para evitar posibles malversaciones?
Las empresas que quedaron
bajo la lupa tras haberse negado a bajar su precios a pedido del gobierno -que
terminó convalidando los valores superiores- son Forain SA, Teylem SA,
Copacabana S.A, Sol Ganadera SRL, M.H. Accurso SRL, Alimentos Generales SA. Las
dos primeras integran el llamado "Grupo L", que dirige Víctor
Lusardi, un viejo proveedor del Estado que en los últimos años fue muy cercano
al macrismo, y especialmente a la ex gobernadora María Eugenia Vidal y varios
intendentes bonaerenses de Cambiemos.
Hace tres años, Teylem y
Copacabana -que a su vez está vinculada societariamente con Alimentos
Generales- fueron denunciadas en la justicia por la supuesta compra fraudulenta
por parte del gobierno de Vidal de un lote de pan dulces que se repartieron en
la Navidad de 2016.
Hay otros detalles curiosos
en las compras del ministerio que conduce Arroyo. Ninguna de las firmas produce
fideos, por ejemplo. Tampoco hay elaboradoras de aceite.
Sólo Teylem, Copacabana y
Alimentos Generales tienen como actividad -entre otras- la "venta al por
mayor de productos alimenticios". M.H. Accurso se dedica al "cultivo
de legumbres secas" y elaboración de hortalizas, frutas y legumbres
deshidratadas: eso explicaría su oferta por las lentejas. Sol Ganadera a la
venta de ganado, carnes rojas y derivados. Nada que ver con el aceite o los
fideos.
Entre los datos que solicita
al ministro Arroyo en su pedido de infomes, la diputada Ocaña quiere saber
justamente "por qué se contrató a empresas comercializadoras y no a
entidades productoras" de los alimentos necesarios." Ese detalle
derrite muchas de las contradictorias excusas que se ensayaron desde el
gobierno para intentar explicar la cuadratura del círculo.
