en el plan que está en
marcha para liberar presos masivamente
Por Luis Beldi
Infobae, 28 de abril de 2020
En la provincia de Buenos
aires, el Servicio penitenciario está alerta. El fin de semana, los jefes
hicieron inspecciones en las unidades clave, por temor a que se desaten motines
y mandaron a agentes a recabar información. Ellos están haciendo un verdadero
trabajo de inteligencia. La mayoría cree que la paz firmada con los presos de
Devoto, penal que están en la órbita del Servicio Penitenciario Federal,
mantendrá en suspenso las rebeliones programadas en la provincia hasta el
jueves, fecha de vencimiento del acta y cuando se dará a conocer qué puntos del
acuerdo se van a cumplir.
Por de pronto y como muestra
de buena voluntad, el domingo liberaron a Francisco Ignacio Salas, que estaba
detenido en Devoto y los agentes lo custodiaron hasta su domicilio en un lote
de Capilla del Señor a la altura del kilómetro 74. Mejor llegada a casa,
imposible: auto con chofer y dos custodias, un gasto exagerado que sale de los
impuestos pero que aluden que debe hacerse así por el aislamiento.
Pero el proceso comenzó mal,
porque el acuerdo fue firmado violando una de las primicias del manual del buen
carcelero: no se debe negociar bajo presión.
No es una demanda inocente
que los encarcelados pidieran elevar el número de presos que deben cumplir
prisión domiciliaria de 1.350 a 1.600. En la diferencia incluyen homicidas
porque para ellos no cuenta el delito que cometieron, sino la vulnerabilidad al
COVID-19.
Por otra parte, hay una
curiosidad entre los firmantes del acta. El secretario de Justicia, Juan Martín
Mena, está entre los acusados en el juicio que se hará por la firma del
Memorándum con Irán y entre los delegados de los presos, hay un múltiple
homicida con cuatro asesinatos en su prontuario.
Pero esta es una parte de
una historia que se inició con la gente más allegada a Cristina Kirchner,
aunque la ex presidente no está presente ni apoya esta situación que parece no
conformarla. Una de las caras visibles es la del ex juez Eugenio Zaffaroni
vinculado a la Comisión de la Memoria que preside Roberto Cipriano García, este
último fue quien llamó públicamente a los presos “compañeros prolibertad”. Por
supuesto, los presos estrenaron sus celulares, enviando audios con la arenga de
García.
Los integrantes de la
Comisión albergan la idea de que los presos pueden ser parte de una fuerza
revolucionaria si se canaliza su violencia hacia una sociedad más justa. Los
abogados de esa organización fueron los que presentaron miles de recursos para
liberar detenidos vulnerables al COVID-19.
Los primeros logros fueron
la liberación de algunos presos por pedido de la Comisión de la Memoria. Dos de
los que consiguieron prisión domiciliaria son violadores de un chico de 8 años
y de una nena de 6 años. Los dos violadores viven cerca de los violados. Uno es
vecino y el otro está radicado a cincuenta cuadras del domicilio de su víctima.
El juez que les concedió la
liberación fue Victor Violini, un apellido que en estas circunstancias parece
una condena del destino. El hombre integra en soledad una sala de Casación, fue
oficial de policía y se recibió trabajosamente de abogado. No había alcanzado
los puntos suficientes en el examen final. Pero su adhesión al kirchnerismo le
facilitó la vida profesional y comenzó a ejercer la profesión. Es el
responsable de que los presos hayan recibido celulares que conectan a todas las
cárceles para preparar un plan de motines, si las liberaciones no llegan al
nivel que quieren, es decir a casi toda la población carcelaria.
Violini, un férreo defensor
de las libertades, no cumple con sus deberes: todavía no presentó su
declaración jurada patrimonial como lo exige la ley.
La paradoja, es que fue
ayudado en su momento por actual ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak y
ahora están en veredas opuestas porque en el gobierno bonaerense no aprueban
ninguna de sus medidas tomadas por el juez.
El otro motor es Andrea
Casamento, fundadora de la Asociación de Familiares de Detenidos de Cárceles
Federales (ADAF) que está casada con Alejo Fernández preso en Devoto y uno de
los firmantes del acta. La mujer fue premiada por su defensa de los derechos de
los detenidos.
Sus conexiones políticas
parecen infinitas según el relato que le hace a los presos, es allegada a Mena,
el secretario de Justicia, a varios intendentes de la provincia de Buenos
aires, entre ellos Pablo Zurro, el intendente de Pehuajó, un defensor de la
llegada de los médicos cubanos al país.
Casamento quiere sumar
delegados en cada cárcel y hace públicas sus relaciones con el poder. Alejandro
Alagia, que fue fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, de estrecha relación
con la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y cercano a la vicepresidente de la
Nación. Casamento es profesora en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo
que fundó Hebe de Bonafini y donde estuvo involucrado Sergio Schocklender.
Ella habría arengado a los
delegados de los penales de la provincia para que comiencen a presionar para
armar una verdadera mesa de diálogo como la del penal de Devoto, ignorando que
esa mesa ya existe oficialmente y sesionó por primera vez el miércoles 22 en la
Unidad 48 de San Martín, un establecimiento que aloja a delincuentes con penas
severas. No hubo avances en los diálogos, pero los presos saben que el Servicio
Penitenciario Bonaerense no tiene la intención de liberar a los 2.300 internos
con riesgo de contraer el Corona virus, porque 1.100 son de alta peligrosidad.
Ellos están opuestos a las decisiones individuales de Violini y las frenaron
por ahora, ya que debe consultar a un comité integrado por jueces y
funcionarios policiales y del Servicio Penitenciario bonaerense.
Por el otro lado, Violini
tiene un problema: hay jueces encarcelados que le recuerdan a diario favores
recibidos. Entre ellos, está César Melazzo detenido en Ezeiza. También le
demandan ayuda ex policías y sindicalistas. “Hay un verdadero pase de
facturas”, señaló un ex juez que no quiso ser nombrado.
Lo cierto es que la pandemia
dejó al descubierto una alianza entre los abolicionistas más puros y los que
buscan beneficios políticos y económicos. El problema más grande es que en los
juzgados de ejecución federales y de la provincia, priman los jueces
abolicionistas.
Un ex jefe penitenciario
teme que, si triunfa la asonada de los presos, haya problemas. “No olvide que
en la primera línea de fuego están los guardia cárceles que están muy
nerviosos. Luego los siguen los policías y los gendarmes y en la última línea
están los ciudadanos que pueden ser víctimas de los homicidas y de los ladrones
liberados”.
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Podemos agregar, que en la Argentina existen al día de la fecha, 40.239 prófugos, según información oficial.
Fuente: Sistema Nacional de Rebeldías y Capturas
