envalentonó al
fiscal-puntero Senestrari
El
agente que pidió que cayera el Gobierno de Macri no desaprovecha oportunidades
para dar señales de su albertismo
Alfil, 3 abril, 2020
Por María del Pilar Viqueira
La dramática situación
sanitaria y económica que atraviesa el país no impide que Eugenio Zaffaroni
siga haciendo mandados. Ya acudió en defensa de uno de los delincuentes de alta
gama que operó durante el kirchnerismo: Amado Boudou.
Cabe recordar que hace un
año el ex supremo fue admitido como “amigo del tribunal” en el proceso de
apelación de las condenas dictadas en la causa Ciccone, que se tramitó ante la
Cámara Federal de Casación Penal, sin éxito.
Recientemente, en cuanto se
detectaron los primeros casos positivos de Covid-19 en el país, en el marco del
temor por la posible propagación del virus en cárceles, Boudou tomó la
delantera para intentar capitalizar la crisis y le pidió a la Corte Suprema que
lo libere.
La
Máxima Instancia se negó a tratar el reclamo del condenado por cohecho pasivo y
negociaciones incompatibles y Zaffaroni ya emitió su propia sentencia. Le
atribuyó el decisorio al presidente del Tribunal, Carlos Rosenkrantz, y lo
sindicó como “la voz de Clarín” que “le pega a Boudou por hacer desaparecer la
jubilación privada».
El gurú de Justicia Legítima
y alcahuete consolidado de Cristina Fernández de Kirchner no desperdició la
oportunidad para sumar puntos con Alberto Fernández, que a diferencia de varios
mandatarios provinciales y comunales se resiste a recortar los suculentos
ingresos de los funcionarios del PEN.
Zaffaroni defendió la
integridad de los sueldos del sector y opinó que los pedidos para que la clase
política contribuya económicamente son demagógicos. “Son cifras
insignificantes», disparó.
Paralelamente, respaldó la
batería de medidas que dictó el presidente para contener la pandemia. “Es
correcto lo que dice Alberto Fernández de que la economía se vuelve y de la
muerte no”, manifestó el abolicionista.
En tanto, cuestionó los
despidos y, una vez más, ejercitó su conocida doble vara, al estimar que
todavía no hay una masa de poder político para avanzar con impuestos
extraordinarios para los “sectores más privilegiados que “en momentos de crisis
tienen que ceder algo”. Para Zaffaroni, claro está, hay ricos buenos (políticos)
y ricos malos (empresarios).
Desde que asumió como juez
en la CIDH Zaffaroni se entromete en asuntos de política interna.
Usina
de Justicia, la ONG fundada por la filósofa Diana Cohen Agrest, lo cuestiona
duramente. En un comunicado que emitió a principios de 2018, cuando el ex
cortesano vaticinó que Mauricio Macri “no llegaba a 2019”, el grupo sacó la
munición gruesa y remarcó que aunque se supone que la corte regional es integrada
por juristas con “alta autoridad moral” y con “reconocida competencia en
materia de derechos humanos”, ese no es el caso de Zaffaroni.
Así, recordó que actuó como
juez penal nombrado por dos dictaduras militares, por cuyos estatutos juró, y
que jamás otorgó hábeas corpus que hubiesen permitido salvar vidas.
El fiscal Marcelo Romero
hizo lo propio. En una carta abierta, criticó varios fallos de Zaffaroni y
definió a sus teorías como “pseudo doctrinas berretas que han perturbado
severamente el juicio crítico de los funcionarios que deben impartir Justicia”.
En
tanto, el abogado de Andrés Rosle, especializado en Oxford y profesor de
Filosofía del Derecho en la UBA, difundió en su blog un artículo en el cual
manifestó que Zaffaroni es un “punitivista selectivo” que “cree en los derechos
humanos, pero no de todos los seres humanos”.
En esa línea, denunció que
aunque Zaffaroni dedicó gran parte de su obra a criticar el derecho penal del
enemigo no tuvo empacho en utilizarlo en contra de encausados por delitos de lesa
que intentaron estudiar en el programa UBA XXI. “Preparó un documento con el
cual la UBA trató de justificar jurídicamente el rechazo al ingreso con
argumentaciones que, en el mejor de los casos, eran políticas”, precisó
también.
La reaparición de Zaffaroni
envalentonó al fiscal federal cordobés Enrique Senestrari, tristemente célebre
por su deslucido desempeño funcional y por sus imprudentes declaraciones de
alto voltaje político y partidario.
Su falta de mesura y decoro
son moneda corriente. Devoto militante de Fernández de Kirchner y feroz
detractor de Macri, el integrante de Justicia Legítima se parece cada vez más a
un puntero.
A fines de febrero, cuando a
falta de plan de reforma de la Justicia el Gobierno nacional instaló la épica
del privilegio con su iniciativa sobre jubilaciones, Senestrari dio sus
primeros pasos como albertista.
Sin un proyecto para
modificar y, en su caso, mejorar el servicio del Poder Judicial, y con vagos
argumentos para justificar el ajuste a la clase pasiva, el oficialismo instaló
una nueva narrativa y Senestrari la propaló. Apoyó la reforma e, incluso, se prestó
al circo de mostrar su recibo de sueldo, arengando a sus colegas a “no estar
por fuera de las decisiones que se toman y afectan al resto del pueblo”.
Ahora,
el fiscal aprovechó los cacerolazos de ciudadanos que ruegan que la política
aporte económicamente para paliar las consecuencias del día después de la
cuarentena para enviar señales de lealtad al albertismo: lanzó una convocatoria
en Facebook para “cacerolear todos los días a las 21” hasta que los empresarios
que tienen cuentas off shore “traigan la plata al país”.
Un nuevo desatino en la
carrera de un agente que debe varias explicaciones; entre otras, por audios con
colaboradores en el marco del expediente “Osecac”.
En noviembre de 2019 se
reactivó la pesquisa por la filtración de grabaciones en las cuales parece
estar en ayunas sobre imputaciones y medios de prueba y se refiere
despectivamente a un periodista especializado que escribió artículos críticos.
“Que P. se la trague”, espeta Senestrari.
